Bonafini declara por el presunto desvío de fondos en Fundación Madres de Mayo

Buenos Aires, 26 feb.- La presidenta de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, acudió a declarar hoy, en calidad de testigo, ante el magistrado que investiga la presunta malversación de millonarios fondos que el Estado otorgó a esa organización.

Bonafini estuvo declarado ante el juez federal Norberto Oyarbide, instructor del caso, durante tres horas, y no realizó declaraciones a la prensa, informaron fuentes judiciales citadas por la agencia oficial Télam.

A su llegada a los juzgados, Oyarbide señaló a los periodistas que "todas las Madres de Plaza de Mayo" serán interrogadas y que la causa "está en condiciones de ser elevada a la Cámara Federal".

El magistrado ordenó el 14 de febrero el procesamiento con prisión preventiva del exapoderado de la fundación Sergio Schoklender, de su hermano Pablo y del contable Alejandro Gotkin, por presunta "asociación ilícita y administración fraudulenta".

En sus declaraciones el año pasado ante el juez, los hermanos Schoklender negaron los cargos y responsabilizaron a Bonafini por todas las decisiones que se tomaban en la fundación.

Oyarbide dictó además el procesamiento de otras 43 personas y la falta de méritos para otras 22 y dispuso la convocatoria a declaración indagatoria de la exministra de Economía argentina (2005-2007) Felisa Miceli.

Miceli trabaja como contable de la fundación y en diciembre pasado fue condenada a cuatro años de prisión por encubrimiento agravado.

Como parte de la investigación judicial, la Policía detectó un déficit en la fundación de 183 millones de pesos (36,6 millones de dólares) al 30 de mayo de 2012.

Asimismo, según Oyarbide, el Banco Central argentino "encontró en los balances de la fundación estudios contables con irregularidades que superan los 25 millones de pesos" (5 millones de dólares).

De las investigaciones también se desprende una presunta evasión impositiva por 146 millones de pesos (29,2 millones de dólares).

El "caso Schoklender", que estalló en 2011, dio lugar a la apertura de otra investigación por presunto lavado de dinero en manos del juez federal Sergio Torres.

El escándalo desató, además, medio centenar de demandas presentadas por trabajadores y proveedores de la fundación humanitaria en tribunales comerciales por falta de pago de sus respectivos servicios.

Asimismo, suscitó duras críticas de la oposición hacia el Gobierno de Cristina Fernández por la supuesta falta de controles en el otorgamiento de fondos públicos a la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo.