Argelia.- Amnistía pide que el próximo presidente de Argelia ponga fin a la impunidad por los abusos de los años noventa

La organización denuncia los homicidios, secuestros y desapariciones por parte de los grupos islámicos y de las fuerzas gubernamentales LONDRES, 30 (EUROPA PRESS) Amnistía Internacional (AI) pidió hoy que el presidente que surja de las próximas elecciones argelinas, previstas para dentro de diez días, ponga fin a la impunidad reinante en relación con las violaciones de Derechos Humanos cometidos durante el conflicto interno de los años noventa y recuerde a las "miles de víctimas a las que las autoridades han dado la espalda". "El próximo presidente de Argelia debe aprovechar la oportunidad que ofrece un nuevo mandato para ocuparse de la impunidad reinante desde la década de 1990", afirmó el director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África, Philip Luther. "Cómo puede haber una verdadera reconciliación nacional si las autoridades aún no han establecido la verdad sobre los crímenes pasados y presentes ni han ofrecido justicia a las víctimas?", añadió. En un nuevo informe presentado hoy y titulado 'Un legado de impunidad: una amenaza para el futuro de Argelia', Amnistía Internacional denuncia que las autoridades no han investigado los abusos contra los Derechos Humanos cometidos en el pasado y el presente y condena "la impunidad otorgada a miembros de los servicios de seguridad y de los grupos armados". Según las autoridades argelinas, hasta 200.000 personas fueron víctimas de homicidio durante el conflicto que vivió el país en la década de 1990, cuando las fuerzas gubernamentales se enfrentaron a los grupos armados islámicos tras cancelarse las elecciones legislativas de 1992, que con toda seguridad iba a ganar el Frente Islámico de Salvación. En ese periodo, según AI, los grupos armados cometieron homicidios, secuestros, torturas y violaciones de civiles. Por su parte, prosiguió, las fuerzas de seguridad y las milicias armadas por el Estado fueron responsables de desapariciones forzadas, mataron a miembros de grupos armados o a personas sospechosas de pertenecer a ellos y detuvieron en secreto y torturaron a otras personas. Las autoridades niegan que hubieran cometido violaciones generalizadas de Derechos Humanos. LEYES DE AMNISTÍA Las leyes de amnistía introducidas y promovidas por el presidente Abdelaziz Bouteflika, en el poder desde 1999, han impedido que víctimas y sus familias hayan obtenido verdad, justicia y reparación, según AI. La mayoría de los crímenes que se cometieron durante el conflicto nunca se han investigado, y los responsables nunca han comparecido ante la justicia, denunció la organización. "Las amnistías generalizadas otorgadas sucesivamente a grupos armados y posteriormente a miembros de los servicios de seguridad suponen infligir una nueva herida a las víctimas y a sus familias", afirmó Philip Luther. "En vez de conceder impunidad a los perpetradores, alentando así la comisión de nuevos abusos, las autoridades deben devolver la dignidad a las víctimas transmitiendo el firme mensaje de que no volverán a tolerarse estos crímenes", agregó. Según el informe de AI, las autoridades están haciendo lo posible por borrar los recuerdos del conflicto interno sin ocuparse de sus consecuencias en las víctimas ni de la situación general de los Derechos Humanos, e impidiendo el debate y las críticas. "La legislación promulgada en 2006 silencia a quienes critican la actuación de las autoridades durante el conflicto interno, al establecer penas de hasta cinco años de prisión", lamentó AI. "Pese a ello, activistas y familias de las víctimas, corriendo a veces peligro de sufrir acoso, han pedido abiertamente que se investiguen los abusos contra los Derechos Humanos y que los responsables comparezcan ante la justicia", manifestó la organización. Al respecto, Amnistía cita el ejemplo de Louisa Saker, que no ha sabido nada de su esposo desde que fue detenido en 1994 y que en 2008 fue declarada culpable de participar en una marcha no autorizada porque se manifestaba con familias de personas desaparecidas en la ciudad nororiental de Constantina. Aún así, está decidida a continuar su lucha para descubrir la verdad sobre lo que le ocurrió a su esposo. "Mientras se continúe pasando por alto la terrible experiencia que han sufrido, las familias de víctimas de desaparición forzada no podrán llorar su pérdida ni cerrar esa etapa de duelo", manifestó Philip Luther. "Reciben presiones para que acepten certificados de defunción y ayuda económica, cuando lo que piden es verdad y justicia", denunció. Según Amnistía, las autoridades argelinas "están repitiendo ahora el mismo argumento sobre la lucha contra el terrorismo y las amenazas a la seguridad que utilizaron durante el conflicto interno para justificar las persistentes violaciones de Derechos Humanos". Las fuerzas de seguridad, especialmente el Departamento de Información y Seguridad (DRS), "continúan deteniendo a sospechosos de terrorismo, manteniéndolos recluidos en secreto y en régimen de incomunicación, a veces durante semanas o incluso meses, y sometiéndolos a tortura y juicios injustos en un clima de impunidad casi total", aseguró la organización. Al respecto, Amnistía Internacional recordó a las autoridades argelinas "que los homicidios de civiles por parte de Al Qaeda en el Magreb islámico, que la organización condena sin reservas, no deben utilizarse para justificar violaciones de Derechos Humanos en el contexto de la lucha contra el terrorismo". RECOMENDACIONES AL FUTURO PRESIDENTE En el informe, Amnistía Internacional recomienda al próximo presidente que revoque las leyes que consolidan la impunidad y benefician a los responsables de abusos contra los Derechos Humanos, y garantice que ninguna persona goza de inmunidad frente al procesamiento. Asimismo, pide al futuro mandatario que aclare la suerte que han corrido las víctimas de desapariciones forzadas y ofrezca a sus familias un recurso efectivo. También le insta a garantizar que no se condiciona el apoyo económico a las víctimas de desapariciones forzadas a que presenten un certificado de defunción. Por último, Amnistía solicite que el próximo presidente modifique las leyes que restringen la libertad de expresión y amenazan con la cárcel a las personas críticas con la actuación de las fuerzas de seguridad, y que garantice que familias y activistas pueden reclamar verdad, justicia y reparación.