Prevista para hoy la declaración de otros cien imputados en el fraude a la Seguridad Social en Granada

GRANADA, 26 (EUROPA PRESS) Más de un centenar de personas supuestamente implicadas en el fraude a la Seguridad Social en Granada, que asciende al menos a 4,5 millones de euros, están citadas hoy en el Juzgado de Instrucción 9 de Granada, que investiga la causa. Se trata de una nueva ronda de declaraciones que se produce después de la del pasado día 16, jornada en la que aunque inicialmente estaba previsto el testimonio de 107 imputados, sólo optaron por hacerlo un tercio de ellos, por recomendación de sus abogados. A las puertas del edificio judicial de La Caleta, el letrado de algunos de los implicados indicó ese día a los periodistas que ha recomendado a sus representados que se acojan a su derecho a no declarar "mientras que no se sepa de qué se les acusa". Por otro lado, el abogado de los empresarios imputados, Francisco Javier Aguilera, señaló que las dificultades con las que se está encontrando el procedimiento se centran en el número de imputados, que son ya más de un millar --entre trabajadores y empresarios--, por lo que "debería haber una criba". En cuanto a la posibilidad de la retirada de las prestaciones sociales que están recibiendo los implicados, el letrado señaló que el abogado del Estado y el del INEM están efectuando preguntas a los acusados en la línea de que el incremento de la deuda está relacionada "con los continuos abonos que se vienen realizando". En ese sentido, según consideró, "no es muy lógico" que se siga aumentando la cuantía del supuesto fraude cuando se trata de una causa que ya se está investigando hace meses. El número de arrestados asciende ya a 179, después de que la segunda fase de la llamada 'Operación Genil' se haya saldado con la detención de 77 personas como presuntos autores de los delitos de falsedad documental y estafa, a las que se suman las 102 del pasado mes de diciembre, entre los que se encuentran cuatro empresarios --uno de ellos ya en prisión--, a los que se les imputa insolvencia punible, falsificación de documentos, estafa y un delito contra la Seguridad Social. La investigación ha destapado además una posible trama para la obtención de filiaciones ficticias de permisos de residencia por parte de extranjeros. De esa manera la operación se diverge en tres ejes. Por un lado se investiga la cantidad que no se abonaba a la Seguridad Social por las filiaciones; por otro se están analizando las prestaciones percibidas por los trabajadores por desempleo; y finalmente, la utilización de las filiaciones para conseguir permisos de residencia. La operación se inició después de que la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Granada, en el ámbito de los controles habituales en materia de recaudación, detectara la existencia de empresas que, a medida que iban acumulando deuda por impago de las cuotas de seguros sociales, se daban de baja y, tras pasar a una situación de insolvencia, se constituían en nuevas mercantiles gestionadas por las mismas personas y con los mismos trabajadores. Al mismo tiempo, la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social detectaron la inexistencia de obras --ya que las empresas pertenecen al sector de la construcción-- que justificaran el elevado número de trabajadores que las empresas tenían de alta. El Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) también verificó que casi todos los empleados de estas empresas solicitaban prestaciones o subsidios por desempleo tras permanecer en situación de alta los mínimos periodos legalmente exigidos. Tras una denuncia del INEM de Granada en septiembre de 2008 se puso en marcha el operativo policial, que ha puesto al descubierto la existencia de un entramado integrado por al menos doce empresas en la modalidad de subcontratas. En la constitución de las mercantiles se hacían figurar domicilios falsos pertenecientes en algunos casos a profesionales de la gestión, al igual que se consignaban como socios y administradores a personas que no ejercían tales funciones y que no eran sino meros testaferros. Éstos, además, habían sido trabajadores de empresas anteriores, en la mayoría de los casos con amplios antecedentes policiales.