Un ex ministro boliviano asilado en Perú pide que la CPI juzgue caso en el octubre negro

  • La Paz, 10 may (EFE).- Jorge Torres, el ex ministro boliviano asilado por Perú, pidió hoy que la Corte Penal Internacional (CPI) juzgue las responsabilidades en las muertes ocurridas en la represión militar del "octubre negro" de 2003, en el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

La Paz, 10 may (EFE).- Jorge Torres, el ex ministro boliviano asilado por Perú, pidió hoy que la Corte Penal Internacional (CPI) juzgue las responsabilidades en las muertes ocurridas en la represión militar del "octubre negro" de 2003, en el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

En una carta fechada en Lima y distribuida a los medios bolivianos, Torres fija esa posición y confirma además que el Estado peruano decidió protegerlo bajo el estatus de "asilado político".

"Frente a la incapacidad del estado boliviano para garantizar un debido proceso, emplazo, una vez más, a todos los actores involucrados a acudir ante la CPI para que el pueblo conozca la verdad histórica y se establezcan las correspondientes responsabilidades", indica Torres en su misiva pública.

Torres es uno de los ministros del segundo Gobierno de Sánchez de Lozada (2002-2003) que se ha ido de Bolivia, donde el próximo 18 de mayo se iniciará el juicio por las muertes del "octubre negro".

En su carta, el ex ministro indica que salió de su país el 3 de febrero pasado.

Entre septiembre y octubre de 2003 murieron más de 60 personas en las ciudades de La Paz y El Alto durante la represión militar a una ola de protestas sociales que se oponían a un proyecto de exportación de gas hacia EE.UU. por medio de puertos chilenos.

Torres renunció al Gobierno el 13 de octubre de ese año, cuatro días antes de la dimisión del entonces presidente Sánchez de Lozada que partió hacia Estados Unidos donde actualmente reside.

La Fiscalía General acusó al ex ministro Torres de complicidad en homicidio, mientras que el ex presidente Sánchez de Lozada y varios ex colaboradores fueron imputados por genocidio.

En su carta, Torres asegura que siempre "dio la cara" en el proceso y que no pretende rehuir a la justicia, pero que tampoco está dispuesto a convertirse en una "ficha funcional" de intereses que tratan de impedir el conocimiento de la verdad en el caso.

"Mientras se den las condiciones mínimas necesarias para un debido proceso, el Estado peruano, a solicitud mía, ha decidido brindarme protección bajo el estatus de asilado político", sostiene.

Además de Torres, han solicitado asilo en Perú la ex ministra de Participación Popular Mirtha Quevedo y el ex titular de Salud Javier Torres Goitia, acusados de genocidio.

El presidente Evo Morales calificó hoy de "muy grave" que Perú conceda asilo a los ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada y advirtió a su colega Alan García de que su obligación es expulsarlos y ayudar a que sean procesados en Bolivia.