El CGPJ ha adoptado criterios diferentes a la hora de suspender cautelarmente a los jueces imputados

El órgano de gobierno de los jueces actuó contra Urquía y Calamita con la apertura de diligencias y contra Liaño cuando fue procesado

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha adoptado criterios diferentes en los últimos años a la hora de suspender cautelarmente a los jueces que han sido imputados en causas penales, tal y como podría ocurrirle al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, contra quien el Tribunal Supremo admitió hoy a trámite una querella por prevaricar en la causa que abrió para investigar los crímenes de la Guerra Civil.

Así, en casos como en los de los jueces Francisco Javier de Urquía, condenado por su relación con la trama Malaya, o Fernando Ferrín Calamita, también condenado por retrasar la adopción de una niña por parte de dos lesbianas, la suspensión de funciones se produjo cuando otro magistrado instructor abrió diligencias penales contra ellos.

Sin embargo, en el caso del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, condenado por el Tribunal Supremo en 1999 por prevaricar en la instrucción del denominado 'caso Sogecable', la suspensión cautelar se produjo cuando fue procesado por el magistrado del Supremo Joaquín Martín Canivell por tres presuntos delitos de prevaricación.

En este caso, el Pleno del CGPJ acordó el 19 de junio de 1998 la suspensión del instructor por 17 votos a favor y 4 abstenciones, emitidas por los vocales Margarita Retuerto, Enrique Arnaldo y Manuel Damián Alvarez, elegidos a propuesta del PP, y Emilio Olabarría, propuesto por el PNV.

El texto del acuerdo destacaba que, una vez decretado el procesamiento de Gómez de Liaño, al considerar el magistrado Martín Canivell que había indicios racionales de que cometió tres delitos de prevaricación, "no existen dudas de que se ha declarado haber lugar a proceder contra el mismo", materializándose así la causa de suspensión prevista en el artículo 383.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Nueve años después, en julio de 2008, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España a indemnizar a Gómez de Liaño con 5.000 euros al considerar que no contó con un juicio "independiente e imparcial".

AMBIGÜEDAD DE LA LEY

La diferencia de criterios se produce por la ambigüedad del citado artículo 383 de la LOPJ, que señala que la posible suspensión de funciones de un juez se producirá siempre que se produzcan unos determinados supuestos, entre los que se incluyen la admisión a trámite de una querella en contra del afectado, el auto de procesamiento o la apertura de juicio oral.

En concreto, el punto 1 de este artículo señala que la adopción de medidas cautelares contra los jueces "sólo tendrá lugar cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones".

El apartado siguiente, no obstante, establece que la suspensión de funciones de los jueces imputados en procedimientos penales se producirá "cuando por cualquier otro delito doloso se hubiere dictado contra ellos auto de prisión, de libertad bajo fianza o de procesamiento".

También se puede adoptar esta medida cautelar, según se añade en los apartados 3 y 4, en el caso de decretarse "un expediente disciplinario o de incapacidad, ya con carácter provisional, ya definitivo" o "por sentencia firme condenatoria en que se imponga como pena principal o accesoria la de suspensión, cuando no procediere la separación".