Empresas contratistas de VPO de la fundación vinculada a la CEA valoran que les den la razón con el informe concursal

Fuentes de los contratistas y suministradores denunciantes en el caso de la promoción de viviendas Isbylia han recordado a Europa Press que "siempre" han estado "empeñados en que se supiera la verdad", y en su afán de que se hiciera justicia, se congratulan de que se les de la razón en sus reivindicaciones con las ultimas noticias aparecidas con el informe de calificación del concurso de la fundación.

Por otro lado, han agradecido a la UDEF (Unidad de Delitos Económicos de Sevilla) de la Policía Nacional el "ingente" trabajo desarrollado y la "perseverancia" en el esclarecimiento de los hechos "poniendo negro sobre blanco los verdaderas tramas societarias".

Las fuentes han recordado que el 24 de julio de 2017 la administración concursal formada por el abogado Jesús Borjabad y el economista Antonio Moreno ha presentado escrito ante el Juzgado Mercantil número 2 de Sevilla, que entendía del concurso necesario solicitado por la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria) contra la FDSE (Fundación Para el Desarrollo del Sur de Europa), declarando el concurso de la fundación como "concurso culpable", acordando su traslado al Ministerio Fiscal para la emisión de dictamen, haciendo una relación de las personas afectadas por la calificación para que dicte sentencia.

Las fuentes han recordado que los administradores concursales solicitan para Juan Salas la condena a inhabilitación y a restituir a la concursada en el 23,23 por ciento del déficit patrimonial, esto es, 1.755.188,31 euros. Para el actual secretario general de la CEA, Antonio Carrillo, solicitan inhabilitación y a restituir a la concursada en un 38,38 por ciento, lo que se traduce en 2.899.876,35 euros.

Para el expresidente de la CEA Santiago Herrero solicitan inhabilitación y restituir a la concursada en un 38,38 por ciento, esto es, 2.899.876,35 euros; mientras que a la mercantil Dolmen Consulting Inmobiliario SL y en su representación a Antonio González Lara a indemnizar a la masa concursal la cantidad de 15.109.376,16 euros.

La FDSE fue constituida por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) el 18 de abril de 2.005 con una dotación inicial de 107.2503,03 euros de los que solo se desembolsaron 37.563,23 euros.

Por acuerdo de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla en diciembre de 2006 se resolvió el concurso para la adjudicación de tres parcelas en el Polígono Aeropuerto donde se construirían 583 Viviendas VPO. Las parcelas fueron adjudicadas a la FDSE y se autorizó el contrato de compraventa de las mismas.El 10 de enero de 2007 la FDSE contrató a Dolmen para el control y dirección técnica de la promoción inmobiliaria Isbylia.

Dolmen subcontrató las obras con otras dos empresas de la construcción, como Gestión y Servicios CYR SL y Dosevi SL, empresas que "pertenecían al entramado societario de Dolmen".

Según el informe emitido por la consultora Forest & Partner, "septiembre de 2008 Dolmen estaba sumida en una grave crisis financiera, pero la fundación de la CEA decidió dar amplios poderes a Antonio González Lara para la gestión de los recursos aportados".

"El resultado tras nueve años de obras y litigios es un desfase entre lo recibido y lo empleado en la realización material de las obras, es decir, Dolmen desvía 14 millones de euros para otros fines distintos de la construcción de las viviendas", se lamentan los proveedores, quienes han lamentado que, "como consecuencia de ello, la mayoría de las empresas y proveedores que realizaron los trabajos no cobraron, a pesar de que CajaMadrid había librado las cantidades necesarias para su pago".

Ante esto, se interpusieron varias demandas, una de ellas firmada por contratistas y proveedores que se habían visto "estafados" por Dolmen. Éstos denunciaban a la CEA y a Dolmen de "haberse quedado con el dinero de CajaMadrid, haberlos contratado y no haber pagado el trabajo hecho".

Han apuntado que "esto es lo que ha quedado de manifiesto tras el minucioso estudio realizado por los administradores concursales".

Ha lamentado que inicialmente el fiscal delegado de Delitos Económicos "de modo incomprensible obvió el informe de Forest & Partnet donde se evidenciaba el desvío malicioso de sumas de dinero a otros fines distintos del pago de las obras y emitió un informe en el que decía que, respecto a la promoción de VPO, 'no ha quedado acreditado, en absoluto, ni siquiera del informe que acompaña la denuncia, que por parte de la fundación se empleara el crédito obtenido de CajaMadrid en algo distinto a la construcción de los inmuebles de la promoción'". Alegaba que "una fase de la promoción estaba ya concluida y entregada y en las otras dos, la ejecución superaba el 90 por ciento".

La juez hizo suyos estos argumentos y emitió auto de archivo, de forma que "dio carpetazo al asunto y emplazó a los afectados a que recurrieran en la vía civil y mercantil para obtener compensación económica".

Las empresas afectadas han apuntado que "por cada promoción acordada, Dolmen creaba una sociedad vinculada a la matriz" y han añadido que funcionaba "como una empresa piramidal", toda vez que "mientras iban obteniendo créditos para nuevas promociones iban pagando a proveedores y contratistas", de manera que "de estos créditos se iban detrayendo cantidades sin justificar, que se compensaban con nuevos créditos".

De esta forma, "al llegar la crisis y a la vista de que los bancos iban a endurecer las condiciones, Dolmen intenta salvar los muebles pagando precipitadamente la mayor parte de la deuda con las entidades financieras, y todo a costa de los proveedores y contratistas que han hecho el trabajo y no han cobrado nada de lo ejecutado".

Han apuntado que, paralelamente a la promoción de Sevilla Este, el Grupo Dolmen "estaba realizando otras cinco promociones en la provincia de Huelva, y donde la operativa era la misma que en Isbylia, solo que en este caso la entidad que financiaba el proyecto era La Caixa".

Los proveedores han apuntado que Dolmen "acumulaba una deuda con CaixaBank de 42.661.790,24 euros, ante lo que esta entidad asume la administración de las promotoras vinculadas a Dolmen y convence a los contratistas para que continúen trabajando y no abandonen unas obras que se encontraban al 30 por ciento, prometiéndoles que cobrarían".

Las fuentes han lamentado que "inesperadamente, cuando los contratistas han hecho su trabajo y, a falta de unas pequeñas obras de urbanización, CaixaBank abandona el proyecto, suspende las obras, por tanto, éstas no se entregan y no se obtienen ayudas estatales, por lo que las contratistas han realizado su trabajo, no han cobrado, La Caixa se ha enriquecido con unas obras terminadas y por las que solo ha pagado un 50 por ciento".

Los contratistas han indicado que "toda esta macroestafa ha sido igualmente denunciada y se encuentra en el Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, que encomendó la investigación a la UDEF, quienes llevan presentados cinco atestados en los dos últimos años en los que ponen de manifiesto que los hechos "encajan de lleno con tipos delictivos como administración desleal o estafa, amén de otros delitos".

En este momento se está a la espera del informe del fiscal delegado de delitos económicos que esperan que "tenga en cuenta los informes de los organismos estatales y de la administración concursal".