Gobierno de México coordina pesquisas sobre asesinato de alcalde en Michoacán

  • El Gobierno federal mexicano trabaja con las autoridades del suroccidental estado de Michoacán para esclarecer el asesinato del alcalde de Tanhuato, Gustavo Garibay, cometido hoy, informaron fuentes oficiales.

México, 22 mar.- El Gobierno federal mexicano trabaja con las autoridades del suroccidental estado de Michoacán para esclarecer el asesinato del alcalde de Tanhuato, Gustavo Garibay, cometido hoy, informaron fuentes oficiales.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, condenó el asesinato del regidor y expresó sus condolencias a la familia de la víctima en mensajes difundidos a través de la red Twitter.

"Me uno al duelo y me solidarizo con su familia. El Gobierno de la República y el Gobierno estatal estamos trabajando para esclarecer los hechos", escribió.

En el mismo sentido y por el mismo medio se pronunció el comisionado de seguridad del Gobierno federal para Michoacán, Alfredo Castillo.

"He hablado con el gobernador Fausto Vallejo y estamos coordinando esfuerzos federales y estatales para esclarecer este crimen", expuso.

Castillo coordina la estrategia de seguridad y desarrollo para Michoacán lanzada en enero por el Gobierno federal, que se vio forzado a intervenir en ese estado por la violencia del cártel de los Caballeros Templarios y el avance de los grupos de autodefensa civil surgidos hace un año para enfrentarse a esa organización criminal ante la inoperancia de las autoridades estatales.

El alcalde Garibay, del opositor Partido Acción Nacional (PAN, conservador), fue asesinado hoy cuando salía de su domicilio, informaron fuentes del Gobierno estatal.

Las fuentes dijeron a Efe que Gabibay fue acribillado cuando intentaba abordar una camioneta blindada después de salir de su casa y que, de acuerdo con declaraciones de los vecinos, los agresores huyeron en un vehículo.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (fiscalía) informó a su vez de que los asesinos emplearon armas de fuego de al menos tres calibres distintos y realizaron al menos 18 disparos.

Por su parte, Gustavo Madero, quien busca la reelección como presidente del PAN, condenó en nombre de los militantes del partido el asesinato.

Señaló que Garibay ya había sufrido un atentado contra su vida, en octubre de 2012, y que el secretario general del Ayuntamiento de Tanhuato, José Pedro Córdoba Aguirre, fue asesinado en febrero de 2013.

"Estamos muy indignados porque no se respeta la vida en Michoacán, no se brinda una mínima seguridad, ni se dan garantías a los funcionarios legítimamente electos para cumplir con su trabajo", dijo Madero en Manzanillo, Colima, de acuerdo con un comunicado de su oficina.

Asimismo, exigió al gobernador Vallejo "que se investigue este homicidio y se llegue hasta las últimas consecuencias", y que "no siga la impunidad que ha fomentado ese Gobierno del PRI (Partido Revolucionario Institucional)".

Más tarde, en una serie de mensajes por Twitter, Vallejo condenó el asesinato y prometió a los familiares de Garibay no escatimar esfuerzos "hasta dar con los responsables de este crimen".

"Con apego a la ley, pero mano firme, haremos entender a los delincuentes que en Michoacán no habrá más impunidad", añadió.

De acuerdo con medios locales, a raíz del primer atentado Garibay contaba con una escolta de policías federales que le proporcionó el Gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012), del PAN.

Sin embargo, la protección federal le fue retirada durante los primeros meses del Gobierno de Enrique Peña Nieto, del PRI, quien asumió la Presidencia en diciembre de 2012.

Las investigaciones en torno al primer atentado contra Garibay y el asesinato de Córdoba Aguirre nunca esclarecieron los hechos ni derivaron en arrestos.

La presidenta interina del PAN, Cecilia Romero, expresó en un comunicado que "la estrategia en Michoacán sigue sin dar resultados concretos, pues los alcaldes han sido aislados de la misma y han recibido de parte del Gobierno federal un trato indolente, pese a que son ellos quienes mejor conocen los problemas de su localidad".

Romero consideró que el Gobierno mexicano "cometió una gravísima omisión al negarse a restituir la escolta que, de manera inexplicable, se le retiró (a Garibay), a pesar de la solicitud hecha en agosto de 2013 mediante oficio dirigido a la Policía Federal Preventiva y recibido por la Secretaría de Gobernación".

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