La querella contra miembros de la Administración Bush recae en el Juzgado titulado por Eloy Velasco

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MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La querella presentada contra seis miembros de la Administración del ex presidente de EE.UU. George W. Bush, por establecer las bases legales que permitieron la creación de la prisión de Guantánamo, recayó hoy en el Juzgado Central de Instrucción número 6, del que es titular el magistrado Eloy Velasco, en función de la aplicación de las normas de reparto, que establecen una asignación aleatoria gestionada por un programa informático, informaron hoy fuentes jurídicas.

El juez Baltasar Garzón, responsable en un inicio de la causa, remitió la pasada semana al Juzgado Central de Instrucción Decano --que dirige el juez Santiago Pedraz-- la querella, a la vista de un informe presentado por la Fiscalía en el que se aseguraba que él no era el juez competente para decidir sobre la demanda. El magistrado especificaba en una providencia que el Decanato debía "proceder de acuerdo con las normas de reparto" y remitirlo "al Juzgado que corresponda".

El Ministerio Público se mostró en contra de que Garzón fuera el encargado de instruir la querella, interpuesta contra abogados y juristas norteamericanos acusados de cometer delitos de tortura y privación del derecho a un juicio imparcial por su participación "activa y decisiva" en la elaboración, aprobación y puesta en funcionamiento de un andamiaje jurídico que permitió el modelo de prisión de Guantánamo.

La Fiscalía rechazó la admisión a trámite de esta acción penal y pidió que fuera el juez Ismael Moreno y no Garzón quien procediera a su archivo. Atribuía así al juez Central de Instrucción número 2, la competencia de esta causa, al ser el encargado de investigar los vuelos ilegales de la CIA a esta prisión. El Ministerio Público reflejaba en su escrito la procedencia de "devolver la querella al Decanato para que en estricto cumplimiento de las normas de reparto acuerde su envío al Juzgado Central de Instrucción número 2, como único órgano judicial competente, al objeto de que proceda a su inadmisión a trámite".

En su argumentación, consideraba que "no es aceptable que el Decanato haya remitido directamente la querella al Juzgado de Instrucción número 5 --que dirige Garzón-- en atención a la incorrecta e insuficiente referencia sobre 'antecedentes' que se menciona en la querella criminal interpuesta, y a una interpretación de los mismos absolutamente alejada de la hermeneútica procesal".

El Ministerio Público se mostró, además, en contra de iniciar "una causa general" contra la existencia de ésta cárcel y explicaba en su informe que, en todo caso, la demanda hubiera debido presentarse en contra de un autor directo de torturas que hubiera participado en un caso documentado.

El escrito avanzaba que la Fiscalía elevará consultas al Fiscal General Cándido Conde-Pumpido para establecer criterios jurídicos claros y taxativos que delimiten las condiciones mínimamente exigibles para el ejercicio de la jurisdicción universal. El objetivo es "fijar la posición de debe adoptar la Fiscalía en todos los procedimientos existentes ante los órganos jurisdiccionales de esta Audiencia Nacional por aplicación del principio de Justicia Universal".

TÉCNICAS DE TORTURA

La querella fue presentada a finales de marzo por la Asociación Dignidad de los Presos y Presas de España que considera que estas seis personas son responsables de privar de derechos fundamentales a los prisioneros, estructurar técnicas de interrogatorio que abarcan la tortura y "establecer la más absoluta impunidad para todos los funcionarios, militares, médicos y demás personal que han participado en lo sucedido en el Centro de Detención de Guantánamo".

La asociación acusa en concreto del consejero general del vicepresidente Dick Cheney, David Addington; el asistente del fiscal general Jay S. Bybee; el subsecretario de Defensa para Asuntos Legales, Douglas Feith, el consejero general de la Oficina del secretariado de Defensa William J. Haynes; el segundo asistente del fiscal general John Yoo y el consejero de Bush Alberto R. Gonzáles.

Según la denuncia, los hechos se remontan a los ataques contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 que provocaron "que el anterior Gobierno norteamericano diera inicio a lo que en esa administración se entendió como una guerra sin pausa contra el terrorismo".