Diez de los condenados no irán a prisión y tres deberán pagar 20.500 euros de multa

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

La Audiencia de Barcelona ha acordado suspender la ejecución de la condena de un año y nueve meses y medio de cárcel impuesta a diez de los condenados por el desvío de fondos públicos del Consorcio de Turismo de Cataluña, por lo que no entrarán en prisión, aunque tres de ellos deberán pagar un total de 20.500 euros.

La Sección Décima basa su decisión en que siete de ellos fueron condenados a penas inferiores a los dos años y eran "delincuentes primarios, primariedad delictiva entendida con relación a la fecha en que ocurrieron los hechos por los que han sido condenados". Además, pagaron la indemnización antes del juicio, lo que les permitió ser condenados a una pena inferior.

Es por ello que Carmen Fargas, Montserrat Alsina, Francisco Rojas, Josep Ramon Ferre, Antoni Fortuny, Santiago Vallbé y Josep María Gené no ingresarán en prisión por los delitos de prevaricación, malversación, falsedad, negociaciones prohibidas a los funcionarios y asociación ilícita por los que fueron condenados.

Sin embargo, el tribunal entiende que Víctor Manuel Lorenzo Acuña no es merecedor de los beneficios de la suspensión de la pena porque estaba pendiente del juicio por el 'caso Treball', que ya se ha celebrado y ha comportado una condena de dos años y tres meses de prisión por el desvío de 46.157,73 euros del Departamento mediante la adjudicación de informes fraudulentos. No obstante, ha decidido sustituir su ingreso en la cárcel por una multa de 9.840 euros.

En cuanto al empresario Jaume Amenós, la Sala considera que presenta cierta "peligrosidad criminal con relación a delitos económicos", pues ha sido condenado tres veces, una de ellas por estafa y otra por apropiación indebida, aunque ha sustituido la cárcel por una multa de 8.200 euros.

Lo mismo ocurre con Eugenio Guijarro, condenado más tarde por estafa, una "circunstancia que revela en él una cierta peligrosidad criminal que tampoco le hace merecedor del beneficio de la suspensión", aunque ha acordado sustituir su ingreso en prisión por un multa de 2.460 euros.

DESVÍO DE FONDOS

La Audiencia de Barcelona consideró probado que los acusados participaron en el desvío de fondos públicos para finalidades ajenas al interés general, aunque no concretó el destino del dinero sustraído. El Tribunal Supremo --que rebajó la pena a estos diez acusados-- hizo hincapié en la coincidencia de que varios de los acusados habían sido militantes de Unió Democrática de Catalunya (UDC).

De hecho, la Audiencia de Barcelona subrayó que el que fuera director del Consorcio de Turismo de Cataluña entre 1992 y 1995, el fallecido Joan Cogul, desvió fondos de dicho organismo por las indicaciones que recibió de sus superiores en la Conselleria y/o en UDC, donde militaba. No obstante, reconoció que no existe prueba directa de que Joan Cogul hubiera entregado dinero procedente de la facturación fraudulenta del Consorcio a alguno de sus superiores en el partido.