Fiscalía pide archivar la causa sobre el ataque israelí contra Gaza porque ya lo investiga el Estado hebreo

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó hoy el archivo provisional de la causa iniciada contra siete responsables militares de Israel, entre ellos el ex ministro de Defensa Benjamin Ben-Eliezer, por un bombardeo perpetrado por el Ejército hebreo en un barrio de la Franja de Gaza el 22 de julio de 2002 en el que murieron 14 civiles, al considerar que Estado de Israel ya está investigando los hechos.

En un escrito de 28 páginas el Ministerio Público considera que España no puede actuar como "una tercera instancia penal", informaron fuentes fiscales. Así, señala que el ataque ha sido objeto de una triple revisión, efectuada por el Fiscal General Militar, el Fiscal General del Estado de Israel, y el Tribunal Supremo.

Los dos órganos de la Fiscalía --dice el escrito-- "rechazaron las peticiones de investigación del caso, estimando que en la actuación de las Fuerzas Aéreas israelíes se habían respetado los principios de distinción y proporcionalidad".

En cuanto a la investigación del Tribunal Supremo, el fiscal destaca que "actualmente se encuentra pendiente de decisión" por parte del alto tribunal, que está a la espera del criterio que plantee una Comisión de Investigación creada al efecto, "una vez practique ésta las indagaciones necesarias para el completo esclarecimiento de los hechos.

No obstante, la afirmación del Ministerio Fiscal contradice la decisión del juez encargado de la causa, Fernando Andreu, que dio continuidad en febrero a la instrucción al considerar que el caso había sido archivado por el alto tribunal israelí que, tras recibir el mencionado dictamen de la Comisión, resolvió que la acción tuvo un carácter preventivo y los daños colaterales provocados estaban justificados.

En todo caso, fuentes fiscales precisaron que la investigación israelí debe prevalecer al margen de su resultado --archivo o condena-- dado que decidir sobre la validez de las decisiones judiciales del Estado Hebreo no sería competencia de la Audiencia Nacional sino en todo caso del Tribunal Penal Internacional.

La Fiscalía sostiene que la investigación llevada a cabo por las autoridades competentes de Israel, con independencia de cúal sea su resultado final, responde "a los cánones mínimamente exigibles en un Estado de Derecho". Explica que las autoridades judiciales israelíes han adoptado en este caso "decisiones que satisfacen plenamente, desde la perspectiva constitucional, las exigencias derivadas de la aplicación del derecho a la tutela judicial efectiva por una justicia independiente e imparcial".

Además, el Ministerio Público considera en su escrito que el juez Andreu "omite el más mínimo análisis" de una cuestión "no menos importante", en referencia a la prevalencia de la jurisdicción de los tribunales del lugar en el que se cometió el delito sobre la jurisdicción universal, en la que se sustentaría la competencia de la Audiencia Nacional.

SIETE ACUSADOS

El magistrado, que admitió a trámite la querella el 21 de enero, imputa indiciariamente a los siete acusados un delito contra la humanidad. Andreu asumió la competencia de la causa en función de lo señalado en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regula que España puede investigar el genocidio, el terrorismo y los delitos contra las personas cometidos en conflictos armados, bien se sucedan en su territorio o fuera de él.

La querella, que fue presentada por el Centro Palestino para los Derechos Humanos en representación de seis familiares de los palestinos asesinados, involucraba también en los hechos al entonces primer ministro de Israel Ariel Sharon, en coma profundo desde el año 2005.

Concretamente, la Audiencia Nacional investiga, además de al ex ministro de Defensa Ben-Eliezer, al comandante de las Fuerzas Aéreas israelíes en el momento de los hechos Dan Halutz; al general encargado del mando Sur de las Fuerzas de Defensa israelíes, Doron Almog; al presidente del Consejo Nacional de Seguridad y asesor nacional de seguridad, Giora Eiland; al secretario militar del ministro de Defensa, Michael Herzog; al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel Moshe Ya'Alon y al director del servicio general del seguridad, Abraham Dichter.

El ataque se produjo contra el barrio de Al Daraj de la ciudad de Gaza cerca de las doce de las noche. Un avión de combate F-16 lanzó una bomba de una tonelada contra la casa de Salah Shehadeh, sospechoso de ser uno de los comandantes de Hamás, con el objetivo de asesinarlo. La vivienda fue alcanzada directamente por la bomba "en una de los lugares residenciales de mayor densidad de población del mundo" --sólo en la Franja viven un millón y medio de personas--, explica el juez en su auto, hecho público hoy.

La casa se encontraba a menos de dos metros de la de la familia Mattar lo que provocó que esta vivienda también fuese destruida y que siete miembros de sus miembros resultaran muertos tras el ataque. Como consecuencia de la explosión, murieron un total de 15 personas, la mayoría niños y bebés, 150 fueron heridas, ocho casas de los alrededores fueron destruidas, nueve recibieron daños de gravedad y 21 daños moderados.

"ATAQUE DESPROPORCIONADO"

El juez Andreu calificó aquel ataque como "claramente desproporcionado y excesivo" y advierte de que si en el curso de la investigación, las pruebas demuestran que la acción respondía a "una estrategia preconcebida o predeterminada" por parte de Israel, la Justicia española podría calificar los hechos de una forma "más grave de la que inicialmente puede considerarse".