Defensa de presos paraguayos en huelga de hambre apelará su encarcelamiento

Asunción, 11 abr.- La defensa de cinco campesinos paraguayos acusados de intento de homicidio por una matanza en 2012 y que cumplieron 57 días en huelga de hambre, apelará hoy la decisión de un tribunal de mantenerlos en prisión preventiva, en lugar de concederles el arresto domiciliario.

Los letrados presentarán el recurso ante un juzgado de Salto del Guairá, donde un Tribunal de Sentencia negó el pasado miércoles la petición de la defensa de que los imputados esperen en sus casas el juicio, marcado para junio.

"La apelación la vamos a presentar hoy", dijo a Efe Vicente Morales, abogado defensor.

Tras ello, la Fiscalía contará con 24 horas para responder, tiempo a partir del cual la corte de apelación emitirá su fallo en un plazo de cinco días, sin que se celebre ninguna audiencia, explicó el letrado.

El Tribunal de Sentencia convocó hoy formalmente a la defensa para estar presente durante un reconocimiento médico de los campesinos en el hospital militar, donde están internados, pero aunque los letrados acudieron, los jueces no lo hicieron, dijo Morales.

Los campesinos fueron trasladados a ese centro el pasado fin de semana desde la cárcel de Tacumbú debido a su delicada situación de salud.

Cuatro mujeres, familiares de los presos, se encadenaron ayer a la puerta del hospital para exigir el arresto domiciliario.

"Quiero que sepan nuestro dolor y que el Gobierno haga algo porque si no se van a morir ahí. Nosotros queremos sacarlos con vida", dijo a Efe Mirta Benítez, hija de Felipe Benítez, que con 58 años es el mayor de todos los presos.

"Yo le veo muy mal a mi papá. Se está muriendo ya", añadió.

Raquel Villalba, mujer de Rubén Villalba, de 47 años, reconoció que el dictamen del juzgado de Salto del Guairá fue un duro golpe para todos ellos y apeló al presidente de Paraguay, Horacio Cartes, para que "vea que esto es una injusticia y que haga Justicia".

Morales dijo que los campesinos están "muy, muy débiles", en particular Adalberto Castro, un hombre de 25 años de constitución delgada, que ya no tiene ganas ni de tomar agua, según manifestó.

El estado de salud de los cinco fue uno de los argumentos de la defensa para pedir el arresto domiciliario, pero el Tribunal de Sentencia lo denegó "al no determinarse enfermedad grave o terminal".

La Fiscalía se opone a la petición con la tesis de que la ley paraguaya no lo contempla para personas imputadas por crímenes.

En la apelación, la defensa intentará refutarlo con un ejemplo de 2012, cuando un tribunal concedió el arresto domiciliario a unas personas que llevaban 59 días en huelga de hambre, a lo que la Fiscalía no se opuso, explicó Morales.

"Hay un trato desigual" entre los dos casos, aseveró el letrado.

Los labriegos iniciaron una huelga de hambre para exigir su puesta en libertad y que se determine la titularidad de unas tierras en disputa por las que se produjo una matanza que acabó con la vida de 17 personas.

Los hechos ocurrieron en junio de 2012, cuando la Policía intentó desalojar a un grupo de campesinos que había invadido unas tierras cuya propiedad se disputan el Estado y la familia del fallecido Blas Riquelme, quien fue un importante funcionario del Partido Colorado, actualmente en el poder.

Los campesinos invadieron las tierras para forzar su vuelta al Estado y que formaran parte de la reforma agraria, pero durante el enfrentamiento, en una zona rural del municipio de Curuguaty, a unos 250 kilómetros al este de Asunción, murieron once campesinos y seis policías.

Una semana después, el Parlamento paraguayo destituyó al entonces presidente, Fernando Lugo, tras un controvertido juicio político y nombró como presidente a Federico Franco, del Partido Liberal, hasta ese momento aliado del Gobierno.

Los campesinos están acusados de intento de homicidio de los policías, mientras que no hay una investigación sobre la muerte de los once labriegos.

También están imputados por asociación criminal e invasión de inmueble ajeno.