En su respuesta a la recomendación de la CNDH, la secretaría de la Armada acepta las observaciones y señala que un "órgano interno de control práctica una investigación por los hechos" denunciados, señala en un comunicado la dependencia.
Elementos de las Fuerzas Armadas han sido blanco en los últimos años de acusaciones de graves abusos contra civiles. En 2014, la CNDH concluyó que entre 12 y 15 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente en Tlatlaya, estado de México (centro), por militares.
En este nuevo caso contra marinos militares, los hechos denunciados ante el ombudsman se registraron en 2012 en Boca del Río, Veracruz (este), una de las regiones más violentas de México.
Según le comunicado de la Marina Armada, ya se ha brindado atención a una de las víctimas y se procederá a asistir al resto de los denunciantes y a reparar el daño.
Una de esa víctimas relató a la CNDH que el 13 de abril de 2012 "desayunaba sola en un puesto de comida (...) cuando una persona se le acercó y le apuntó a la cabeza con un arma, le cubrió la cabeza (...) y le dijo que si no hacía lo que le decían la matarían", indicó esa institución en un comunicado.
Esa persona fue "trasladada a un cuartel de la secretaría de la Armada, sin explicarle las razones o el motivo de su detención, en ese lugar, los elementos navales aprehensores le propinaron golpes, descargas eléctricas en su 'parte' y en los senos", añadió el comunicado.
Finalmente, el 14 de abril de 2012 fue trasladada a instalaciones de la fiscalía federal "donde se le acusó de delincuencia organizada y portación de armas de fuego", añadió la CNDH.
Otra víctima denunció que el mismo 13 de abril, unos marinos llamaron a la puerta de su casa preguntándole "dónde se encontraban las armas o droga", para finalmente "trasladarla con otras cuatro personas a instalaciones navales, donde le propinaron descargas eléctricas".
Esas agresiones derivaron en la amputación de un dedo del pie derecho del denunciante.
El 14 de abril de ese mismo año esos cinco detenidos también fueron a trasladados a instalaciones de la fiscalía federal en la Ciudad de México.
La CNDH no precisó si las seis personas permanecen detenidas ni tampoco las acusaciones contra el resto de los afectados.
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