Hoy se constituye en Sevilla el tribunal que enjuiciará a los tres acusados en el caso de las facturas falsas

El juicio ya fue suspendido el pasado mes de octubre tras la renuncia de José Marín a su letrado SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS) El tribunal popular encargado de enjuiciar a los tres acusados en el caso de las facturas falsas del Distrito Macarena será constituido hoy en la Audiencia Provincial de Sevilla, donde la semana que viene comenzará la vista oral en la que el Ministerio Fiscal reclamará hasta cinco años y tres meses de prisión para los procesados por beneficiarse del cobro de facturas irregulares por trabajos no realizados. Fuentes judiciales explicaron a Europa Press que la agenda de este juicio --suspendido el pasado mes de octubre después de que el ex secretario del distrito José Marín renunciara a su abogado por falta de confianza-- está marcada para que, en primer lugar, se elijan a los nueve miembros del jurado y a los dos suplentes entre un total de 29 preseleccionados. Tras la constitución jurado, el próximo lunes comenzará la vista oral en la que declararán el ex secretario del distrito José Marín, para quien el fiscal piden cinco años y tres meses de cárcel; el contratista José Pardo, para quien solicita cuatro años y tres meses; y el colaborador del distrito Manuel Portela, que se enfrentaría a una pena de un año y cinco meses. Así, una vez que el tribunal escuche a los acusados entre el lunes y el martes, llegará la hora de los testigos y de los peritos, que ofrecerán los detalles necesarios para que los miembros del jurado sigan comprendiendo y conformando el relato de hechos por los que los tres inculpados se sientan en el banquillo. Una vez que concluyan todas las declaraciones, las distintas partes ofrecerán sus conclusiones y presentarán los informes finales, previsiblemente, el viernes, aunque no será hasta el lunes día 16 cuando el magistrado entregue el objeto del veredicto al jurado para que pueda comenzar la deliberación. INTENTO FALLIDO El pasado 14 de octubre, el magistrado presidente del Tribunal del Jurado acordó la suspensión del juicio después de que José Marín renunciara a su letrado alegando que dicho letrado había negociado a sus espaldas una conformidad. En el interior de la sala habilitada para la celebración de la vista oral, Marín aseguró que era "inocente" y que lo han estado "crucificando" antes de acudir al juicio. La negociación que Marín dijo desconocer y que el Ministerio Público rechazó pasaba por el pago de 20.254,62 euros de indemnización al Ayuntamiento por unas obras que, según sostiene el fiscal en su escrito de acusación, fueron cobradas a pesar de que no fueron ejecutadas. Así las cosas, se pretendía que el pago de dicha indemnización llevara consigo la rebaja de la pena a los dos años para evitar la cárcel. LOS HECHOS Cronológicamente, los hechos que iban a ser objeto de estudio por el jurado popular comienzan en febrero de 2001, cuando por escritura pública se constituyó la compañía mercantil 'Contratas y Obras Sevilla S.L.' (COS) con un capital de 500.000 pesetas por el acusado José Pardo junto a tres socios. A raíz de su constitución, el fiscal asegura que dicha empresa comenzó a realizar obras para el Ayuntamiento de Sevilla y José Pardo "ideó valerse por su cuenta y riesgo" a fin de obtener adjudicaciones de obras menores de carácter urgente y, de esta manera, "obtener ganancia a nivel individual". Según indica el Ministerio Público, las obras menores urgentes inferiores a 2.400 euros se abordaban a petición de asociaciones de vecinos y "su necesidad era apreciada por el entonces secretario del Distrito Macarena, José Marín, quien "se servía como enlace del otro acusado", el colaborador del mismo distrito Manuel Portela, el cual se encargaba por indicación de Marín "de llamar a las empresas adjudicatarias y de comprobar 'in situ' de que las obras se habían realizado". Así, tras la ejecución de la obra, el empresario que la había efectuado tenía que presentar la correspondiente factura, que le era satisfecha mediante cheque nominativo expedido por el entonces concejal del distrito José Antonio García. A continuación, el procesado José Pardo, "prevaliéndose del conocimiento personal que había adquirido a través del partido político al que pertenecía respecto de los funcionarios acusados que detentaban cierto poder de decisión dentro del distrito", supuestamente consiguió que le llamaran para formular presupuestos en relación al importe de obras menores. "Esta llamada se producía hacia otras empresas o sociedades sin que se conozca estrictamente si el proceso de adjudicación se hacía mediante concurrencia de una o varias para la misma obra pues no se formalizaba expediente a tal efecto", continúa el fiscal. A tal efecto, en 28 obras menores, posteriormente incluidas en una "cuenta acreditativa por inversión de fondos a justificar", previa presentación y aprobación de un presupuesto que venía con la indicación de la compañía COS, José Marín presuntamente expidió y firmó las correspondientes "órdenes de actuación urgentes" que "no estaban exentas de irregularidades u omisiones importantes". El fiscal refleja que el presupuesto aparecía en ocasiones "como anterior a la solicitud de obra o posterior al inicio de la obra y no constaba a veces la fecha de la solicitud, ni se decía fecha de inicio o de terminación de la obra". Además, en todas estas órdenes figura José Pardo como representante de 'Contratas y Obras Sevilla' "sin que se le pidiera justificación del poder". Al mismo tiempo, este acusado, que conocía la mecánica operativa antes descrita, presuntamente confeccionó impresos de presupuesto y de facturación de la compañía COS, que tenían algunas diferencias relevantes con los usuales de la sociedad. De esta forma, presentó 28 facturas de las obras a primeros de mayo de 2003, "siéndole satisfechas mediante cheques nominativos que rellenó materialmente con su letra y que firmó el concejal García", poco antes de las elecciones municipales. Al hilo, Marín mandó a fotocopiar dichos cheques para remitírselos a la intervención municipal, "figurando en ellos el nombre de la compañía en anagrama --COS-- como persona acreedora sin más aditamento, a excepción de tres talones que sí portaban el nombre de José Pardo". Con posterioridad, el imputado Marín escribió el nombre completo de José Pardo García en tales cheques originales, de modo que éste último "pudo cobrarlos por ventanilla en la correspondiente entidad bancaria". FACTURAS DUPLICADAS Entre las obras figuran las consistentes en demolición de módulos frente a la barriada de las Almenas, en la capital, y demolición de módulos en plaza de la iglesia de la barriada de San Diego. La Fiscalía entiende que "en realidad se trataba de la misma factura duplicada con diferente modo de describir la misma obra a realizar y no ejecutada". Pericialmente, el fiscal determina que tampoco fueron ejecutadas, y sin embargo fueron objeto de pago a José Pardo por José Marín, cuatro obras más por importes de 168 euros, 2.365 euros, 2.365 euros y 2.299 euros. Asimismo, la calificación asegura que "se ha comprobado que hay facturas que suponen duplicados de obras ya realizadas y también han sido satisfechas". Ante tales circunstancias, el Ministerio Fiscal estima que las obras reseñadas "eran conocidas por el acusado José Marín, que, con la colaboración y anuencia del acusado Manuel Portela y con su silencio posterior, consintió que José Pardo se apropiara lisa y llanamente del importe correspondiente a las mismas". Aparte de las penas de prisión, el fiscal pide que los acusados de malversación --José Marín y José Pardo-- indemnicen al Ayuntamiento de Sevilla en la cantidad de 20.254,62 euros "en cuanto responsables solidarios" de la operación.