El TSJPV admite a trámite el recurso del Gobierno contra las ayudas del Ejecutivo vasco a familiares de presos de ETA

El Tribunal podría suspender cautelarmente las ayudas en un mes, tras la presentación de alegaciones por parte del Ejecutivo vasco

BILBAO, 8 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) admitió hoy a trámite el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado, a instancias del Gobierno de Zapatero, contra las ayudas que el Ejecutivo vasco concede a familiares de presos de ETA para sufragar los gastos de los viajes que realizan a las cárceles, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.

La Abogacía del Estado formalizó ayer ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV la impugnación, que los Ministerios de Interior y de Justicia acordaron plantear, en la que se solicita la suspensión cautelar de la orden aprobada por el Departamento que todavía dirige Joseba Azkarraga por el que se conceden las subvenciones.

La orden, del pasado 24 de marzo, otorga 225.081 euros a desplazamientos de familiares realizados durante 2008 para visitar a personas penadas o en prisión preventiva.

Las mismas fuentes señalaron que la admisión a trámite será notificada al Gobierno vasco, probablemente, el próximo martes, para que, en el plazo de diez días hábiles, presente las alegaciones que considere oportunas.

En un mes podría estar resuelto si se dictan las medidas cautelares que solicita la Abogacía del Estado, lo que significaría la suspensión de la ejecución de la orden gubernamental por la que se conceden estas ayudas. La resolución del fondo del asunto, por su parte, podría retrasarse hasta dentro de alrededor de un año.

LEY DE VICTIMAS DEL TERRORISMO

El recurso del Gobierno central alude, para recurrir la orden de ayudas a familiares de presos, a la Ley de Reconocimiento y Reparación a las víctimas del terrorismo, que fue aprobada en junio de 2008.

En el artículo 9 de esta norma, titulado 'Paz, libertad y convivencia', se expone que se pondrán en marcha medidas activas para "la deslegitimación ética, social y política del terrorismo, defendiendo y promoviendo la legitimación social del Estado democrático de derecho".

Asimismo, establece que, en aquellas iniciativas de promoción de los valores democráticos y los derechos humanos que se consideren idóneas, "se contará con el testimonio y participación de las víctimas del terrorismo".

La Abogacía de Estado justifica la petición de la suspensión cautelar de la resolución del Departamento vasco de Justicia en que, con ella, pretende que "no se pueda causar un mal que, posteriormente, sería irreparable".

DESDE LOS 90

Las subvenciones a familiares de presos se concedían desde los años 90, cuando Eusko Alkartasuna llegó a la Consejería de Justicia con Sabin Intxaurraga y estas ayudas se tramitaron, en un principio, a través de la organización de la izquierda abertzale Senideak. A partir de 2003, el Ejecutivo autonómico lo incluyó en los Presupuestos, dentro de las partidas dirigidas a ayudas a las familias.

El Gobierno vasco en funciones adelantó este año la convocatoria de ayudas, que se publicó 23 días después de las elecciones autonómicas del 1 de marzo. El decreto lo firmó el propio consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, apenas tres días después de las elecciones del 1 de marzo, cuando ya se había visualizado la posibilidad de que EA quedase fuera del Gobierno y el líder del PSE-EE, Patxi López, pudiera hacerse con la Lehendakaritza.

El actual consejero de Justicia en funciones, Joseba Azkarraga, reconoció en 2002 en el Parlamento vasco que Senideak y su sucesor, Etxerat, habían recibido 91.401 euros desde 1999, mientras que en 2001 se les concedió algo más de 42.000 euros. Ese mismo año, Azkarraga admitió que daría ayudas mientras existiera la dispersión.

Fue a partir del año 2003, cuando el Gobierno vasco incluyó las subvenciones en el apartado dirigido a 'Familias', y ha superado, a partir de entonces, los 200.000 euros anuales.