Conde Pumpido dice que no sabe si llegará al Supremo, que no es una causa "contra políticos" y "durará años"

Justifica las diferencias entre Garzón y Anticorrupción en que la Fiscalía conoce mejor la jurisprudencia del Tribunal Supremo

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, dijo hoy, durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, que desconoce si el "caso Gürtel" llegará al Tribunal Supremo, no obstante, avisó que "durará años" y afirmó que no se trata de una causa "contra políticos". Además, expuso que el momento de decidir si llegará o no al Tribunal Supremo no ha llegado y justificó las discrepancias entre el juez Garzón y Anticorrupción --sobre la imputación de dos aforados del PP, Luis Bárcenas y Gerardo Galeote-- en que la Fiscalía conoce mejor la jurisprudencia del Tribunal Supremo y no ha apreciado "que los indicios" tengan las "circunstancias que el TS exige". En este sentido, recordó que el fiscal jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, conoce bien la jurisprudencia en este sentido porque estuvo muchos años en el Supremo y fue el fiscal del caso Filesa.

Al ser preguntado si el caso Gürtel llegará al Supremo respondió: "no lo sé" y que eso "depende de la evolución del procedimiento". En este sentido, afirmó que él, como Fiscal General, señala las líneas maestras por las que discurre el trabajo del ministerio Fiscal, coordina el trabajo de las fiscalías y garantiza la homogeneidad en la actuación.

Pero quiso dejar claro que la dirección de este procedimiento corresponde a la Fiscalía Anticorrupción, de la que dijo que había comenzado con este trabajo "muchos meses antes de que se judicializara junto a la UDEF y la Agencia Tributaria".

"QUEDAN MUCHOS AÑOS"

En este sentido, recordó que el asunto "se judicializó en agosto" y ha tenido una fase que la ha llevado un juzgado de instrucción durante unos meses. Sin embargo, adelantó que "quedan muchos años de procedimiento" y añadió que a la Fiscalía le va a corresponder la fase de instrucción ante los tribunales de aforados, la fase de enjuiciamiento, la fase de recursos y explicó que la Fiscalía tiene que garantizar que, lejos de apretones mediáticos o políticos el procedimiento se lleva correctamente.

Añadió que, a partir de esa base, el tribunal o la Fiscalía anticorrupción, en la medida en la que aprecia indicios relevantes de posible responsabilidad de imputados aforados solicita que se remita a los tribunales superiores de justicia autonómicos. Recordó que ahora está en esos tribunales y está en la fase de instrucción y una vez que se reciban las declaraciones de los imputados y practicar diligencias y siempre de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo se adoptarán las decisiones correspondientes.

En este sentido, recordó que él ha estado durante diez años en el Tribunal Supremo en los que se sentó la jurisprudencia que determina cuándo una causa debe corresponder al Tribunal Supremo. Así, citó entre otros, el caso Filesa y el de la mesa nacional de Batasuna. Precisamente en la tramitación de esta última causa fue cuando se acordó que cuando hay imputados de dos TSJ corresponde al Supremo.

Y en el caso Gürtel, señaló que el momento de decidir si la causa corresponderá al Tribunal Supremo, desde el punto de vista de la Fiscalía Anticorrupción, "no ha llegado".

SALINAS, QUE LLEVO FILESA, CONOCE MEJOR QUE GARZON LA JURISPRUDENCIA

Al ser preguntado cómo es posible que un juez Baltasar Garzón vea indicios de delito y la Fiscalía no los vea, en referencia a los informes que ha emitido Anticorrupción señalando que no ve indicios suficientes contra dos aforados del PP, explicó que "la discrepancia se puede producir con mucha frecuencia" entre el juez y el fiscal. Añadió en este sentido, que lo normal en todos los países del mundo suele ser al revés, es decir, que la posición acusatoria sea sostenida por el fiscal y el juez mantenga más una posición de garantías de los derechos de los imputados.

