Juzgan mañana a los empresarios acusados de intentar ocultar un accidente laboral en 2005

GRANADA, 17 (EUROPA PRESS)

Empresarios y varios empleados de 'Robles y Santiago S.L.', empresa para la que trabajaba un joven boliviano en situación irregular que en 2005 perdió la vida al caer de una obra, que no contaba con las medidas de seguridad pertinentes, y cuyos responsables intentaron ocultar para eludir su responsabilidad, irán finalmente mañana a juicio.

La vista, que inicialmente estaba prevista para el pasado 25 de noviembre, se celebrará a partir de las 9,30 horas en el Juzgado de lo Penal 6 de Granada, adonde acudirán los seis acusados, que se enfrentan a penas de hasta un total de 44 años de cárcel y multas de más de 500.000 euros.

La acusación particular, ejercida por el sindicato UGT, pide para cada uno de los empresarios, M.R.L. y M.A.S.M., 13 años de prisión, seis de inhabilitación y una multa de 216.000 euros para cada uno por los delitos de homicidio imprudente, contra la seguridad e higiene en el trabajo, imposición a los trabajadores de condiciones laborales que perjudiquen sus derechos y del de emplear a súbditos extranjeros sin permiso de trabajo.

Para C.R.L., hermano de uno de los empresarios pide ocho años de prisión, seis de inhabilitación, y una multa de 151.200 euros por homicidio imprudente, contra la seguridad e higiene en el trabajo, encubrimiento y omisión del deber de socorro, según el escrito de acusación hecho público hoy por el sindicato.

Al arquitecto L.A.P.M. lo considera UGT autor de un delito de homicidio imprudente y otro contra la seguridad e higiene en el trabajo, por los que le pide seis años de prisión y otros tantos de inhabilitación, así como una multa de 144.000 euros.

Los dos empleados que limpiaron la sangre del fallecido, E.D.L.H.G. y J.M.M., están acusados de un delito de encubrimiento por el que le piden dos años de prisión.

EL FISCAL PIDE HASTA SIETE AÑOS DE CÁRCEL PARA LOS EMPRESARIOS

Por su parte, el Ministerio Público solicita para los dos empresarios, siete años de cárcel, cinco de inhabilitación y una multa de 10.800 euros para cada uno, por los delitos de homicidio imprudente, riesgo y otro contra el derecho de los trabajadores extranjeros. Para C.R.L. y L.A.P.M. pide cuatro años de prisión, cinco de inhabilitación y multa de 6.000 euros por homicidio imprudente y riesgo.

Del delito de encubrimiento son presuntos autores E.D.L.H. y J.M.M., empleados que limpiaron la sangre del fallecido y colocaron tras los hechos las medidas de seguridad con las que no contaba la obra cuando se produjo el siniestro. Para ellos pide el Ministerio Público un año y medio de cárcel.

Los cuatro primeros acusados deberán indemnizar, según el escrito de acusación provisional del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, conjunta y solidariamente a los herederos de Carlos Óscar Romero en la cantidad de 180.000 euros.

Los hechos tuvieron lugar el 14 de febrero de 2005 cuando Carlos Óscar Romero, de 20 años y natural de Bolivia, se encontraba trabajando en una obra del Camino de Albolote en Maracena haciendo labores para la instalación de un ascensor.

La obra la efectuaba la empresa 'Robles y Santiago S.L.' en base al proyecto redactado por el arquitecto superior que conocía el inicio de las obras sin haber efectuado "control de las mismas".

A las 17,30 horas, dado que el andamio colocado para la instalación del ascensor carecía de "plataformas intermedias", rodapiés de protección, escaleras de acceso seguro, así como arnés de seguridad, entre otras medidas de protección, se precipitó al vacío desde una altura de ocho metros.

POR LA CAÍDA SUFRIÓ UN TRAUMATISMO QUE LE PRODUJO LA MUERTE

A consecuencia de la caída sufrió un traumatismo craneoencefálico grave con fractura de base de cráneo cerrada y hemorragia subaracnoidea que le produjo la muerte.

En estos instantes, el acusado C.R.L., hermano de uno de los empresarios, se encontraba realizando tareas de control y supervisión como encargado de la obra, en la que no se adoptaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad.

Además del fallecido, otros trabajadores también en situación irregular en España habían venido realizando trabajos propios de la actividad de la construcción en diferentes obras de Motril, Salobreña y Granada, careciendo del correspondiente permiso de trabajo, en jornadas desde las 7,00 horas hasta fin del trabajo por 35 euros cada una y abonando salarios diferentes según el trabajador estuviera o no en posesión de la documentación.

Una vez ocurridos los hechos, E.D.L.H., J.M.M. y C.R.L. se presentaron en el lugar de los hechos y con la finalidad de impedir la obtención de pruebas sobre el accidente procedieron a limpiar los restos de sangre y a retirar elementos de la obra y a colocar otros de seguridad.

El escrito de acusación del sindicato pide en total casi 20 años más que la acusación realizada por la Fiscalía, que solicitó 25 años de cárcel para los mismos seis acusados por estos hechos.

Según consideraron, en declaraciones a Europa Press, desde el sindicato UGT "las circunstancias que concurrieron en este trágico accidente, así como el cúmulo de desgraciadas circunstancias que rodearon a mismo, ponen de manifiesto, una vez más, no sólo la escasa sensibilidad empresarial ante la Prevención de Riesgos Laborales, sino también el incumplimiento reiterado por su parte de los derechos laborales, recogidos en nuestro ordenamiento jurídico, derechos aplicables a cualquier trabajador, sea cual sea su situación administrativa".