El ex secretario del Ibatur deposita la fianza de 85.000 euros que le permite eludir la cárcel

PALMA DE MALLORCA, 16 (EUROPA PRESS) El ex secretario del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Miquel Ángel Bonet, depositó a primera hora de esta mañana la fianza de 85.000 euros fijada por el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Palma, Manuel Penalva, que le permite eludir su ingreso en prisión, tras imputársele los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental por haber defraudado alrededor de 20.000 euros mediante contratos irregulares entre 2006 y 2007 desde la empresa pública. Así lo confirmó hoy a Europa Press el abogado de Bonet, Gaspar Oliver, quien señaló que tras ser constituida la caución ha sido depositada en metálico en una entidad bancaria y posteriormente se le ha comunicado el pago al Juzgado, de modo que esta cantidad permite, tal y como señaló, cubrir la responsabilidad civil por los perjuicios ocasionados a raíz del pago irregular de los 20.000 euros. El letrado manifestó que tras el pago de la fianza las investigaciones continuarán su curso y se centrarán en localizar los contratos irregulares. Fue el pasado viernes cuando el magistrado decretó prisión provisional bajo fianza para el imputado y determinó el plazo máximo para pagar dicha cantidad hoy a las 12.00 horas. Miquel Ángel Bonet fue interrogado ese mismo día desde las 16.00 hasta las 21.30 horas por el juez Penalva y los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, después de que fuera detenido el día anterior (jueves) por funcionarios del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional. Bonet está imputado de los delitos de falsedad documental y malversación de fondos públicos, debido a los indicios existentes de que éste pagó de forma irregular una cantidad de 20.000 euros a una familiar nonagenaria, que la hizo pasar por una empresaria que, supuestamente, había hecho servicios para el Ibatur. Sin embargo, durante la declaración, Bonet fue más allá en el reconocimiento de los hechos que se le imputan, y no sólo admitió haber haber defraudado a las arcas públicas 20.000 euros -mediante contratos irregulares entre 2006 y 2007 a una familiar nonagenaria-, sino que, además, confesó haber hecho lo mismo en seis ocasiones más con otros tres o cuatro familiares, llegando la cantidad defraudada hasta los 85.000 euros.