Acusan a siete carabineros por caso que confirmó desaparecidos en Chile

  • Una jueza chilena dictó hoy auto de acusación contra siete excarabineros como autores del secuestro y homicidio de quince personas en una localidad cercana a Santiago en 1973, a quienes asesinaron e inhumaron en los hornos de una antigua fábrica de ladrillos, informaron fuentes judiciales.

Santiago de Chile, 26 nov.- Una jueza chilena dictó hoy auto de acusación contra siete excarabineros como autores del secuestro y homicidio de quince personas en una localidad cercana a Santiago en 1973, a quienes asesinaron e inhumaron en los hornos de una antigua fábrica de ladrillos, informaron fuentes judiciales.

Los cadáveres fueron encontrados en 1979 en Lonquén, al suroeste de Santiago, y constituyeron la prueba de que la dictadura de Augusto Pinochet hacía desaparecer a opositores.

Hasta entonces, el régimen lo negaba y calificaba las denuncias de "calumnias del comunismo internacional", mientras la prensa oficialista hablaba de "los autodenominados detenidos desaparecidos".

Tras el descubrimiento de los cuerpos, según se ha sabido en múltiples investigaciones por violaciones de los derechos humanos, Pinochet ordenó la operación Retiro de Televisores.

Esa operación consistió en la exhumación clandestina de los cadáveres de centenares de víctimas, que fueron introducidos en sacos unidos a rieles y lanzados al mar desde helicópteros militares.

Hoy miércoles, la jueza especial Adriana Sottovia, de la Corte de Apelaciones de San Miguel, acusó a siete excarabineros, que en 1973 desempeñaban su labor en la localidad de Isla de Maipo, a 46 kilómetros de Santiago, como responsables de los crímenes.

En el antiguo sistema procesal penal chileno, la acusación es el último paso previo a la sentencia de primera instancia.

Entre las víctimas, todos vecino de la zona, había cinco miembros de una misma familia y cuatro adolescentes detenidos en la plaza del pueblo, dos de ellos por estar fumando marihuana.

Los acusados son encabezados por el exteniente coronel Marcelo Castro Mendoza, que con el grado de capitán comandaba entonces la tenencia de Isla de Maipo y se llamaba Lautaro, antes de cambiar hace algunos años su nombre de pila.

El hallazgo de los cadáveres fue posible por una denuncia anónima recibida a fines de 1978 por la Vicaría de la Solidaridad, organismo creado por la Iglesia Católica chilena para defender los derechos humanos y a las víctimas de la dictadura.

Según la resolución, el 7 de octubre de 1973, los carabineros detuvieron a cuatro jóvenes en la plaza de Isla de Maipo y en la noche del mismo día detuvieron en sus domicilios a otras once personas.

El juicio estuvo paralizado durante muchos años en la Justicia Militar, que dio crédito a la versión de los carabineros, de que mientras trasladaban a los presos a Santiago, por orden superior, fueron emboscados en el camino, resultando muertos todos los detenidos, cuyos cuerpos introdujeron en los hornos "por temor".

El año 2008, Marcelo (Lautaro) Castro Mendoza fue condenado a diez años de prisión por el secuestro calificado (desaparición) de otros dos vecinos de Isla de Maipo, Juan de Dios Salinas y Guillermo Bustamante Sotelo, que tras ser detenidos el 14 de septiembre de 1973 por los carabineros fueron acribillados y sus cadáveres arrojados al río Maipo.

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