El Gobierno español cree que en el caso sobre Tíbet la jurisdicción universal es compatible con el TPI

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, defendió hoy que la jurisdicción universal de la Audiencia Nacional es "compatible" con el principio de subsidiariedad y con la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI).

Así lo afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en referencia a la causa abierta por el juez Santiago Pedraz sobre los disturbios que se registraron el pasado año en Tíbet, en los que podrían haber muerto unas 200 personas, y en la que solicita a China que le permita interrogar como imputados a tres ministros y otros cinco altos cargos.

Respondiendo a la solicitud de Pedraz, la Embajada de China en España solicitó ayer al Ejecutivo que tome "medidas inmediatas y efectivas" para que la querella presentada en la Audiencia Nacional "sea retirada cuanto antes posible", con el objetivo, le advirtió, de "evitar posibles estorbos y perjudicaciones a las relaciones bilaterales entre China y España".

En un comunicado, la Embajada señaló que "conforme al Derecho Internacional y las normas de las relaciones internacionales universalmente reconocidos", los líderes y los funcionarios gubernamentales de los países "gozan de la inmunidad soberana y no están sujetos a la jurisdicción de los países ajenos".

En este sentido, la vicepresidenta primera señaló que la posición del Gobierno al respecto es una "actitud escrupulosa de absoluto respecto" hacia la justicia, pero también recordó que la normativa española establece criterios "muy claros", y es que "la jurisdiccion universal es compatible con el principio de subsidiariedad y con la jurisdicción" del TPI.

Por este motivo, añadió De la Vega, el Gobierno "no tiene absolutamente nada que decir respecto a un asunto que está en los tribunales".

Para el Gobierno chino, "el incidente" registrado el 14 de marzo del pasado año en Lhasa, la capital tibetana, fue "organizado, premeditado, planificado e incentivado por la camarilla escisionista de Dalai Lama" y que la querella, presentada en base a "testimonios falsificados y calumnias", tiene "la intención evidente" de "difamar al Gobierno chino, dividir China y sabotear las relaciones entre China y España".