Empieza el juicio a ex jefe de cárcel ilegal por crimen de un joven en la dictadura

  • Buenos Aires, 26 abr (EFE).- El ex general Santiago Omar Riveros, jefe de una de las mayores cárceles ilegales de la dictadura, comenzará a ser enjuiciado este lunes junto a cinco represores por el crimen por empalamiento de un adolescente secuestrado en el marco del Plan Cóndor, cuyo cuerpo apareció en las costas de Montevideo.

Empieza el juicio a ex jefe de cárcel ilegal por crimen de un joven en la dictadura

Empieza el juicio a ex jefe de cárcel ilegal por crimen de un joven en la dictadura

Buenos Aires, 26 abr (EFE).- El ex general Santiago Omar Riveros, jefe de una de las mayores cárceles ilegales de la dictadura, comenzará a ser enjuiciado este lunes junto a cinco represores por el crimen por empalamiento de un adolescente secuestrado en el marco del Plan Cóndor, cuyo cuerpo apareció en las costas de Montevideo.

Se trata del primer juicio de la "megacausa" abierta por delitos de lesa humanidad cometidos en el complejo militar de Campo de Mayo, en las afueras de Buenos Aires, donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención montados por la última dictadura argentina (1976-1983).

El juicio por los secuestros de Floreal Avellaneda y de su madre, Iris Pereyra, y por el asesinato de este joven de 15 años que militaba en la Federación Juvenil Comunista estará a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, situado a las afueras de la capital argentina.

En el banquillo de los acusados se sentarán Riveros, quien se desempeñó como comandante de Institutos Militares y condujo la zona 4 en Campo de Mayo entre 1975 y 1978; y el ex general Fernando Ezequiel Verplaetsen, quien ejerció como jefe de inteligencia de la unidad militar.

También se encuentran acusados el ex director de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo Osvaldo García, los ex militares César Fragni y Raúl Harsich, y Alberto Aneto, quien fuera principal de la comisaría de Villa Martelli, donde "El Negrito" Avellaneda y su madre fueron torturados.

Riveros, Verplaetsen y García gozaban del beneficio de la detención domiciliaria, pero en vísperas del juicio fueron trasladados a un penal federal.

Durante el llamado Juicio a las Juntas Militares, Riveros fue condenado por su actuación, pero en 1989 fue liberado en el marco de los indultos dictados por el ex presidente argentino Carlos Menem (1989-1999), aunque años más tarde quedó imputado por el robo de bebés a víctimas de la represión, un delito imprescriptible.

Se trata además del primer juicio por delitos de la dictadura en el que un partido político, el Comunista, aparece como querellante del proceso, que estará a cargo del tribunal integrado por los magistrados Lucila Larrandart, Marta Milloc y Héctor Sagretti, precisaron portavoces judiciales.

El "Negrito" Avellaneda y su mamá fueron secuestrados el 15 de abril de 1976 por un grupo de tareas del Ejército que los llevó desde su casa en la localidad bonaerense de Munro a la comisaría de Villa Martelli, donde fueron torturados para que revelaran el paradero de su padre, un delegado gremial afiliado al Partido Comunista.

El secuestro se produjo en el marco de un operativo del Plan Cóndor, como se denominó a la coordinación represiva de los regímenes militares del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980.

La madre fue liberada en 1978, pero el joven fue brutalmente asesinado y su cuerpo apareció el 14 de mayo de 1976 en aguas del Río de la Plata, en la costa uruguaya, junto a otros siete cadáveres.

Los investigadores creen que el adolescente fue una de las víctimas de los denominados "vuelos de la muerte", mediante los cuales los detenidos de manera ilegal eran arrojados al océano Atlántico.

En el juicio se espera que desfilen 124 testigos, entre ellos, la madre del joven y el padre, también llamado Floreal Avellaneda, quien vivió en la clandestinidad durante el régimen.

Los delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo están fragmentados en unas 40 causas, que contemplan 500 víctimas, explicó el abogado Jorge Brioso, que representa a Iris Pereyra, una de las querellantes.

"Manifestamos nuestro desacuerdo con estos juicios parcializados que reproducen y son funcionales a la impunidad", indicó en un comunicado el colectivo Justicia Ya, integrado por organizaciones de derechos humanos.

Representantes de las entidades anunciaron que se acercarán a los tribunales este lunes para presenciar el inicio del juicio, en el que también actúa como querellante el Gobierno argentino.

Según cifras oficiales, 18.000 personas desaparecieron en Argentina durante el último régimen, aunque organismos de derechos humanos afirman que las víctimas fueron 30.000.