Caso gürtel. La fiscalía pide 42 años de cárcel para bárcenas y 111 para correa


La Fiscalía Anticorrupción ha presentado hoy en la Audiencia Nacional el escrito de acusación del 'caso Gürtel', en el que pide penas de entre 2 y 111 años para los 42 imputados en el caso que investiga el juez Pablo Ruz desde hace más de cuatro años.
El Ministerio Fiscal propone la máxima pena para el empresario y cerebro de la trama, Francisco Correa, para el que pide 111 años de prisión mientras solicita 42 años y medio para el extesorero del PP Luis Bárcenas.
Además, Anticorrupción solicita la apertura de juicio oral como responsables civiles para el Partido Popular, al que reclama más de 328.000 euros, y la exministra Ana Mato, más de 28.000 euros, porque, a su juicio, se habrían beneficiado de los delitos cometidos por la red de financiación ilegal.
Según la Fiscalía, "la red de influencias de Francisco Correa que le permitió apropiarse de fondos públicos se extendió a comunidades y municipios gobernados por el PP dada su estrecha relación con algunos de sus miembros".
Indica que Correa y Pablo Crespo, en connivencia con otros acusados crearon una trama de confección de facturas falsas para encubrir al verdadero titular de los fondos, su origen y destino; sobornar a cargos públicos y reducir la base imponible en las declaraciones tributarias de distintas sociedades mediante la ocultación y simulación de gastos.
Agrega, además, que entre los entes públicos afectados por la actuación del "grupo Correa" destacan "la Comunidad Autónoma de Madrid, la Comunidad Autónoma Valenciana y la Comunidad Autónoma de Castilla y León", si bien la 'pieza separada' en la que se centra su escrito abarca hechos relacionados básicamente con los municipios de madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, el malagueño de Estepona y la Comunidad de Castilla y León entre los años 2001 y 2005, aunque investiga actuaciones desde 1999.
También del municipio de Madrid en el año 2002 y la Comunidad de Madrid durante los años 2004 a 2008, "con la fundamental participación del acusado Alberto López Viejo, concejal de Servicios de Limpieza Urbana y Desarrollo Medioambiental del Ayuntamiento de Madrid y viceconsejero de Presidencia y consejero de Deportes de la Comunidad Autónoma de Madrid".
Mantiene que todos los acusados percibieron del "grupo Correa pagos y/o regalos en especie con motivo de su intervención en las distintas adjudicaciones de contratos públicos, en cuantías y género" que detalla en su escrito y añade que el margen de beneficios obtenido era notoriamente superior al correspondiente a empresas dedicadas a su misma actividad.
COMISIONES
Asimismo, afirma que se incluía como coste y se cobraba a las entidades públicas la comisión abonada a los funcionarios y autoridades intervinientes en las adjudicaciones.
"Además de lo percibido como consecuencia de las adjudicaciones públicas otorgadas a sus sociedades, solo por los hechos que se enjuician en la presente pieza separada, Francisco Correa ingresó 2.850.000 euros en concepto de comisiones por su intermediación a favor de empresas ajenas a su grupo".
En el caso de la Comunidad de Madrid, señala la Fiscalía que los populares celebraron actos electorales con cargo a la organización de Correa en los municipios de Pozuelo y Majadahonda y Mato recibió regalos, pago de festejos familiares y viajes, que cobró su marido y exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda.
Anticorrupción también pide prisión para los extesoreros del PP Álvaro de la puerta y Ángel Sanchís, y solicita más de 29 años de presidio para el exviceconsejero de presidencia de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo.
El juez rebajó de 43 a 42 el número de acusados que se sentarán en el banquillo dentro del primer juicio por las actividades que desarrolló la trama Gürtel, al retirar la imputación del supuesto intermediario Enrique Carrasco Ruiz de la Fuente por la prescripción de los delitos que se le atribuían.
Ruz imputa indiciariamente a estas 42 personas, entre las que hay tres extesoreros del PP, un total de 11 delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, estafa, apropiación indebida y asociación ilícita dentro del ámbito de la contratación.
Sólo en la Comunidad de Madrid están bajo sospecha 348 actos adjudicados por el Gobierno de Aguirre por un total de 8,7 millones de euros. El PP se ha defendido asegurando que fue la trama la que se aprovechó de su relación con el partido, pero los distintos informes que la UDEF ha ido trasladando al juez indican que ambas partes salieron beneficiadas.

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