Jornada histórica para los derechos humanos en Ecuador

Jesús Sanchis Moscardó

Quito, 4 oct.- Ecuador vivió esta semana una jornada histórica con la presentación por primera vez ante la justicia de un caso de crímenes de lesa humanidad. Histórica también porque, desde el primer momento, se tomaron contundentes medidas cautelares de prisión, arresto domiciliario o prohibición de salir del país para los diez imputados en el caso.

El proceso marca un punto de inflexión en el tratamiento de los crímenes de lesa humanidad y, en particular, de este caso, sucedido hace 28 años, cuando, según las investigaciones, tres activistas del movimiento armado Alfaro Vive Carajo (AVC) fueron detenidos y agredidos bajo el régimen del fallecido presidente León Febres Cordero (1984-1988).

Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín fueron detenidos de forma "arbitraria", torturados y sometidos a violencia sexual, según el informe de la Comisión de la Verdad, creada para investigar violaciones de derechos humanos cometidas en el país andino.

Pero el hecho de la presentación de cargos contra los imputados no solo fue calificado de histórico por las víctimas, sino también por expertos en derecho, como la profesora del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) Daniela Salazar.

"Absolutamente histórico. Es una de las pocas buenas noticias en materia de derechos humanos en Ecuador", dijo a Efe, al subrayar que gracias a la apertura del caso ante la Justicia "se va a conocer la verdad sobre hechos del pasado".

Salazar recordó que en su momento se tomó la "decisión política de no investigarlos", ya que entonces la Justicia "estaba tomada por la gente del gobierno" de la época.

De no haberse adoptado con posterioridad la decisión de crear la Comisión de la Verdad y elaborar el informe que revela los crímenes "hubiera operado la prescripción penal", lo que hubiera dejado en la impunidad los delitos contra los derechos humanos cometidos en el país, dijo.

Pero la citada comisión y los informes elaborados sirvieron como "noticia criminis" para la Fiscalía en este caso y propiciaron también la creación de una unidad sobre derechos humanos encargada de estudiar los hechos delictivos que se han conocido.

Jarrin reside hoy en Brasil, pero Vaca, quien permaneció desaparecido tres años y Cajas, víctima de abusos sexuales durante su detención, estuvieron presentes en la audiencia de formulación de cargos, en la que revivieron escenas de su cautiverio al escuchar del Fiscal General del Estado ecuatoriano, Galo Chiriboga, el relato de su detención y sufrimiento.

Susana Cajas, hoy asambleísta alterna por el movimiento gubernamental Alianza País experimentó una mezcla de "dolor" por el daño que le causó la experiencia vivida, y de "esperanza", propia y aplicable a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos, según explicó el martes, tras la audiencia.

La profesora Daniela Salazar resaltó la voluntad política existente hoy para investigar, pero lamentó que la ley aprobada en la Asamblea Nacional para reparar a las víctimas de violaciones de derechos establezca una limitación temporal (1983-2008) en cuanto a los casos que pueden acogerse a ella, "lo cual es triste", dijo.

"Lo mejor sería que se investigara en general todos los casos...que haya una ley general, amplia que pueda amparar (a todas las víctimas) de violaciones de derechos, incluidos los de este Gobierno, los de cualquier Gobierno", apostilló.

La jurista, graduada en Derecho por la USFQ y máster en Derechos Humanos por la Universidad de Columbia (Nueva York), expresó su confianza en el trabajo que lleva a cabo la Fiscalía de la Verdad y deseó que los jueces que reciban los próximos casos "tengan el mismo nivel de profesionalismo".

Alertó, en ese sentido, sobre intimidaciones de las que han sido objeto magistrados que han tenido que dictaminar sobre asuntos que afectaban a intereses del Estado y opinó que en estos casos es necesario que el Ejecutivo mantenga distancia para preservar al máximo la autonomía de los jueces.