"La sentencia de Estrasburgo es irrecurrible y podría aplicarse en cuestión de días"

    • Eduardo Ruiz de Erenchun, profesor de Derecho Penal de la UNAV, asegura que el Gobierno no tiene margen de maniobra y que deberá liberar a la etarra Inés del Río lo antes posible.
    • Víctor Moreno, presidente de la Unión Española de Penalistas, recuerda que España reconoció la jurisdicción del Tribunal y por eso, sus decisiones son obligatorias.
El Gobierno dice que las posibles excarcelaciones de terroristas no supondrán "impunidad"
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A.P.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tumbado esta mañana la doctrina Parot, condenando así la forma de proceder de España.

¿Debe el Gobierno quedarse de brazos cruzados y acatar la sentencia de Estrasburgo sin más? ¿Hay alguna vía para recurrir? ¿Qué sucedería si no lo hiciera? ¿Qué plazos de tiempo están sobre la mesa? Los expertos responden a las dudas.

"Estamos obligados a cumplir la sentencia porque España firmó el convenio de Derechos Humanos, lo que significa que aceptó que el órgano de última instancia fuera el Tribunal Europeo de Estrasburgo. Cuando un estado firma un convenio internacional lo hace con todas las consecuencias y esta sentencia es irrecurrible", explica Eduardo Ruiz de Erenchun, profesor asociado de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra.

Su opinión la comparte Víctor Moreno, presidente de la Unión Española de Abogados Penalistas, quien asegura que "si España reconoció su jurisdicción y aceptó que fuera la máxima autoridad de Derechos Humanos, ahora no puede incumplir sus sentencias porque, según el propio convenio, son obligatorias".

Sus argumentos coinciden con la postura que han mostrado distintos miembros del Gobierno en las últimas semanas, en las que han insistido en que se acataría el fallo del organismo judicial comunitario.

¿Y qué pasaría si España decidiera unilateralmente no aplicar la decisión del Tribunal? Los expertos aseguran que habría consecuencias. "El convenio que firmó España hace casi cuarenta años dice que, en caso de incumplimiento, el Estado estaría sujeto a las soluciones que considerara oportunas el Comité de Ministros del Consejo de Europa", aclara Moreno.

"No sé cuáles serían las consecuencias, si la expulsión del convenio de Derechos Humanos o una sanción económica, pero estoy convencido de que habría una respuesta", añade Ruiz de Erenchun.

"España quebraría la confianza depositada por los demás Estados firmantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este incumplimiento perjudicaría a España en el futuro con las lógicas consecuencias de la quiebra de la confianza entre los Estados, o dicho de otro modo, que en el futuro España no viera cumplida sus expectativas en las tramitación de acuerdos europeos o en el cumplimiento de Sentencias que le beneficiasen", añade Carlos Bardavío, del Bufete Luis Romero y Asociados.

Ahora bien, se debe recordar que los expertos descartan una negativa rotunda por parte del Ejecutivo español, por el propio carácter obligatorio que tienen las sentencias del organismo europeo. Incluso el presidente, Mariano Rajoy, aseguró ayer que acataría la decisión.Aplicación rápida

Por otro lado, y aunque no se puede hablar de la fecha exacta en la que Inés del Río debe quedar en libertad, los expertos dan por hecho de que será, como mucho, en un mes.

"El Tribunal de Estrasburgo dice que la presa debe ser excarcelada en el plazo más breve posible, por lo que es razonable pensar en que no será más allá de un mes, aunque el modo y el tiempo de ejecutar la sentencia lo ha dejado en manos del Gobierno", alerta el presidente de la Unión Española de Penalistas.

"En mi opinión, la excarcelación podría realizarse en cuestión de días. El organismo ha dejado muy claro que la etarra debe salir de prisión y, o está muy justificado que la retengan en la cárcel o deben dejarla libre cuanto antes. Lo contrario sería ilegal", concluye el profesor de la Universidad de Navarra.

La Audiencia Nacional ha convocado para mañana a las 9.15 horas un Pleno extraordinario para analizar, concretamente, la situación procesal de la etarra Inés del Río.

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