La Infanta inaugura el 11 de enero el desfile de los juicios por corrupción

El 2016 tendrá como protagonista a los grandes juicios que llevan años investigándose en España. Así, este año arrancará con el inicio, el próximo 11 de enero, del proceso del caso Nóos, en cuyas pesquisas se volcó el juez José Castro desde principios de 2010.

Hasta 18 acusados se sentarán en el banquillo y, entre ellos, la Infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, como principales procesados en el marco de una vista oral que, de no producirse un pacto inicial con las acusaciones, prevé prolongarse hasta el 30 de junio.

Seis meses durante los cuales será objeto de juicio el presunto desvío de 6,2 millones de euros públicos de los que se habrían apoderado tanto Urdangarin como su exsocio Diego Torres, a través de una compleja maraña de empresas ficticias con el Instituto Nóos como epicentro de la trama. La Fiscalía Anticorrupción reclama más de cien años de cárcel para catorce de los acusados, 19 y medio de ellos para el marido de la Infanta y 16 y medio para Torres.

Por su parte, la hermana del Rey Felipe VI se enfrenta a una petición de ocho años de prisión como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, una solicitud que formula el sindicato Manos Limpias, única acusación del proceso que ejerce acciones penales contra Cristina de Borbón.

La vista oral prevé generar además una masiva expectación mediática: hasta 590 periodistas, técnicos y gráficos así como 84 medios de comunicación de ámbito nacional e internacional se han acreditado para dar cobertura al macrojuicio.

Asimismo, está previsto que declaren un total de 363 testigos, entre quienes se encuentran el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el exalcalde y expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, su homólogo en la Generalitat Valenciana Francisco Camps, y exaltos cargos de Zarzuela como Carlos García Revenga y Alberto Aza. También fue propuesta la comparecencia de Felipe VI por parte de Torres, si bien el tribunal encargado de juzgar la causa respondió que por Ley no está obligado a declarar.

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Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar como investigados por un delito continuado de blanqueo de capitales al expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol Soley y su mujer Marta Ferrusola Llados para el próximo 10 de febrero, tras aceptar la investigación de un juzgado de Barcelona sobre la fortuna oculta en Andorra que vinculaban a la herencia del abuelo Florenci. Se estima que han podido defraudar más de 500 millones de euros.

El magistrado ha dictado trece autos en los que da un impulso a la causa en la que investigaba el origen del patrimonio del primogénito de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola y en la que mantenía imputados a sus hermanos Pere y Josep, al considerar que el conjunto de la familia ha venido "orquestando durante años una estrategia compartida y coordinada para desarrollar distintos negocios económicos, generar réditos, ocultarlos y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos para conseguir el lavado de los activos conseguidos".

Según señala, la pareja utilizó un entramado societario bajo la cobertura de "contratos simulados y facturas falsas" y sus cuentas recibieron traspasos de dinero que en algunos casos han sido identificados con personas que desarrollan una labor empresarial entroncada con el sector público en Cataluña".

Además, el juez cree que el hijo mayor de los Pujol distribuyó parte de los fondos entre sus hermanos Oleguer, Oriol, Josep, Pere, Mireia y Marta y se los hizo llegar a su madre en cantidades iguales o similares y generalmente en momentos coincidentes con ingresos de origen desconocido a sus cuentas.Caso 3 por ciento de CDC

En Cataluña, concretamente en Tarragona, seguirá la instrucción del caso de las comisiones del 3 por ciento de CDC, que ha movido más de 1.800 millones de euros, y en el que se encuentra, como pieza separada, el anteriormente citado caso Pujol.

El caso se remonta al 24 de febrero de 2005, cuando el entonces president de la Generalitat, Pascual Maragall, denunció en el Parlamento que Convergencia i Unió (CiU) se quedaba con comisiones del tres por ciento a cambio de la adjudicación de obras públicas y así financiaba el partido.

Por otro lado, en 2009 estalló el caso Palau, también relacionado con supuestas comisiones ilegales que iban a parar a la financiación del partido. En concreto, se investigaba si CDC cobró comisiones de Ferrovial a cambio de obras públicas a través del Palau de la Música.

También, en agosto de este año una nueva operación relacionada con supuestas comisiones ilegales saltó a la palestra: la Operación Petrum, en la se investiga el supuesto pago de comisiones de la constructora Teyco al partido a cambio de contrataciones de obras públicas.Caso Gürtel

Se esperaba que 2016 sería también el año del juicio de Gürtel, pero fuentes jurídicas consultadas posponen por ahora esa vista a principios de 2017, a no ser que antes se pongan magistrados de refuerzo o se suspendan juicios anteriores en la sección segunda de la Audiencia Nacional.

