(ampliación) la audiencia nacional procesa a díaz ferrán por esconder su fortuna para no pagar a sus acreedores

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dictado hoy auto de transformación en procedimiento abreviado –similar al procesamiento- contra el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, al que acusa de esconder en el extranjero millones de euros procedente del Grupo Marsans para no hacer frente a las deudas contraídas con cerca de 10.000 acreedores.
El auto dictado esta mañana por Velasco se dirige contra otras 10 personas, entre ellas contra el actual propietario del Grupo Marsans, Ángel de Cabo. El juez ha procesado también a uno de los hijos de Díaz Ferrán pero ha dejado fuera de la causa a los cuatro hijos de Gonzalo Pascual, el fallecido socio del expresidente de la CEOE.
El magistrado de la Audiencia Nacional les imputa a todos ellos de un total de tres delitos: pertenencia a organización criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales.
Díaz Ferrán se encuentra en la cárcel madrileña de Soto del Real desde el 5 de diciembre de 2012, cuando el juez Velasco decretó su ingreso en prisión preventiva bajo fianza de 30 millones de euros. La fianza ha sido rebajada sucesivamente hasta los cinco millones. De Cabo también se encuentra en prisión preventiva bajo fianza de tres millones de euros.
Velasco ha dado diez días de plazo a la Fiscalía y a las demás acusaciones personadas para que presenten sus escritos de acusación y pidan la apertura de juicio oral contra Díaz Ferrán y el resto de imputados.
EMPRESAS EN QUIEBRA
“Gerardo Díaz Ferrán y el fallecido Gonzalo Pascual eran propietarios de un holding empresarial formado entre otras cosas por la sociedad Viajes Marsans, Hotetur, Air Comet, Trapsa y otras que operaban principalmente en el sector turístico y del transporte. A partir de 2009 la situación económica de las citadas empresas comenzó a mostrar dificultades financieras, lo que obligó a los referidos imputados a afianzar las deudas del grupo empresarial con su propio patrimonio”, señala el auto de transformación en procedimiento abreviado.
El juez destaca que, como “tanto la ejecución de sus propiedades como la declaración de concurso de las sociedades era inevitable”, Díaz Ferrán y Pascual “decidieron iniciar un proceso de enajenación tanto de las compañías del grupo empresarial como de los bienes y sociedades”. El objetivo era “excluir de los procedimientos concursales los activos”.
El exrepresentante de la patronal y su socio se concertaron con De Cabo, quien se había especializado “al vaciado de compañías en situación de concurso o abocada a él en perjuicio de sus acreedores”.
FRAUDE A LOS ACREEDORES
Díaz Ferrán y Pascual llegaron a un acuerdo con De Cabo según el cual este se comprometió “a abonar mensualmente 100.000 euros a cada uno de los anteriores hasta alcanzar los ocho millones de euros, cantidades que se extraían de los activos de las sociedades del Grupo Marsans o de las patrimoniales”. En virtud de este acuerdo, Díaz Ferrán cobró hasta octubre de 2012 la cantidad de 1.016.000 euros y Pascual recibió hasta junio de ese año, cuando falleció, un total de 986.454 euros.
El auto menciona, a modo de ejemplo, un total de 14 operaciones realizadas pora vaciar las sociedades del grupo “en perjuicio de los acreedores”.
Una vez traspasadas y vaciadas las sociedades y las patrimoniales de Díaz Ferrán y Pascual, De Cabo realizó “distintas transferencias con los bienes a fin de ocultar su origen ilícito”. Los fondos acabaron en lugares como Chipre, Malta, Hong Kong, Suiza o Panamá. La trama generó un soporte documental falso para simular la legalidad de estos traspasos.
OTROS PROCESADOS
Además de Díaz Ferrán y De Cabo, el auto se dirige contra otras nueve personas. Estos imputados son Iván Losada, la ‘mano derecha’ de De Cabo; Susana Mora, la secretaria del empresario; Consuelo Garrido, su mujer; Teodoro Garrido, su cuñado; el financiero Carmelo José Estelles; el administrativo Rafael Tormo; los testaferros Antonio García Escribano y José Enrique; y Gerardo Díaz Santamaria, uno de los hijos del expresidente de la CEOE. El hijo de Díaz Ferrán esta imputado por participar “activamente en el proceso de enajenación”.
Se ha dado la circunstancia de que Díaz Ferrán se encontraba esta mañana en la Audiencia Nacional, donde está siendo juzgado por las irregularidades en torno a la operación de compra de Aerolíneas Argentinas en el año 2002. El fiscal pide que se condene en este caso al antiguo representante de la patronal a dos años y cuatro meses de cárcel.