Piden ante la CIDH la captura de un exgeneral del Gobierno de Ríos Montt

Washington, 28 oct.- Dos asociaciones de abogados pidieron hoy ante la CIDH la captura y enjuiciamiento del exgeneral Luis Enrique Mendoza García, que desempeñaba el cargo de oficial de operaciones del Estado Mayor del Ejército durante el Gobierno militar del general José Efraín Ríos Montt.

"Las autoridades guatemaltecas además de no ejecutar la orden de busca y captura que pesa sobre Mendoza, siguen pagándole una pensión militar", criticó, en declaraciones a Efe, Juan Francisco Soto, director ejecutivo del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).

Además, Soto afirmó que el exgeneral, al que acusan de genocidio, cobra una pensión militar y se encuentra retirado en el Instituto de Previsión Militar (IPM), entidad pública de Guatemala con personalidad jurídica propia.

"Cada año, el oficial tiene que demostrar que está vivo para seguir cobrando la pensión, pero el Estado no hace nada para capturarlo y presentarlo ante los tribunales de justicia para que resuelva su situación jurídica", relató Soto.

Otros once cargos militares están en la misma situación que el exgeneral Mendoza, denunciaron el CALDH y el Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH) en una de las cuatro audiencias dedicadas a Guatemala durante el 153 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se celebra en Washington.

En su ponencia, consideraron que el Estado de Guatemala no hace esfuerzos "suficientes" para la detención de responsables de violaciones de derechos humanos sobre los que ya pesan órdenes de captura dictadas por los órganos de justicia del país.

Algunos de los fugitivos habrían participado en la matanza de 201 campesinos conocida como la masacre de las Dos Erres, perpetrada el 7 de diciembre de 1982 en el norteño departamento de Petén.

Ríos Montt fue considerado autor intelectual de esta masacre por la Fiscalía durante el juicio en el que fue declarado culpable de genocidio y que dio como resultado una sentencia histórica, anulada por la Corte de Constitucionalidad, que ordenó la celebración de una nueva vista en 2015.

"El sistema legal guatemalteco tropieza una y otra vez a la hora de hacer justicia sobre las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el conflicto interno", criticó Soto.

Por eso, los peticionarios pidieron a la CIDH que en un informe recoja la resolución que en septiembre emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre los "graves incumplimientos" de Guatemala de dos sentencias, dictadas en 2012.

Esta resolución se refería a la supervisión de las sentencias por el caso "Masacres de Río Negro", sobre la destrucción de una comunidad maya a manos del Ejército en la década de 1980, y el caso "Diario Militar", que se relaciona con un registro de operativos represivos como secuestros, detenciones secretas y asesinatos por parte del Ejército.

"Pedimos a la CIDH que plasme este incumplimiento en un informe para que, en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), se tomen las medidas disciplinarias oportunas y se haga que el país cumpla con las resoluciones de la Corte", incidió Soto.

Sobre este incumplimiento, uno de los comisarios de la CIDH, Felipe González, advirtió que Guatemala, con su adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se comprometió a seguir las decisiones tanto de la Corte como de la Comisión.

Si los Estados tuvieran la última palabra sobre cómo cumplen sus compromisos con el sistema de derecho internacional, se produciría una "balcanización" de sus obligaciones, destacó González, que pidió a Guatemala "esfuerzos" para castigar a los criminales.

Sin embargo, el Gobierno guatemalteco defendió hoy que la Corte no tiene potestad para posicionarse sobre el caso de las "Masacres de Río Negro" y reclamó la potestad de los tribunales nacionales para impartir justicia, "sin que esto implique que el país niega las violaciones de derechos humanos".

"El principal obstáculo para alcanzar la paz son las falsas versiones de enfrentamiento de quienes quieren imponer sus propias versiones sobre la justicia transicional", dijo Antonio Morales, nominado presidencial de Guatemala para los Derechos Humanos.

La población guatemalteca padeció durante tres largas décadas (1960-1996) una guerra civil que dejó 150.000 muertos y 45.000 desaparecidos, además de un millón de desplazados.