El gobierno de Alfonsín estuvo marcado por su impulso a los Derechos Humanos

BUENOS AIRES, 1 (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) El ex presidente radical argentino Raúl Alfonsín, de 82 años, fallecido en la noche del martes a causa de una neumonía, que se había agravado como consecuencia de un cáncer de pulmón que padecía desde hace varios años, llegó al Poder Ejecutivo con la promesa de castigar las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura militar (1976-1983). Y consecuente con esa promesa uno de los primeros decretos que firmó fue para crear la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), encabezada por el escritor Ernesto Sabato, e integrada por destacados intelectuales, para investigar los delitos cometidos por los militares. El informe elaborado por la Conadep, pasó a la historia argentina, por su título 'Nunca Más'. Esas fueron las palabras que pronunció el fiscal Julio Strasserra, en el alegato final contra los ex comandantes militares, quienes fueron condenados en 1985 por la Cámara Federal, aunque luego se beneficiaron con el indulto firmado por el ex presidente Carlos Menem. La decisión de enjuiciar a los militares que habían cometido violaciones a los derechos humanos marcó todo el mandato del presidente radical, quien había derrotado en los comicios de octubre de 1983 al candidato del peronismo, Italo Luder. Fue la primera vez que un candidato radical a la presidencia derrotaba a uno del peronismo. Los plantes de los militares por los juicios que se desarrollaron contra los acusados de haber torturado y desaparecido a miles de militantes políticos, sindicales, e intelectuales obligaron a Alfonsín a impulsar en 1986, la llamada Ley de Punto Final, para cerrar los juicios en marcha. Esa concesión a los militares rebeldes no fue suficiente y al año siguiente, durante la Semana Santa, hubo una nueva sublevación militar, encabezada por veteranos de la Guerra por las Islas Malvinas, en 1982. Una multitud se congregó entonces en la Plaza de Mayo y Alfonsín anunció el fin del amotinamiento con una frase que quedó registrada en los archivos: "La casa está en orden, Felices Pascuas". Luego de haber logrado que los sublevados depusieran sus armas, Alfonsín impulsó la llamada "ley de obediencia debida", que excusaba de ser juzgados a los militares más jóvenes, con el argumento de que habían cumplido las órdenes dictadas por sus superiores. Finalmente, las dos leyes, la de Punto Final y la de Obediencia Debida, fueron anuladas por el Congreso Nacional, durante el gobierno del peronista Néstor Kirchner (2003-2008) y los juicios contra los militares volvieron a iniciarse. Varios de ellos están actualmente en marcha.