Fallece el fiscal que investigaba el bombardeo del campamento de las FARC

  • Quito, 24 feb (EFE).- Wilmer Gonzabay, el fiscal de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos que investigaba el bombardeo colombiano de un campamento de las FARC en la zona de Angostura (Ecuador), falleció aparentemente por causas naturales, informó hoy la Policía.

Fallece el fiscal que investigaba el bombardeo del campamento de las FARC

Fallece el fiscal que investigaba el bombardeo del campamento de las FARC

Quito, 24 feb (EFE).- Wilmer Gonzabay, el fiscal de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos que investigaba el bombardeo colombiano de un campamento de las FARC en la zona de Angostura (Ecuador), falleció aparentemente por causas naturales, informó hoy la Policía.

El comandante general de la Policía, Jaime Hurtado, dijo a Efe que de las "primeras investigaciones" se desprende que Gonzabay falleció este lunes a causa de un "ataque al corazón".

El fallecimiento ocurrió en Nueva Loja, capital de Sucumbíos, provincia amazónica fronteriza con Colombia donde se encuentra el lugar donde el 1 de marzo de 2008 se produjo el bombardeo que costó la vida al "número dos" de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), "Raúl Reyes", y una veintena más de personas.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, rompió relaciones diplomáticas con Colombia, aún no restablecidas, el 3 de marzo de 2008, a causa de la violación de la soberanía de su país que supuso el bombardeo del campamento guerrillero.

Como parte de las investigaciones del bombardeo, Gonzabay tomó declaración a José Ignacio Chauvín, ex subsecretario del Interior de Ecuador, ahora detenido por presunta vinculación con una supuesta red de narcotraficantes que, aparentemente, operaban con droga proporcionada por las FARC.

Según su propia declaración, Chauvín se reunió siete veces con Luis Edgar Devia, alias "Raúl Reyes", pero en territorio colombiano.

El diario El Comercio recuerda que Gonzabay también investigaba a la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu), a la que se le indaga también por supuestos vínculos con las FARC.

La semana pasada, el Gobierno ecuatoriano rescindió el convenio con Aldhu, lo que le supone perder la protección legal y los privilegios para no pagar impuestos, además de la retirada de los pasaportes diplomáticos de sus miembros.

La decisión de las autoridades ecuatorianas se produjo en medio de la polémica desatada por las supuestas relaciones de Chauvín, ex colaborador de Aldhu, con una organización que traficaba con droga proporcionada por las FARC.