Fiscalía afirma que no hay "una mínima base probatoria" contra Soria (PP) en una denuncia del 'caso eólico'

Anticorrupción interpone un recurso de súplica y pide que se incoen diligencias previas para investigar el caso

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía ha presentado ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) un escrito en el que considera que "no existe una mínima base probatoria" en la denuncia relacionada con el 'caso eólico' interpuesta por el periodista Carlos Sosa contra el presidente del PP en las islas, José Manuel Soria, en la que se le imputaban presuntos delitos de cohecho continuado, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionario público, infidelidad en la custodia de documentos, falsedad en documento oficial, presentación en juicio de documento falso, falso testimonio, receptación y otras conductas afines.

En todo caso, en el mismo escrito, el fiscal Anticorrupción de la Provincia de Las Palmas, Luis del Río Montesdeoca, plantea un recurso de súplica contra el auto del pasado 11 de mayo en el cauce procesal de las diligencias previas conocido como el 'caso eólico', en el que la Sala decidió no admitir a trámite la denuncia contra el también vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo regional, así como contra su esposa, María del Carmen Benítez, el ex consejero de Industria del Gobierno de Canarias y hermano de Soria, Luis Soria López, y el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, José Manuel Arnáiz, por los mismos supuestos delitos.

La Fiscalía considera que procede remitir testimonio de la denuncia y documentos obrantes en las diligencias previas al Juzgado Decano de los de Las Palmas para que proceda a su reparto al Juzgado de Instrucción que por turno le corresponda a fin de que incoe diligencias previas con el fin de investigar los hechos denunciados, salvo en lo relativo a la persona aforada, José Manuel Soria, y, sin perjuicio, de que "si surgiesen indicios incriminatorios contra el mismo, la Sala sería la competente para la instrucción de la causa en virtud de tal aforamiento".

"FAVORECER A DETERMINADOS EMPRESARIOS"

El representante del Ministerio Público recuerda en su escrito que en la denuncia presentada en esta Sala se imputan una serie de hechos a diversas personas, en su mayoría cargos públicos, consistentes en "facilitar información privilegiada y tratar de favorecer a determinados empresarios en la adjudicación de parques eólicos" en el concurso que posteriormente se convocó por Orden de 14 de octubre de 2004, por la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias.

Por otra parte, también se denuncia el "cobro de una dádiva por tales favores, consistente en el disfrute gratuito de un inmueble propiedad de una sociedad de la que es titular uno de los empresarios antes mencionados, así como la presentación en un órgano judicial de documentos falsos en perjuicio de un tercero".

"DIVERSOS INDICIOS"

Respecto a la conducta consistente en presuntamente facilitar información privilegiada e intentar favorecer a determinados empresarios en la adjudicación de parques eólicos en el concurso, aparecen expuestos en la denuncia "diversos indicios", sostiene el fiscal.

Argumenta que en primer lugar, el contrato celebrado en enero de 2005 por el presidente de la Autoridad Portuaria, José Manuel Arnáiz, con las entidades Mediotec Inversiones sa y Promotora de Recursos Eólicos 2004, SL, que según parece ha sido declarado lesivo por el Ministerio de Fomento, así consta en la denuncia.

Resultando, en su opinión, "sorprendente que la Autoridad Portuaria decida presentarse al concurso con los estudios de la anterior empresa, a cambio de precio, para después convocar un concurso y, si ésta no resulta adjudicataria, pagar otro precio adicional, cuando en noviembre de 2004 la empresa pública Megaturbinas de Arinaga --de la que era titular la Autoridad Portuaria, junto al ITC del Gobierno de Canarias y una sociedad del Cabildo-- decide no presentarse al mismo a pesar de que su objeto social era el aprovechamiento de las energías renovables, particularmente la eólica, y que al parecer ya había hecho algún estudio al respecto".

En este sentido, el fiscal señala que se presenta copia del mencionado contrato en la denuncia. Asimismo, en los hechos probados de la sentencia dictada el 31 de julio de 2008 por el Juzgado de lo Penal número 4 de Santa Cruz de Tenerife, en el Procedimiento Abreviado número 46/2008, aportada con la denuncia, se hace mención a estos hechos cuando transcribe lo relatado por un testigo en una Comisión del Parlamento de Canarias.

En segundo lugar, se relatan ciertas reuniones, tanto en las dependencias de la Autoridad Portuaria como en las de la Consejería de Industria, y viajes que van en la misma dirección argumental. "Si bien sobre esto no se aporta documental alguna, sí que se mencionan algunos testigos que podrían corroborar (o no) tales hechos", añade.

Por otra parte, el fiscal señala que estos hechos no fueron objeto de investigación en el Procedimiento del Tribunal del Jurado 1/2007 seguido ante el Juzgado de Instrucción número 7, cuyo objeto era diferente. Este procedimiento, que se encuentra en fase intermedia, versó sobre un presunto caso de corrupción en el entorno de la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias donde no fueron imputados --ni investigados policial ni judicialmente-- los aquí denunciados. Del Río explica que no concurren, por tanto, "causas de conexidad".

Por ello, respecto de estos hechos y denunciados el fiscal entiende que procede remitir testimonio al Juzgado Decano de los de Las Palmas a fin de que proceda a su reparto al Juzgado de Instrucción que por turno le corresponda.

Igualmente, la Fiscalía considera que "con tales datos no es posible el rechazo 'ad limine' que supone la inadmisión de denuncia, en definitiva, acordar el archivo de las diligencias previas sin la práctica de diligencia alguna".

"SIN PRUEBAS" CONTRA SORIA

"Ahora bien, cosa distinta es que a partir de estos hechos, inferir que el otro denunciado, José Manuel Soria --único aforado-- pudiera estar detrás y ser el artífice o, al menos, participar de alguna manera en ellos, a nuestro juicio no es posible ya que no existe una mínima base probatoria, todo ello sin perjuicio de que en el futuro hubiese algún otro elemento probatorio de carácter incriminatorio", precisa el fiscal.

Igual estima que se puede "decir respecto al cobro de la supuesta dádiva por parte del mismo, consistente en el disfrute gratuito de un inmueble propiedad de la entidad Atlantic Buildingas, S.L., de la que es titular uno de los empresarios". Para ello, siguiendo la línea argumental de la denuncia, el fiscal cree que sería necesario que, "previamente, se acreditase la falsedad de las facturas presentadas que, según se desprende de la denuncia, no se imputa a la persona aforada sino a su cónyuge".

"Extremos éstos sobre los que tampoco correspondería a la Sala instruir, salvo que surgieren nuevos elementos de prueba en que poder fundar tales imputaciones a la persona aforada".

Por ello, la Fiscalía sí comparte con la Sala, "aunque con un razonamiento diferente, estos dos últimos puntos".

Respecto a lo indicado en el auto sobre la no personación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, "sin ánimo de entrar en polémica", Del Río indica que, al margen de los órganos que componen el Ministerio Fiscal "el mismo es único, siendo parte pública, por ministerio de la ley, en un proceso penal como el presente".