Guatemala.- Amnistía reclama la puesta en marcha de las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico

Lamenta que no hayan sido extraditados a España los imputados por genocidio, torturas y terrorismo por la Audiencia Nacional MADRID, 25 (EUROPA PRESS) Amnistía Internacional (AI) instó hoy al Congreso de Guatemala a aprobar una ley para la puesta en marcha de una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas Forzada e Involuntariamente como paso fundamental para poner en práctica las recomendaciones formuladas hace diez años por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico guatemalteca. Asimismo, lamentó que hasta la fecha no hayan sido extraditadas a España ni procesadas en Guatemala las personas imputadas por la Audiencia Nacional en diciembre de 1999 por los supuestos delitos de genocidio, torturas, terrorismo, asesinato y detención ilegal, entre las que figuran los ex presidentes Efraín Ríos Montt y Oscar Humberto Mejía Víctores. "El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico fue un enorme hito para los Derechos Humanos en Guatemala", manifestó la directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional, Kerrie Howard. "Es hora de que el Gobierno imparta algo de justicia", añadió. "Resulta muy decepcionante que tantas de las recomendaciones del informe continúen pendientes, y que todavía no se haya hecho justicia para las decenas de miles de casos de desaparición forzada, homicidio y tortura perpetrados durante el largo conflicto guatemalteco", prosiguió. El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico guatemalteca, elaborado en virtud de los acuerdos de paz promovidos por la ONU que pusieron fin al conflicto, se publicó el 25 de febrero de 1999. En él se concluía que, durante el conflicto armado interno de Guatemala --entre 1960 y 1996--, unas 200.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada o fueron asesinadas, y que se perpetraron 669 masacres, la mayoría de ellas en poblados indígenas. La Comisión concluyó también que el Ejército guatemalteco y sus aliados habían sido responsables de la inmensa mayoría de los abusos, y que algunos de esos casos habían constituido genocidio. Por ejemplo, el 5 de diciembre de 1982, 250 hombres, mujeres, niños y niñas murieron cuando las fuerzas de seguridad guatemaltecas irrumpieron en su poblado de Dos Erres. Desde que se inició oficialmente la investigación sobre esta masacre en 1994, la defensa ha presentado al menos 30 apelaciones, y ha invocado otros procedimientos judiciales que han retrasado el proceso en unas 49 ocasiones. "DEJAR ATRÁS EL OSCURO PASADO" Hasta la fecha, más de catorce años después, ningún alto mando ni autoridad ha comparecido ante la justicia por su papel a la hora de ordenar, planificar o ejecutar las violaciones de Derechos Humanos generalizadas y sistemáticas que tuvieron lugar en Guatemala. Las pocas investigaciones que se iniciaron fueron deplorablemente lentas e inadecuadas. "Las autoridades guatemaltecas tienen el deber legal y moral de garantizar que se investigan los delitos cometidos durante el conflicto armado interno del país, muchos de los cuales constituyen crímenes de lesa Humanidad, y que los responsables comparecen ante la justicia", declaró Kerrie Howard. "Sin justicia, Guatemala no podrá avanzar y dejar atrás su oscuro pasado", prosiguió. Algunas de las recomendaciones fundamentales incluidas en el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico para garantizar que se otorga reparación a los familiares de las víctimas y a los supervivientes de los abusos se han puesto en práctica, pero en la mayoría de los ámbitos todavía no ha habido progresos. Amnistía Internacional ha manifestado su satisfacción por la noticia de que la Secretaría de la Paz del Gobierno guatemalteco ha proporcionado al Ministerio Público información sobre más de 3.300 casos de abusos contra los Derechos Humanos perpetrados durante el conflicto armado interno de Guatemala. La organización confía en que esta información ayude a redoblar los esfuerzos por investigar y procesar a los responsables de abusos cometidos en el pasado. "La mejor manera de que las autoridades guatemaltecas recuerden y honren a las víctimas de los abusos cometidos durante el conflicto armado es garantizar que quienes cometieron, autorizaron o planearon aquellos crímenes no pueden eludir la acción de la justicia", manifestó Kerrie Howard. ESPAÑA El 2 de diciembre de 1999, se presentó en la Audiencia Nacional una denuncia por supuestos delitos de genocidio, torturas, terrorismo, asesinato y detención ilegal cometidos durante los años 1978 y 1986 en Guatemala por los ex presidentes Efraín Ríos Montt y Oscar Humberto Mejía Víctores, entre otros. Entre los hechos, se incluyó el asalto a la Embajada española en Guatemala, el 31 de enero de 1980, en el que murieron 37 personas, entre ellas tres españoles y el padre de la activista y Premio Nobel de la Paz guatemalteca Rigoberta Menchú. En 2005, el Tribunal Constitucional español dejó establecida la competencia de la Audiencia Nacional en virtud de la jurisdicción universal y el juez de la Audiencia Nacional dictó órdenes de arresto contra Ríos Montt y Mejía Víctores, entre otros. El 22 de diciembre de 2006, el Consejo de ministros español aprobó solicitar dicha extradición. En diciembre de 2007, la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala dictó una resolución --"manifiestamente contraria a sus obligaciones internacionales", según AI-- que dispuso dejar sin efecto varias órdenes de arresto provisional. Según la organización, las personas presuntamente responsables de crímenes de derechos internacional no han sido extraditadas a España, tal y como fue requerido por el Estado español, ni sometidas a un proceso judicial independiente e imparcial en Guatemala, tal y como marcan las leyes internacionales, "a pesar de que el Poder Judicial de Guatemala debe, por norma, conceder las extradiciones que se le soliciten por otros Estados por crímenes contra el Derecho Internacional". El juzgado español ha continuado investigando y en 2008 ha recibido los testimonios de varios supervivientes. Amnistía Internacional pide al Gobierno español que haga valer el tratado de extradición para evitar que estos graves crímenes queden impunes.