La Ley de Transparencia ayudará a aclarar casos como el de los niños robados

Valladolid, 9 may.- La futura Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, actualmente en fase de tramitación, contribuirá a una mayor protección y garantía de los derechos personales y, como consecuencia, a esclarecer casos como el de los 'niños robados'.

La necesidad de reflexionar sobre el nuevo marco para el acceso a la información ha motivado "recientes y abundantes" innovaciones normativas tanto en el seno de la Unión Europea como en el Estado español e incluso alguna comunidad autónoma, caso de Navarra, ha explicado esta tarde en Valladolid el presidente de la Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL), Luis Hernández.

"No obstante, en este ámbito todavía se producen situaciones injustas y los poderes públicos deberán paliar su aplicación y promover su modificación. Es el caso de los niños robados, donde se precisa una corrección en aras de una mayor permisividad en el acceso a la información", ha sostenido Hernández durante la apertura del VI Congreso de Archivos de Castilla y León.

En su defecto, los poderes públicos "pueden adoptar medidas de otra naturaleza que ayuden a las víctimas a conocer sus orígenes, su identidad y su familia", ha añadido convencido como se encuentra de que la transparencia de las administraciones y organismos públicos "es un principio básico que debe ser respetado en toda sociedad democrática".

En la misma línea se ha manifestado, en declaraciones a los periodistas, el adjunto al Defensor del Pueblo, Manuel Aguilar, primer ponente de este congreso, patrocinado por el Ministerio de Cultura y la Junta de Castilla y León, que hasta el viernes reunirá en ponencias y mesas a periodistas, profesores universitarios, técnicos archiveros y juristas, entre otros especialistas.

El Defensor del Pueblo, ha explicado Aguilar, ha recibido numerosas quejas de afectados por casos de 'niños robados' que han motivado contactos con la Fiscalía General del Estado para promover la ejecución de pruebas de contraste a través del ADN.

España, ha recordado Aguilar, "es uno de los seis o siete países del Consejo de Europa -integrado por 47 Estados-, que no ha desarrollado aún el mandato constitucional de una Ley de Transparencia, cuya única restricción o límite, en su opinión, debe recaer en secretos oficiales y cuestiones que afecten de modo directo a la seguridad del Estado.

Esa ley encontraría, según el adjunto al Defensor del Pueblo, en un estadio subsiguiente al de derechos fundamentales como el de la libertad y el de la vida, ha precisado.