El PP pide una comisión de investigación sobre el edificio Lagunilla y la relación del Gobierno y Tragsa

Francisco Rodríguez dice que lo sucedido es "intolerable por muchas pócimas mágicas" que pretenda utilizar el consejero

SANTANDER, 8 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha solicitado la creación de una comisión de investigación en el Parlamento cántabro en torno al expediente del edificio Lagunilla, en la que también pretende que se investiguen el conjunto de relaciones de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad con la empresa Tragsa desde el año 2007 hasta marzo de 2009.

Los 'populares' quieren que pasen por esa comisión "todas y cada una de las personas que han participado" en el expediente del edificio Lagunilla para aclarar las "falsedades" que, a su juicio, existen en ese expediente. Y es que, según el PP, la certificación de obras no ejecutadas no es la única "falsedad" en torno a este asunto, sino que hay "varias y gravísimas".

Así lo dijo hoy en rueda de prensa el portavoz parlamentario del Partido Popular, Francisco Rodríguez, quien rechazó las explicaciones ofrecidas ayer por el consejero, Jesús Oria, y criticó que achaque a un error administrativo unas certificaciones que llevan, cada una, cuatro firmas de otras tantas personas diferentes. "No hay un error administrativo. Hay mala fe", sentenció.

Para Rodríguez, lo sucedido con la obra de reforma del edificio, que tiene ya certificaciones de ejecución cuando ni siquiera ha comenzado, es "inexplicable, inconcebible e intolerable por muchas estrategias de laboratorio o pócimas mágicas" que pretenda utilizar el consejero. Según afirmó, "lo único que existe" son las certificaciones de obra, y "lo demás es estrategia de laboratorio para entretener y seguir disimulando ante la opinión pública".

El diputado del PP espera que los grupos parlamentarios apoyen la petición 'popular' de crear una comisión de investigación, máxime cuando el propio consejero ha mostrado su disposición a trasladar a la oposición la información que sea pertinente.

Sobre la posibilidad de trasladar los hechos a los tribunales si no se aprueba la comisión de investigación, Rodríguez aseguró que en principio siguen esperando a que el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, atienda la petición que le han hecho de que sea él quien lo ponga en conocimiento de la justicia, ya que, a su entender, Oria habría incurrido en un delito de falsedad en documento público.

Además, a propósito de las declaraciones del consejero ironizando sobre los hechos y asegurando que no acudirá a la Fiscalía salvo para saludar a algún conocido, Rodríguez resaltó que a lo que tendrá que ir es a "explicar" el expediente y la falsedad en documento público. "Esto no es para bromas. Es un tema demasiado serio", apostilló.

ERRORES, CASUALIDADES Y ANTICIPOS

Francisco Rodríguez consideró que no puede pasar por un error que cuatro personas hayan firmado las certificaciones que dan por ejecutadas unas obras que, además, en los propios documentos se señala que comenzaron en diciembre de 2007 y, sin embargo, no se han iniciado.

También criticó que se pretenda hacer pasar por otro "error" en la interpretación de una petición de documentación en el Parlamento el que las certificaciones de obra hechas públicas por el PP no se remitieran a la Cámara con el resto del expediente de proyecto. "Otro error administrativo. Qué casualidad, sobre los mismos documentos", ironizó.

Tampoco comprende que para un anticipo de materiales hagan falta tres documentos, en lugar de hacerlo de una sola vez. Asimismo, recalcó que se pueden hacer pagos extraordinarios a Tragsa en concepto de adelantos en función del ritmo de las obras, pero no cuando aún no han comenzado.

Y a esto se añade que el importe total de esas certificaciones (382.000 euros según Rodríguez), representa "el 71,84%" del presupuesto del proyecto, así que tampoco entiende que un anticipo para material supongan un porcentaje tan elevado del proyecto. También rechazó el argumento de que se hizo para no perder la partida presupuestaria porque, según dijo, el presupuesto autonómico es caja única y no se perdería.

Pero, según el portavoz 'popular', lo ocurrido con estas certificaciones de obra no es lo único que no les cuadra en el expediente y, de hecho, aseguró que en la comisión de investigación hablarán "de más cosas".

VICTIMISMO NO JUSTIFICADO

Por otro lado, el portavoz 'popular' opinó que el "victimismo" de Oria "no se justifica", porque él ha sido el "actor principal", y recalcó además que en su justificación el consejero ha empleado la "mala fe" y ha hecho una "ocultación maliciosa", cuando, a su juicio, lo que debe hacer Oria es "asumir las consecuencias".

Además, rechazó que se responsabilice al Ayuntamiento de Santander del retraso en la concesión de licencia porque, según dijo, se solicitó en septiembre de 2008 y en octubre el Consistorio respondió planteando los problemas que había con la documentación.

Francisco Rodríguez recordó que el edificio llevaba ya alquilado un año y tres meses cuando la Consejería solicitó la licencia para los trabajos y en ese plazo se gastaron "40 millones de pesetas" (240.000 euros) en alquiler. "Esto es un auténtico escándalo, y hay bastantes más escándalos en el expediente", concluyó.