En cuanto se fije una fecha serán 42 los imputados que se sentarán en el banquillo acusados de más de 11 delitos como prevaricaicón o malversación de fondos, por una trama de corrupción que, se estima, que ha movido más de 120 millones de euros.

La investigación de la Gurtel comenzó cuando José Luis Peñas, exconcejal del Partido Popular en el ayuntamiento de Majadahonda y amigo de Francisco Correa desde 2001 hasta 2008, presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción el día 6 de noviembre de 2007, tras haber recibido más de 260.000 euros de la trama corrupta.

Aportó como pruebas grabaciones ocultas realizadas en reuniones con personas como Isabel Jordán, administradora de la empresa Easy Concept que, junto con Special Events y Orange Market eran propiedad de Francisco Correa.

La trama estaba encabezada por el cuarteto integrado por el empresario Francisco Correa y tres de sus hombres de confianza: Álvaro Pérez Alonso apodado "El Bigotes", Pablo Crespo y Antoine Sánchez. Este grupo habría establecido un supuesto conglomerado de negocios con objeto de nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia, así como para saltarse las prohibiciones legales en materia urbanística y medioambiental que habrían afectado a sus negocios inmobiliarios.

El método más habitual para obtener sus ventajas y beneficios era la utilización de dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicasCaja B del PP

Tampoco hay fecha exacta para el juicio contra el extesorero Luis Bárcenas por la caja B del PP, que se cree que se fijará poco después de Gürtel, ya que es una pieza separada de este proceso.

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, cree demostrado que el PP tuvo diversas fuentes de financiación ajenas al circuito legal, lo que permitió operar, al menos durante los 18 años investigados, con varios sistemas de cuentas que registraron entradas y salidas de dinero "al margen de la contabilidad remitida por el Tribunal de Cuentas y sin la correspondiente declaración ante la Hacienda Pública".

Así, aunque recuerda que la financiación ilegal de los partidos no está todavía tipificada como delito, Ruz detecta "un sistema de financiación del PP llevado a cabo a través de aportaciones procedentes de fuentes privadas que, de forma sistemática entre los años 1990 y 2008, habrían incumplido los límites, requisitos y condiciones establecidos en la ley".

De esta manera, el magistrado propone llevar a juicio a los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, al exgerente de la formación Cristóbal Páez y a los responsables de Unifica, el estudio de arquitectura que realizó la reforma de la sede popular de la calle Génova 13 y que supuso un desembolso de 1,7 millones procedente de fondos no tributados, Gonzalo Urquijo y Belén García y su empleada Laura Montero.

A los seis se les imputan delitos contra la Hacienda Pública por valor de 8 millones de euros.

Además, a Bárcenas y Lapuerta se les imputa el delito de apropiación indebida, por incorporar al patrimonio del primero determinados fondos del PP que fueron empleados para la suscripción de acciones en la ampliación de capital de 'Libertad Digital'. Lapuerta también dispuso, según Ruz, de fondos en efectivo procedentes de la caja B que no retornó posteriormente a la misma, con el conocimiento y anuencia de Bárcenas.Tarjetas Black

Otra vista pendiente de señalamiento es la de las tarjetas opacas de Caja Madrid contra exdirectivos de la entidad como Miguel Blesa y Rodrigo Rato, ya procesados junto a otras 64 personas, por desfraudar más de 15 millones de euros.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha concluido que los directivos de Bankia y Caja Madrid utilizaron las 'tarjetas black' opacas al fisco y que los hechos investigados podrían ser constitutivos del delito de administración desleal, en el caso de los imputados que ocuparon cargos en los Consejos de Administración de ambas entidades, o de apropiación indebida en el del resto de directivos.

Según el juez, existen indicios racionales y fundados de criminalidad contra los miembros del Consejo de Administración y la Comisión de Control y el resto de ejecutivos de Caja de Madrid y Bankia que recibieron las 'tarjetas black', que fueron "emitidas sin respaldo contractual alguno" y usadas para "gastos personales y propios".

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Por su parte, el exministro Rato continuará con otro frente judicial abierto: la investigación que lleva el juzgado de instrucción 31 de Madrid contra él por supuestos delitos fiscales y blanqueo por haber escondido parte de su patrimonio en el extranjero.

La investigación ha quedado dividida en tres líneas básicas que confluyen en la empresa Kradonara, de la que Rato es "el beneficiario último" a través de la sociedad británica Vivaway y que fue constituida por otro de los imputados, el abogado y presunto testaferro Domingo Plaza.

