"Con este acuerdo se defienden una vez más los intereses del país y el pueblo panameño", dijo Varela, quien calificó lo pactado como un "gran logro para el Estado y para este gobierno".
El acuerdo guarda relación con tres contratos firmados con Selex, Agusta Westland y Telespazio, todas filiales de Finmeccanica.
Los contratos fueron de 90,5 millones de euros con Selex por una veintena de radares, 76,9 millones con Agusta Westland por seis helicópteros y 15,7 millones con Telespazio por un sistema de cartografía digital.
Todos los contratos, firmados durante el pasado gobierno panameño de Ricardo Martinelli (2009-2014), obedecían a un acuerdo de 2010 entre Italia y Panamá para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Sin embargo, el actual gobierno de Varela demandó ante la Corte Suprema de Justicia de Panamá los contratos con Selex y Telespazio por considerarlos lesivos para el Estado panameño por presuntos sobrecostos y sospechas de que buscaban beneficiar ocultamente a Martinelli a través de supuestas comisiones, según las demandas.
El gobierno panameño considera ahora que el acuerdo con Finmeccanica evitará prolongados y costosos procesos judiciales.
Tras el acuerdo Panamá queda libre de pagar a Selex 38,8 millones de euros y recibirá un crédito de 29 millones de euros para comprar equipos al conglomerado italiano.
El acuerdo, incluye además la aceptación de los seis helicópteros, una nueva negociación por el mapa digital y la colaboración de ambas partes con los procesos penales que se adelantan en Panamá e Italia por estos contratos.
El contrato establece también que Finmeccanica donará a Panamá un helicóptero ambulancia de 8 millones de euros por comisiones que aparecen en el contrato, que según la compañía italiana no fueron pagadas.
Las compras hechas a Finmeccanica desataron uno de los mayores escándalos del gobierno de Martinelli, ya que fueron realizadas con la mediación del empresario italiano Valter Lavítola, condenado en su país por corrupción internacional.
El propio Martinelli, quien está fuera de Panamá desde hace más de un año y sobre el que pesa una orden de detención, acumula una decena de investigaciones en la Corte por casos de corrupción.
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