Guardia Civil traslada a Dimas Martín desde cárcel de Tahíche (Lanzarote) hasta su casa para registro domiciliario

ARRECIFE (LANZAROTE), 25 (EUROPA PRESS)

Dos agentes de la Guardia Civil de Lanzarote han procedido al traslado del presidente honorífico del Partido Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, desde la cárcel de Tahíche hasta su vivienda familiar para proceder al registro domiciliario con él delante, dentro del marco de la denominada Operación Unión, donde hay un total de 10 detenidos hasta el momento, según indicaron a Europa Press testigos presenciales.

De esta manera, Martín, actual presidente honorífico del partido, ha vuelto recientemente a la cárcel de Tahíche, después de que el pasado 6 de mayo un juez le retirara el tercer grado penitenciario por no haber hecho frente a los 2,4 millones de euros de responsabilidad civil al que fue condenado por un delito de malversación de caudales públicos y delitos contra Hacienda y la Seguridad Social.

Por su parte, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Arrecife, en Lanzarote, ha decretado --en el marco de una investigación judicial declarada bajo secreto de actuaciones-- la detención de 10 personas, entre los que se encuentran políticos, funcionarios y empresarios de la isla, por unos presuntos delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, exacciones ilegales y contra la ordenación del territorio, según informó hoy el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

A los detenidos se les imputan varios delitos contra la Administración Pública, tales como cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, exacciones ilegales y contra la ordenación del territorio.

El operativo se ha llevado a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que ha procedido a la entrada y registro en el Ayuntamiento de Arrecife y su oficina técnica, así como otras entradas y registros en empresas y domicilios de los principales imputados, previa autorización judicial.