La Fiscalía retira la acusación para once procesados en el caso 'Arcos', que llega a su recta final

La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga acogió este pasado miércoles la última sesión del juicio en la que se practicó prueba y el fiscal adelantó a los abogados defensores parte de las conclusiones definitivas, según han asegurado a Europa Press varias fuentes judiciales.

Así, el ministerio público señaló la retirada de toda la acusación para once acusados y del delito de cohecho para la mayoría de los promotores que han sido juzgados, según las fuentes, quienes han apuntado que en general habrá modificaciones en las penas, al cambiarse algunos de los delitos.

El fiscal ha remitido un borrador de la calificación final, que será presentada el próximo lunes formalmente en la sala, con el objetivo de que las defensas puedan realizar también sus escritos y preparar los informes finales sin necesidad de paralizar la vista oral.

El juicio comenzó en noviembre del pasado año 2016 con 48 acusados, pero tras las modificaciones de la acusación, el fallecimiento de dos de los acusados y la prescripción de los delitos por los que se acusaba a dos procesados, serán unos 33 sobre los que el Tribunal tendrá que dictar sentencia.

Además, en las primeras de las más de 50 sesiones de juicio, ocho acusados mostraron su conformidad con los hechos por los que iban a ser juzgados, entre ellos el exsecretario municipal y las dos hijas del exalcalde, acusadas de blanqueo.

En esta causa se juzgan, entre otros, delitos de fraude, malversación, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio, estafa, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y actividades prohibidas a funcionarios.

La mayoría de los procesados en esta causa, investigada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la localidad malagueña de Vélez-Málaga, son empresarios dedicados a la promoción urbanística; aunque también están, además del exregidor, funcionarios municipales o de la Diputación; arquitectos; intermediarios y abogados o asesores urbanísticos.

A Martín Alba se le acusa inicialmente, según la calificación del fiscal a la que tuvo acceso Europa Press, de los delitos de fraude, falsedad, falsedad en documento oficial, cohecho, blanqueo de capitales, malversación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y prevaricación o prevaricación urbanística.

El exregidor sostuvo en su declaración que daba licencias "sin más, de forma automática", porque era la manera "rutinaria" de concederlas; pero insistió en que tenía "conocimiento cero" de urbanismo y en que "nunca" leyó las normas del planeamiento --con unas 40 hojas, según el fiscal-- porque "no tenía tiempo" y estaba "en otros menesteres porque el alcalde era el que tenía que llevarlo todo".

Aseguró que fue regidor desde 1991 --antes fue ganadero, hizo "chapuzas de obras" y "cosillas" en el cante porque es aficionado, según afirmó en el juicio--; pero no tenía conocimiento de lo que conllevaba la modificación del suelo. Apuntó que en 2002 o 2003 "me informaba en la Diputación con otros técnicos" y que se limitó a permitir reformar viviendas en el campo, "con los servicios de agua, alcantarillado, alumbrado público y teléfono".