Morales identifica al supuesto agente infiltrado de la CIA en la petrolera estatal

  • La Paz, 24 feb (EFE).- El presidente de Bolivia, Evo Morales, identificó hoy al capitán de policía Abraham Ramiro Carrasco como el "agente infiltrado" de la CIA en la petrolera estatal YPFB, que fue intervenida el mes pasado por un escándalo de corrupción.

Morales identifica al supuesto agente infiltrado de la CIA en la petrolera estatal

Morales identifica al supuesto agente infiltrado de la CIA en la petrolera estatal

La Paz, 24 feb (EFE).- El presidente de Bolivia, Evo Morales, identificó hoy al capitán de policía Abraham Ramiro Carrasco como el "agente infiltrado" de la CIA en la petrolera estatal YPFB, que fue intervenida el mes pasado por un escándalo de corrupción.

En la retransmisión de un programa de radio comunitaria, Morales explicó que Carrasco, que fue despedido de YPFB tras conocerse esa trama de corrupción cuando fue descubierto destruyendo documentos confidenciales, se entrenó en Estados Unidos y fue "asesor para implementar seguridad física en campamentos petroleros en Irak".

El mandatario ya había denunciado este sábado que la CIA estaba infiltrada en la petrolera estatal, que fue intervenida el mes pasado por un escándalo de corrupción que involucra a su antiguo presidente Santos Ramírez, ahora encarcelado.

En su intervención radiofónica detalló la carrera profesional de Carrasco, que incluye varios programas de formación y entrenamiento en EE.UU. entre 1990 y 2004, y cursos en otros países, pero financiados por Washington.

Asimismo, aseguró que el "agente infiltrado" se empleó en empresas agropecuarias e instituciones del oriente boliviano opuestas a su Ejecutivo y en la embajada de Estados Unidos en el país, y que estaba "encubierto por los Gobiernos neoliberales".

"Yo dije que había una gran infiltración de la CIA y quiero que el pueblo sepa qué infiltración había en el YPFB", afirmó el presidente, quien definió a Carrasco como "un policía formado, entrenado, contratado, amparado y comprado" por esta agencia estadounidense.

Agregó que el capitán de policía puede ser "altamente peligroso cuando se ve su capacidad para realizar operaciones encubiertas, infiltración, sabotaje y control político".

Según Morales, él mismo puso en duda la contratación de Carrasco como gerente nacional de Comercialización de la petrolera estatal y dijo que instó al ex presidente del YPFB a despedir a este y a otros funcionarios en varias ocasiones.

No obstante, explicó que sólo después de ser expulsado se dieron cuenta de que "era un gran impostor" que falsificó papeles sobre su titulación para entrar en la petrolera estatal.

Morales lamentó que su "compañero" Santos Ramírez, cayera en la supuesta "trampa" tendida por Carrasco, pero insistió en que "la justicia debe juzgar igual a todos", con independencia de que sean de su Gobierno o de la CIA.

El líder indígena ha acusado varias veces a las agencias de cooperación y de lucha contra el narcotráfico de Estados Unidos de haber tenido alianzas con la oposición boliviana para derrocarlo en septiembre de 2008, cuando hubo una ola de protestas opositoras.

El pasado 31 de enero el gobernante manifestaba "su complacencia" al concretarse la salida de Bolivia de los 36 agentes de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), cuya expulsión decidió el Gobierno boliviano el 1 de noviembre.

La investigación en YPFB comenzó después del asesinato a fines de enero del empresario petrolero boliviano Jorge O'Connor, que el año pasado firmó un contrato de 86 millones de dólares para construir una planta de procesamiento de gas.

O'Connor fue asesinado cuando estaba a punto de entrar en la casa de unos familiares de la esposa de Santos Ramírez con 450.000 dólares en efectivo que, según la oposición y la Fiscalía, eran para pagar una "comisión ilegal" al ahora ex presidente de YPFB por la adjudicación del contrato.

Las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos se encuentran en uno de sus peores momentos desde que en septiembre pasado Morales expulsó al embajador de ese país, Philip Goldberg, decisión que fue replicada con la misma medida contra el embajador boliviano Gustavo Guzmán.