Ante una fuertísima expectación mediática, el proceso se celebrará hasta junio en un tribunal de Palma de Mallorca, isla mediterránea donde hasta hace unos años la pareja fascinaba cuando acudía con sus hijos, cuatro niños rubios de ojos azules, a la residencia estival de la familia real.
El rey Juan Carlos I les había concedido el título de Duques de Palma como regalo de bodas en 1997, en el momento de mayor popularidad de la Corona. Un título que les arrebató Felipe VI en junio, un año después de subir al trono tras la abdicación de su padre, arrastrado por una serie de escándalos con éste a la cabeza.
Ahora, para salvaguardar una imagen que apenas comienza a mejorar, "Felipe VI no puede permitir que haya la menor sombra de duda en el juicio a su hermana", dice a la AFP Pilar Urbano, autora de varios libros sobre la monarquía.
El proceso debe ser "ejemplar, lo contrario le perjudicaría", asegura.
El esposo de la infanta, Iñaki Urdangarin, de 47 años, exmedallista olímpico de balonmano reconvertido en hombre de negocios, está acusado de haber malversado más de 6 millones de euros junto su exsocio Diego Torres.
La suma procedía de contratos presuntamente inflados que, utilizando su influencia cuando era considerado 'el yerno perfecto' del popular monarca, obtuvo de dos gobiernos regionales mediante una entidad sin ánimo de lucro, el Instituto Nóos.
El dinero era supuestamente desviado después a varias empresas pantallas encabezadas por Aizoon, propiedad de Cristina y su esposo.
El juez instructor se esforzó durante años por demostrar que la infanta conocía los negocios de su marido, además de beneficiarse personalmente del dinero malversado.
Chocó sin embargo con la férrea oposición del fiscal que, asegurando no ver indicios de delito, le impidió procesarla por tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Así, Cristina está únicamente acusada de defraudar decenas de miles de euros al fisco y sólo denunciada por una acusación popular -la asociación ultraderechista Manos Limpias- dado que ni la fiscalía, ni la Hacienda pública actuaron contra ella.
"¡Eso ya supone un gran privilegio!", dice a la AFP el abogado Miguel Bernad Remón, responsable de Manos Limpias.
Urdangarin será juzgado por malversación, delito fiscal, tráfico de influencias, estafa y blanqueo. El fiscal pidió para él 19 años y medio de cárcel. Cristina enfrenta una petición de 8 años.
Los primeros días se dedicarán a cuestiones de procedimiento y los acusados no empezarán a declarar hasta el 9 de febrero.
Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia, de 50 años, ha afirmado hasta ahora ignorar todo lo ocurrido y actuar por amor.
"Mi marido, yo confío en él y en su buen quehacer", afirmó en febrero de 2014, cuando fue interrogada durante cinco horas por el magistrado instructor en una sala presidida por el retrato de su padre.
Esa misma estrategia debe utilizar ahora su defensa, según avanzó en abril, si la infanta no consigue finalmente escapar al mal trago.
Sus abogados pedirán el primer día que se le aplique la conocida como doctrina Botín, que en 2007 evitó al poderoso banquero Emilio Botín -difunto presidente del Santander-, ser juzgado en un escándalo financiero al no ser denunciado por la fiscalía ni por los inversores perjudicados, sino únicamente por una acusación popular.
"La aplicación de la doctrina Botín proyectaría una sombra sobre el juicio, daría la impresión de que la justicia no es igual para todos", dice Urbano, ante una sociedad cada vez más intransigente con los privilegios y la corrupción tras años de profunda crisis económica.
Para la maltrecha imagen de la monarquía "todo es malo: si la juzgan es malo, si le aplican la doctrina Botín es malo", considera José Apezarena, biógrafo de Felipe VI.
"Quieras que no, daño le va a hacer", estima, pese a la dolorosa ruptura del monarca con su hermana, empujada a un exilio dorado primero en Washington y ahora en Ginebra, gran ausente de su coronación en junio de 2014.
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