Costa Rica autoriza la extradición de un español acusado de fraude en su país

  • San José, 26 mar (EFE).- El Ministerio Público costarricense informó hoy de que los tribunales locales aprobaron la solicitud de extradición formulada por España contra el ciudadano de ese país Pedro Urrutia Urrutia, acusado por estafas de hasta 23 millones de euros (31 millones de dólares).

Costa Rica autoriza la extradición de un español acusado de fraude en su país

Costa Rica autoriza la extradición de un español acusado de fraude en su país

San José, 26 mar (EFE).- El Ministerio Público costarricense informó hoy de que los tribunales locales aprobaron la solicitud de extradición formulada por España contra el ciudadano de ese país Pedro Urrutia Urrutia, acusado por estafas de hasta 23 millones de euros (31 millones de dólares).

"La extradición fue concebida para hacer efectivo las cuatro sentencias condenatorias que le fueron impuestas por los autoridades judiciales de España, y se continúe con la investigación de otras dos causas penales pendientes en su contra", detalló un comunicado oficial de la Fiscalía.

Los delitos por los cuales Costa Rica aprobó la extradición de Urrutia son estafa, falsificación de documento oficial y blanqueo de capitales.

El español fue detenido en octubre del año pasado en la localidad rural de San Carlos de Alajuela, en la zona norte de Costa Rica, donde era propietario de varios negocios.

Según informaron las autoridades españolas en ese momento, Urrutia, de 71 años, era la cabeza de una organización delictiva dedicada a robar dinero de empresas en su país.

El sospechoso permaneció varias semanas en prisión preventiva y luego debió ser internado en un centro médico privado por problemas de salud, pero se espera que sea trasladado a España en las próximas semanas.

Urrutia llegó de forma legal a Costa Rica en junio de 2007 y vivía en lujosas residencias en la localidad rural de Pocosol de San Carlos, en la zona norte del país, donde era reconocido por los vecinos como un adinerado inversor.

Las autoridades costarricenses recibieron en agosto de 2008 la orden internacional de captura y la solicitud de extradición, por lo que iniciaron la investigación y vigilancia al foráneo.