La Ley de Libre Acceso a la Información Pública cobra vigencia este martes en Guatemala

  • Guatemala, 20 abr (EFE).- La Ley de Libre Acceso a la Información Pública, aprobada el pasado 23 de septiembre por el Parlamento de Guatemala, cobrará vigencia plena en este país a partir de mañana.

Guatemala, 20 abr (EFE).- La Ley de Libre Acceso a la Información Pública, aprobada el pasado 23 de septiembre por el Parlamento de Guatemala, cobrará vigencia plena en este país a partir de mañana.

La norma obliga a los funcionarios públicos de todo nivel a entregar a quienes lo soliciten, sin previo trámite, toda la información relacionada con su función y el uso de los recursos del Estado, y tiene como objetivo contribuir a la transparencia en el uso de los recursos públicos y combatir la corrupción.

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, de acuerdo con la ley, tendrá a su cargo vigilar el cumplimiento de la misma, así como presentar las denuncias penales en contra de los funcionarios que no cumplan con las disposiciones de esa normativa.

Juan Archila, secretario de la comisión de acceso a la información creada por la PDH para cumplir con esa responsabilidad, dijo a medios locales que su oficina "está preparada para recibir las denuncias, revisar los expedientes que correspondan y luego, en su momento, emitir una resolución enmarcándonos en el derecho humano a tener acceso a la información pública".

La nueva ley obliga a todas las instituciones del Estado, incluidas las autónomas y descentralizadas, así como aquellas privadas que por cualquier circunstancia manejen recursos del erario nacional, a informar sobre su gestión y la administración de los recursos.

Cualquier persona, sin importar su condición ni el objetivo para el cual lo solicite, podrá requerir a los funcionarios públicos la información del trabajo que realice así como de la forma en que maneja las finanzas a su cargo.

Los funcionarios que se nieguen a entregar la información solicitada, que obstaculicen la entrega de ésta, la oculten o destruyan, serán sancionados con penas que van desde el despido, pago de multas de 6.500 a 34.000 dólares y prisión de uno a cinco años.

Carlos Barrera, viceministro de Finanzas de Guatemala y encargado de la unidad de esa cartera que asesorará al resto del Gobierno en el cumplimiento de esta normativa, dijo a la prensa que con la entrada en vigencia de la misma "se inicia un cambio cultural para fortalecer la democracia".

Según el ministro guatemalteco de Finanzas, Juan Fuentes, cerca de un millar de instituciones públicas y más de 8.000 organizaciones no gubernamentales, que administran fondos públicos, deberán cumplir con esta ley "sin excusa alguna".

Cada una de estas instituciones, de acuerdo con la ley, deberá de poner a funcionar a partir de mañana una ventanilla especial para atender al público que solicite cualquier tipo de información.

Según Archila, para que se garantice el cumplimiento de esta novedosa ley "lo más importante es exhortar al ciudadano para que haga uso del derecho, porque en la medida en que el ciudadano use ese derecho, la institución se preocupará más por dar cumplimiento a lo que establece la normativa".