Esta sociedad de escasa actividad, constituida en 2001, cambió radicalmente a partir de 2011, momento en el que pasó a dedicarse a la prestación de servicios de consultoría, dice el juez. A partir de ese punto comenzó a recibir grandes cantidades de divisas, que el magistrado cifra en 6,5 millones de euros, y que proceden de transferencias de tres empresas: la británica Vivaway, la panameña Westcastle Corporation y Red Rose, radicada en Bahamas.

Esta primera línea se cruza con una segunda en la que aparecen dos empresas de publicidad que disfrutaron de contratos con Bankia durante la presidencia de Rato. Zenith y Publicis pagaron comisiones por importe de 800.000 euros a cambio de estos anuncios y más de la mitad se derivaron a otra empresa relacionada con Rato y con su exmujer, Ángeles Alarcó. Se trata de la compañía Bagerpleta, con sede en Alemania y propietaria de un hotel en Berlín.

Bagerpleta encabeza la tercera línea de investigación. El juez asegura que recibió, no solo el dinero de las comisiones de los contratos publicitarios, sino un millón de origen desconocido remitido por Kradonara y Vivaway, otros 100.000 euros procedentes de Telefónica e "ingresos defraudados a Hacienda procedentes de la asistencia de Rato a congresos y conferencias".

La causa afecta, por el momento, a nueve imputados.

Además, como exresponsable de Bankia tendrá que enfrentarse a un proceso, de carácter civil, por la demanda colectiva de 660 accionistas que denunciaron irregularidades en la salida a bolsa, mientras la Audiencia Nacional sigue investigando la vertiente penal iniciada por los preferentistas.Caso Púnica

Tampoco tiene fecha el juicio del caso Púnica, aunque se espera que se juzgue a los 100 imputados a finales de año acusados de apropiarse de más de 300 millones de euros.

Solo David Marjaliza, presunto 'cerebro' de la trama Púnica y socio del ex secretario general del Partido Popular de Madrid Francisco Granados recibió presuntamente más de 10 millones de euros en efectivo entre 2004 y 2006 por las facturas que recogían servicios y relaciones comerciales que nunca se realizaron.

La Fiscalía precisa que el constructor cobró esas cantidades a través de sus empresas y en billetes de 500 euros. La cifra más alta es la correspondiente a 2005 (5,5 millones de euros), seguida de la de 2004 (3,2 millones) y la de 2006 (1,5 millones), sumando en total 10.248.356,11 euros.

Además, señala que indiciariamente ese dinero "ha sido en parte enviado a Suiza mediante operaciones de compensación, estando pendiente de investigarse en la causa si también se ha utilizado para pago de favores u otra finalidad similar".

La trama Púnica, desarticulada en octubre de 2014, consiguió contratos fraudulentos por los que exigía 'mordidas' en materia de urbanismo y obras públicas, eficiencia energética y reputación 'on line' en tres comunidades autónomas (Madrid, Valencia y Murcia), la Diputación de León y una decena de ayuntamientos madrileños.Caso ERE de Andalucía

Otro de los casos más sonados que se juzgará este año es el de los ERE de Andalucía. La amplutud del proceso, con 272 imputados y 1.200 millones malversados, obligó al juzgado a dividir la causa en 6 piezas, pero en 2016 solo se juzgará la primera de ellas.

Es un presunta trama de corrupción política viculada a la Junta de Andalucía. Se acusa a varios militantes socialistas, entre ellos ex altos cargos del gobierno andaluz, de haber subvencionado o recibido ilegalmente dinero por prejubilaciones fraudulentas.

Todo se remonta al año 2001. Entonces era presidente Manuel Chaves y la Junta inició un procedimiento para respaldar económicamente a empresas con problemas, que se veían obligadas a presentar expedientes de regulación de empleo para realizar prejubilaciones o despidos.

De momento, se sospecha de 111 trabajadores que cobraban una prejubilación mayor de la que les correspondería. Otros 72 no habían trabajado jamás en las empresas que les pagaban.

Más de la mitad del dinero que concedió llegó a municipios gobernados por el PSOE. Se autorizó a sí mismo ayudas para constituir una empresa, pero las gastó en cocaína y copas, según denunció su chófer, también imputado, Francisco Trujillo.Caso Viajes Marsans

También, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán (en prisión desde 2012 por fraude) se sentará en el banquillo por la apropiación 4,4 millones de más de 4.000 clientes de Marsans.

Según la Fiscalía, Tiempo Libre, Rural Tours y Viajes Crisol perdieron el dinero depositado por sus reservas de viajes cancelados, cuyo destino se investiga.

Además, tendrá que responder por el supuesto vaciamiento patrimonial de empresas como Marsans y Air Comet --cuyo cierre dejó a 25.000 afectados sin expectativas de cobro--, e incluye el envío de comisiones rogatorias a diversos paraísos fiscales como Liechtenstein, Suiza, Irlanda, Chipre, Panamá y Colombia.