Por lo tanto, argumentó que si el Fiscal no aprecia que los indicios tienen las circunstancias que el Tribunal Supremo exige "que es lo que dice, se debe a que la Fiscalía Anticorrupción conoce mejor la jurisprudencia del Tribunal Supremo".

Para apoyar esta afirmación, Conde Pumpido recordó que el fiscal jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, fue el fiscal del caso Filesa y "conoció los problemas que generó este caso en el Tribunal Supremo". Así, recalcó que se trata de un fiscal "que conoce perfectamente la jurisprudencia" y además, "conoce mejor que algunos opinadores que opinan desde fuera".

"NO ES UN PROCEDIMIENTO CONTRA POLITICOS"

En cuanto a la invitación del magistrado de la Audiencia Nacional a que se persone la Abogacía del Estado en la causa, el Fiscal General consideró "perfectamente normal" que la Abogacía se persone en los casos en los que existe delito fiscal o se vean afectados los intereses del Estado.

En este punto, quiso precisar que "no es un procedimiento contra políticos", sino un procedimiento en el que hay 60 imputados, en el que hay tres alcaldes, tres diputados aforados y otros aforados sobre los que hay sospechas.

Pero matizó que el "núcleo" del caso afecta a "investigaciones complejísimas en paraísos fiscales porque, realmente lo que hay aquí, es blanqueo de capitales, delitos fiscales, falsedades, apropiaciones indebidas, mucha clase de delitos de una trama muy difícil de investigar y que todavía está en la fase inicial". Añadió que en esa investigación "cualquier ayuda sería bienvenida y si la Abogacía del Estado en un momento determinado se persona "está ejerciendo su derecho".

Pero, matizó que eso no significa que el Ministerio Fiscal no esté realizando su labor con absoluto respeto a la Legalidad. Añadió que en este momento, las fiscales que están llevando el caso, aunque ha sufrido un cierto parón al pasar a los TSJ, están pidiendo diligencias e interesando la continuidad del procedimiento.

EL PP TIENE QUE ACREDITAR PERJUICIO EFECTIVO, NO POLITICO

En relación con las acusaciones del PP de que Garzón usa una doble vara de medir por pedir la personación de la Abogacía y no permitir la personación del PP, Conde Pumpido no quiso pronunciarse sobre lo que dice un partido político.

No obstante, añadió que la personación de la Abogacía está "perfectamente justificada". Y, en relación con la personación del PP, y tras matizar que no conoce internamente la causa, explicó que si una institución quiere personarse tiene que acreditar un perjuicio efectivo, no político.

Por lo tanto, dijo que si se está hablando de una personación justificada por razones políticas, no nos encontramos que deba ser estimada desde una perspectiva jurídica.

"LOS TIEMPOS MEDIATICOS NO SON LOS DE LA JUSTICIA"

Al ser preguntado si la Fiscalía está utilizando el caso Gürtel para que dotar de más poderes a los fiscales, respondió que "no" y añadió que "los tiempos mediáticos y los tiempos políticos no son en absoluto los tiempos de la Justicia".

En este sentido, expuso que "cuando se quiere encauzar la justicia por los tiempos mediáticos todo se convierte en interpretaciones más o menos repintadas". "No --prosiguió--, la Fiscalía Anticorrupción está actuando de acuerdo absoluto con la legalidad, pero desde luego, lo que no hacemos en la Fiscalía es ni adaptar los tiempos de nuestros procedimientos a, digamos, la corriente mediática, ni adaptar los fondos de nuestras resoluciones a las mayorías políticas".

Finalmente, concluyó afirmando que "es indudable que eso otorga un gran protagonismo, pero nosotros no adaptamos ni los tiempos de nuestras resoluciones a las exigencias mediáticas, ni el fondo de nuestras decisiones a las mayorías de cada momento, ni a las líneas editoriales de cada momento". "La Fiscalía actúa siempre de acuerdo con un criterio de estricta legalidad", remachó.