Colombia juzga a su Ejército por la matanza de civiles

(Bogotá, Colombia).Hace cinco años los cadáveres de siete civiles fueron arrojados en tumbas poco profundas y desperdigadas en los márgenes de un río al norte de Colombia. Casi todos habían sido destripados y desmembrados con machetes. Cuatro eran niños. La brutalidad de la masacre causó un profundo impacto incluso en un país azotado por la guerra y acostumbrado a las atrocidades como es Colombia.

Las víctimas eran vecinos de San José de Apartado, autoproclamada “comunidad de paz”. El pueblo, que rechazaba convertirse en un objetivo militar, había intentado consolidar su neutralidad, y en virtud de ello impidió el acceso a la zona de cualquier grupo armado, desde guerrilleros hasta paramilitares de extrema derecha e incluso el Ejército de Colombia.Un total de 15 oficiales del Ejército colombiano están acusados de esos asesinatos, y estos días se celebra el juicio contra 10 de ellos.

También está en el punto de mira la culpabilidad y la responsabilidad del Ejército colombiano en tan espantosa masacre, en un país donde los crímenes militares quedan a menudo impunes y muchas matanzas terminan sin castigo.

El interés de Estados Unidos en el devenir de estos juicios es también alto, puesto que los estadounidenses han entregado más de 6.000 millones de dólares en ayuda militar a Colombia desde el año 2000, y parte de ese dinero fue a parar a unidades presuntamente implicadas en la masacre de San José de Apartado.

Mientras el juicio intenta saldar la deuda del Estado con esas muertes, todavía hay muchos claroscuros en torno a historias contradictorias y esfuerzos para desviar las culpas de esos actos. En una serie de dos artículos, GlobalPost analiza los acontecimientos posteriores a la masacre, la supuesta implicación de altos cargos del Ejército de Colombia y los intentos de ocultación de los hechos.

GlobalPost ha tenido acceso a testimonios judiciales de oficiales militares y soldados paramilitares que están siendo investigados, ha hablado con investigadores conocedores del caso y ha entrevistado a cuatro coroneles y un general que niegan su supuesta participación.

Este primer artículo analiza los acontecimientos de la trágica jornada, mientras que en una segunda parte -que se publicará mañana en lainformacion.com- se plantean las polémicas preguntas en torno a quién tomó las decisiones operativas determinantes y quién conocía el papel desempeñado por militares en estas acciones.

La masacre

En el centro de San José Apartado hay un montón de piedras. Cada vez que un miembro de la comunidad muere asesinado, sus habitantes pintan su nombre en una piedra y la añaden al montón. En la actualidad hay más de 160 piedras.

La comunidad fue fundada en 1997 por Luis Eduardo Guerra, un reconocido activista en favor de la paz. El 21 de febrero de 2005, Guerra, de 35 años, regresaba a su casa de cultivar cacao, según relataron los vecinos a grupos de derechos humanos y a investigadores. A su lado caminaban su compañera, Beyanira Areiza, de 17 años, y su hijo Deiner, de 11.Cuando Guerra y su familia llegaron al río Mulatos, se cruzaron con un grupo de hombres armados, que procedieron a interrogarles, según ha testificado el comandante Uber Darío Yáñez, de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Los paramilitares estaban patrullando la zona con soldados del Ejército como parte de una operación conjunta para capturar a rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El Ejército había contratado a los paramilitares para que les guiasen por un territorio con el que estaban poco familiarizados, pese al hecho de que las AUC son un grupo armado ilegal, considerado como una organización terrorista por el Departamento de Estado de EE UU y por la Unión Europea.

Según Darío Yáñez, el capitán del Ejército Guillermo Gordillo y cuatro comandantes de las AUC decidieron que “tenían que terminar con ellos o matar a estas personas, porque supuestamente eran informadores de la guerrilla”.

En los días que siguieron a la desaparición de Guerra y su familia, más de 100 miembros de la comunidad de San José de Apartado participaron en una operación a pie y con mulas para encontrarles. Descubrieron el cráneo y las vértebras del niño, separados del resto de su cuerpo, en el margen del río. A Beyanira Areiza la encontraron con sus pantalones de color verde a la altura de las rodillas. Su cadáver estaba amontonado encima de los de Guerra y su hijo.

En realidad no quedaban muchos restos de los cuerpos, escribió Jesús Abad, un fotógrafo del periódico colombiano El Tiempo que acompañaba al grupo que los descubrió. Había un machete entre la maleza.

Los miembros de la comunidad vigilaron los cadáveres, lanzando piedras a los buitres por la noche y al día siguiente para evitar que se deteriorasen aún más los cuerpos, a la espera de que llegase un helicóptero con miembros de la Policía y el Ejército.El mismo día de esos asesinatos, los militares y los miembros de las AUC abrieron fuego contra una casa en la que creían que había miembros de las FARC, según los documentos judiciales.

