El Supremo aumenta las penas a 4 responsables de la macroestafa de la inmobiliaria CPV por su "especial gravedad"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha estimado el recurso interpuesto por la Fiscalía contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó, en enero de 2008, a seis responsables de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), por entender que la pena por estafa debe ser "agravada por recaer sobre viviendas y revestir especial gravedad".

La CPV se constituyó en diciembre de 1997 y cerró sus oficinas en 2002, dejando a casi 2.000 personas sin piso en los planes de Actuación Urbanística de los barrios del norte de Madrid. La mayoría de las familias habían adelantado parte del dinero de la compra de las viviendas, que no se llegaron a construir.

En una sentencia hecha pública hoy, el Supremo aumenta de 10 años y medio a 12 años la prisión impuesta al accionista mayoritario de la compañía Francisco García Moreno por un delito continuado de estafa agravada por recaer sobre viviendas y revestir especial gravedad en la modalidad de delito masa.

De igual modo, eleva de 8 a 10 años la pena de cárcel por el mismo delito que la Audiencia de Madrid fijó para dos de sus hijos, Francisco Javier y Miguel Ángel, y a un amigo de estos, Miguel Ángel Morillo, que ejercieron de administradores de la inmobiliaria.

Este procedimiento se inició en febrero de 2000, cuando la propia Junta de Compensación del PAU de Sanchinarro interpuso una denuncia, al comprobar que estaban circulando escrituras falsas de propiedad sobre estos terrenos. La causa llegó a archivarse en 2002 cuando los responsables de CPV presentaron un supuestos aval que garantizaba la devolución de las cantidades. La Junta de Sanchinarro recurrió esta decisión y el caso siguió adelante.

PISOS EN CONDICIONES VENTAJOSAS

En la sentencia, el Alto Tribunal expone que García Moreno diseñó "la operación de ofertar en condiciones muy ventajosas, una serie de promociones de viviendas en los polígonos del noroeste de Madrid con gran despliegue de medios, para lo que contando con el consentimiento ni pasivo, ni menos forzado, sino activo y plenamente conocedor de sus dos hijos y de Miguel Angel Morillo, crea unas Sociedad con un capital insuficiente para atender la demanda".

Así, "compran un terreno apto para construir solo unas 48 viviendas, y careciendo de capital, contando con el dinero entregado por los compradores de viviendas, lo dedican a otros fines y cuando la situación es ya insostenible idean la operación de simular ser propietarios de los terrenos que ya tenían legítimos propietarios".

Añade que "incluso intentan vender a la constructora ECOVI S.L. unos terrenos de los que aparecían ficticiamente como dueños. Lo que tienen el valor de acreditar que nunca pretendieron construir las viviendas que ofertaban".

La Audiencia de Madrid recalcó en su sentencia que existía "una carga probatoria abrumadora" contra García Moreno, al ser "el máximo dirigente" de la empresa, participando en "las decisiones que condujeron a la redacción de los contratos de adhesión y fijando las partidas dinerarias que se ingresaban en las cuentas especiales", destinadas al uso y disfrute de los condenados.

Respecto a la responsabilidad civil, la sentencia de instancia impuso a los administradores de CPV la obligación de indemnizar con 73 millones de euros a los estafados por el dinero que adelantaron para la compra de sus viviendas. Pero a esta cantidad habría que añadir otros 24.000 euros por cada vivienda adquirida por las 1.889 familias en concepto de la revaloración de su precio, lo que eleva la indemnización total a más de 118 millones de euros.