Los linchamientos convierten a Bolivia en un país con pena de muerte de facto

Javier Aliaga

La Paz, 8 nov.- Los linchamientos de supuestos delincuentes en Bolivia muestran que en el país rige de facto una pena de muerte aplicada por muchedumbres violentas, turbas ante las que la Justicia casi siempre se ve débil y sin posibilidad de castigar sus crímenes.

"Si bien constitucionalmente no tenemos la pena de muerte, en Bolivia se la va implantando de facto. Cuando la gente hace justicia por mano propia, califica con la pena más grande: el homicidio", lamentó, en declaraciones a Efe, el magistrado suplente del Tribunal Constitucional Milton Mendoza.

Este extremo ha sido constatado estos días con dos linchamientos que se suman a las decenas de los últimos años en Bolivia, donde se cuentan entre diez y veinte casos consumados cada año y una cifra mayor de intentos, según organizaciones de derechos humanos.

El lunes, un joven de 25 años acusado de matar al dueño de una pizzería en el pueblo andino de Sorata fue sacado de su casa por una turba, molido a golpes, arrojado a una zanja donde pasó toda la noche y al día siguiente fue envenenado y finalmente ahorcado.

No fue un homicidio rápido, sino tormentoso y con saña como son los linchamientos protagonizados por las turbas enervadas que actúan sumariamente como policías, fiscales, jueces y verdugos.

Hace una semana, en un cementerio de la ciudad de Santa Cruz (este), en el otro extremo del país, cinco hombres, cuatro de ellos miembros de una familia, mataron a golpes a un albañil creyendo que era un profanador de nichos, cuando lo que hacía era arreglarlos.

Los familiares de los supuestos autores que fueron detenidos han pedido perdón por el error y, según la prensa, ofrecieron mil dólares a la familia del albañil para que retire la denuncia.

Al ser éste un caso con los presuntos homicidas ya identificados podría llegar a una sentencia final, porque el gran problema de las autoridades es no poder juzgar a las turbas, pese a que en ellas se esconden los instigadores y los autores materiales de los crímenes.

"Son muy difíciles de investigar, porque hay muchos autores y hay una solidaridad entre todos ellos, un hermetismo cómplice porque todos participan de una y otra forma y como los procesos duran tanto tienden a quedarse en la impunidad", lamentó Mendoza.

Las turbas han linchado a personas por razones que van desde la sospecha de que son homicidas y violadores a ladrones de bombonas de gas o motocicletas y en casos extremos porque si están borrachas no han logrado explicar su presencia en un barrio donde no les conocen.

Un caso brutal ocurrió en septiembre de 2011 cuando Israel Jesús Colque, de 25 años, fue linchado en una plaza del pueblo de Viacha, cerca de La Paz, tras ser detenido aparentemente en estado de ebriedad por los vecinos que le confundieron con un ladrón, pero él no pudo dar explicaciones porque era sordomudo.

Los grupos de linchamiento rebasan casi siempre a los agentes que intentan frenarlos cuando llegan a tiempo e incluso han invadido hospitales o puestos policiales para rematar a sospechosos, en medio de la impotencia de las autoridades, cuyas vidas también peligran.

Mendoza fue el fiscal que en 2004 investigó el caso emblemático del linchamiento en una plaza del alcalde del pueblo indígena andino de Ayo Ayo y logró llevar a 17 personas a juicio, pero lamenta que hasta hoy no exista una sentencia definitiva en este proceso debido a "la manipulación de la justicia" por parte de los acusados.

Es más, según señaló hace poco la Defensoría del Pueblo, desde hace nueve años ni una sola persona ha sido procesada y condenada después de cometer linchamientos y pareciera que tras la perplejidad inicial por cada caso, todos asumen un "silencio y olvido cómplice".

La Defensoría y Naciones Unidas han reclamado insistentemente que se sancione a los responsables de cada crimen, pero nada ha logrado frenar los linchamientos que se suceden regularmente y a veces se repiten en las mismas regiones como Cochabamba, El Alto y Potosí.

En el fondo de cada drama está la constatación del retraso del sistema judicial ordinario que no goza de la confianza de las personas y del sistema "indígena, originario, campesino", constitucionalmente reconocido desde 2009, que sirve como pretexto a los linchadores para tomar venganza por mano propia, según reconocen los analistas y juristas.

La recurrencia de los linchamientos en comunidades indígenas o en poblaciones urbanas donde hay una fuerte inmigración del campo ha hecho ver a los analistas una relación entre su cultura y la radicalidad con que actúan para juzgar a supuestos delincuentes.

No obstante, la senadora oficialista Sandra Soriano, presidenta de la Comisión de Justicia Plural del Senado, señaló a Efe que no se puede llamar a eso justicia comunitaria ni se puede generalizar la idea de que los indígenas solo resuelven sus conflictos por esta vía tan radical, pues también usan la conciliación y la restauración.

Aún así, reconoce que son recurrentes los casos en el campo que pueden ser considerados "una pena capital de facto", pero que debe frenarse con una mayor acción de la Justicia para evitar impunidad.