Era el hogar de Alfonso Tuberquia, otro líder de la comunidad. Una granada lanzada durante el ataque mató a su mujer. Un guerrillero murió en las proximidades como consecuencia de los disparos.Cuando los dos hijos de Tuberquia, Nathalie, de 5 años, y Santiago, de 2, salieron vivos de la casa, los comandantes paramilitares y Gordillo discutieron sobre qué hacer con ellos, según revelaron miembros de las AUC a los investigadores. “Llegaron a la conclusión de que esos niños serían una amenaza en el futuro... que crecerían y se convertirían en guerrilleros”, testificó el paramilitar Jorge Salgado.El miembro de las AUC Joel Vargas dijo a la fiscalía que uno de sus comandantes dio la orden por la radio: “Asesinen a los críos, pero en silencio”.

Testimonios de tres paramilitares revelan que Gordillo dio la misma orden mientras estaba de pie al lado de la casa, una orden que el ex capitán desmiente. Gordillo no aceptó ser entrevistado para este artículo.

En ese momento, apareció un hombre. Era Tuberquia.Los miembros de las AUC presentes describieron a los investigadores una escena desgarradora. “¡Papá!”, gritaron los niños mientras corrían hacia él. Con las manos en alto detrás del cuello, Tuberquia les aseguró que no pasaba nada. “Rogó a nuestros comandantes que por favor no matasen a los niños, que si querían que le matasen a él, pero que dejasen a los niños vivos”, dijo Salgado.

Los comandantes paramilitares y Gordillo discutieron lo que iban a hacer, según los testimonios de los soldados. “Hicimos un pacto verbal, por parte de los militares y por parte del personal que tenía a mi cargo, de que no diríamos nada”, relató Vargas.Tuberquia, intuyendo al parecer el futuro que les esperaba, dijo a sus hijos que estaban a punto de iniciar un largo viaje y que quizás no volverían.

Nathalie puso algunas ropas de su hermanito en un hatillo y dijo adiós con la mano, contó Salgado.Asegura que vio cómo un compañero lanzaba al suelo a Tuberquia de una patada y le apuntaba a la cabeza con su pistola, diciéndole que él y su familia tenían que ser ejecutados por colaborar por los guerrilleros.Salgado agarró a Nathalie, que fue separada de su hermano. “Durante unos momentos me llevé a la niña y pude darle una lata de salchichas que llevaba en los bolsillos”, dijo.

Después de dejarla con los otros soldados paramilitares, vio lo que ocurría a lo lejos: “Vi cómo Cobra agarraba a la niña con una mano... la agarraba por el pelo y le acercaba el machete al cuello, y se caía al suelo”. Días después, los miembros de la comunidad se encontraron los cuerpos de los adultos desmembrados, y los de los niños con los estómagos abiertos.

Esa tarde, el coronel Orlando Espinosa y Gordillo informaron al batallón por radio que se había producido un enfrentamiento armado pero que no sabían quiénes habían participado. Unas horas más tarde Espinosa escuchó de nuevo al capitán. El informe de Gordillo fue: “Nada fuera de lo corriente”.

Preguntas sin respuesta

A Guerra y su familia se los toparon miembros de la brigada 17 del Ejército que buscaban a guerrilleros de las FARC. Dos semanas antes, las FARC habían matado a 19 solados en el estado de Antioquía. Había sido un gran golpe a los militares, que requería una respuesta. Así nació la operación Fénix, con el objetivo de ir a por los guerrilleros que estaban detrás de esa acción, según los testimonios judiciales de los oficiales del Ejército colombiano.

El Ejército decidió entonces que los batallones -que no conocían bien la zona- utilizarían guías locales, una práctica legal siempre que los guías fuesen civiles desarmados o combatientes desmovilizados. Esa decisión, que resultaría letal, está ahora en el centro de la investigación sobre quién debe ser culpado por la masacre.

En lugar de contratar a civiles, el Ejército está siendo acusado de recurrir a fuerzas paramilitares de las AUC, que han asesinado y obligado a desplazarse a miles de supuestos simpatizantes de la guerrilla.

El capitán Gordillo, que lideró varias unidades del Ejército, ha llegado a un acuerdo con la fiscalía y es el único oficial que acepta alguna responsabilidad en la matanza. Gordillo dijo a la acusación que los guías eran miembros de los batallones de la muerte de las AUC.

Documentos en manos de los jueces muestran que los oficiales militares y los comandantes de las AUC decidieron que los paramilitares se encargarían de abrir el camino, seguidos muy de cerca por las tropas del Ejército. Gordillo dijo a los investigadores que más de 100 militares patrullaron acompañados por unos 50 paramilitares. Todavía no se sabe si los mandos militares sabían quiénes eran los guías y si intentaron ocultar los hechos.

(Lee la segunda parte del reportaje sobre la masacre de San José Apartado mañana en lainformacion.com).