Por otro lado, tercera causa que tiene Díaz Ferrán en la Audiencia Nacional es la relacionada con un presunto delito fiscal que tanto él como su socio habrían cometido en la operación de compra de Aerolíneas Argentinas en 2002.Caso Afinsa

En 2016 se retomará, así mismo, el juicio contra Afinsa por el supuesto fraude en la venta de sellos que afectó a más de 190.000 ahorradores y supuso una estafa de más de 1.900 millones de euros.

La cúpula de Afinsa está acusada de los delitos de estafa cualificada, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.

En total, el juez instructor del caso, Santiago Pedraz, considera en su auto de procesamiento, dictado en julio de 2013 y confirmado en octubre de 2014, que los acusados causaron un perjuicio de 1.928 millones de euros a cerca de 200.000 pequeños ahorradores.

Según el auto de Pedraz, la apariencia empresarial era de una actividad lícita de contrato de compra de sellos por particulares, depósito de los mismos a cargo de la vendedora y mandato de venta o compromiso de recompra por la misma, que se configuraba como una opción para el comprador. Sin embargo, "ni los sellos valían lo que se pagaba por ellos ni se revalorizaban en la medida que se atribuía al ahorrador".

No fue hasta la primavera de 2006, cuando la empresa fue intervenida por orden judicial y la Policía detuvo hasta a nueve personas en la operación contra Afinsa y Fórum Filatélico, que se destapó la situación de "absoluta insolvencia" de la empresa, que según Pedraz, era "conocida por los responsables", quienes "se esforzaron por ocultarla para mantener la continuidad y el fraudulento negocio".Caso Caja Castilla La Mancha

Juan Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega, presidente y director general, respectivamente, de Caja de Ahorros Castilla-La Mancha, serán también protagonistas este 2016 por un delito societario por el que solicita para ambos acusados una pena de dos años y seis meses de prisión.

El Ministerio Público entiende que en el año 2008 la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha (CCM) atravesaba una situación de falta de liquidez, debida en gran parte al deficiente control en la gestión del riesgo, el incremento de la morosidad y el deterioro de las inversiones ligadas al sector promotor, que comprometía gravemente la viabilidad futura de la entidad.

Esta situación fue advertida por los técnicos del Banco de España, ya que CCM estaba en esos momentos sometida a un procedimiento de inspección por parte del organismo regulador, que además impuso a sus directivos ciertas normas de actuación.

Moltó y Ortega realizaron entonces una "maniobra contable" gracias a la cual los acusados "lograron que los estados financieros de CCM, tanto individuales como consolidados, reflejaran beneficios en lugar de pérdidas".

Concretamente, por efecto del ajuste exigido por el Banco de España, habría debido registrarse unas pérdidas de al menos 119.029.000 de euros en los estados individuales, y de al menos 182.240.000 euros en los estados consolidados.

Tras destaparse el agujero contable detectado por el Banco de España, la caja tuvo que ser objeto de un rescate con 9.000 millones de euros de dinero público.Caso Madrid Arena

Por su parte, el juicio del caso 'Madrid Arena' por la muerte de cinco jóvenes en una fiesta de Halloween en 2012, comenzará el día 12 de enero de 2016 en la Audiencia Provincial de Madrid, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

En el juicio tendrán que declarar como coautores por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y treinta delitos de lesiones por imprudencia el organizador de la fiesta, Miguel Ángel Flores, y el exinspector jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, entre otros.

También están acusado de los mismos delitos Santiago Rojo Buendía, el director general de Diviertt, empresa organizadora de la fiesta, y Miguel Ángel Morcillo Pedregal, jefe de personal de la misma, el jefe de Seguridad de Madrid Destino, Rafael Pastor Martín, y Francisco del Amo López, coordinador de operaciones y proyectos de Madrid Espacios y Congresos (Madridec).

Completan la lista el jefe de Operaciones de Madridec, José Ruíz Ayuso, los coordinadores jefes de Seguriber Juan José París Nalda y Raúl Monterde, para el jefe de equipo de esta compañía, José Antonio Díaz Romero, y para los socios de Control 34 Carlos Manzanares y Emilio Belliard.

El juez ha abierto también juicio oral contra los doctores Simón Viñals Pérez y Carlos Viñals Larruga como coautores por tres delitos de homicidio por imprudencia grave profesional.Otros casos

Otros casos que darán titulares son los que investigan, también en la Audiencia Nacional, a Volkswagen por supuesto delito ambiental y a los exdirectivos de la extinta Caixanova por irregularidades en operaciones inmobiliarias, así como a la antigua cúpula de Abengoa.