Los afectados por la Ley de Costas piden al Gobierno "una reforma razonable" tras la aprobación del informe Auken

VALENCIA, 26 (EUROPA PRESS) El portavoz y asesor jurídico de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, José Ortega, expuso hoy que, tras la aprobación en el Parlamento Europeo del informe Auken, el Gobierno español debe proceder a una "reforma razonable" de esta norma para "mantener la protección del dominio público pero garantizando los derechos de los pequeños propietarios frente a una aplicación abusiva, arbitraria y retroactiva" de la ley con su redacción actual. Al respecto, señaló en rueda de prensa que tras la aprobación por amplia mayoría del Informe Auken sobre abusos urbanísticos en España y abusos por la Ley de Costas el Gobierno dispone ahora de "un instrumento valioso" para "seguir garantizando el uso público de las playas pero subsanando los defectos técnicos" de esta norma especialmente el referido a la definición de dominio público, eliminar la aplicación retroactiva de la ley y fijar compensaciones justas a las expropiaciones. Este abogado señaló que aunque la aprobación de este informe no tendrá consecuencias jurídicas, sí que incluye la posibilidad de congelar los fondos comunitarios para España si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos de varios países de la UE, por lo que el Gobierno se sentirá más obligado a proceder a este reforma. "A partir de ahora las cosas pueden cambiar por esta vía económica", apuntó. De hecho, criticó el documento alternativo propuesto por el Grupo Parlamentario Socialista a instancias del PSOE, partido que sustenta al Gobierno, recordó, en el que se retiraban "estos aspectos sancionadoras económicos". Ortega sostuvo que la parte del informe Auken relativa a la Ley de Costas "no ha caído del cielo" sino que es la consecuencia de la queja contra España que la plataforma presentó el 1 de febrero de 2004 y de la que "no hizo caso ni el Gobierno, ni el Ministerio ni el Defensor del Pueblo", lamentó. Esta Plataforma agrupa a unos 5.00 casos, todos ellos, recalcó su portavoz, "de personas que sufren unos abusos pese a que no se han apropiado ilegalmente del dominio público". En ese sentido, sostuvo que aunque no puede afirmar que la aplicación "tan arbitraria" de esta ley sea una consecuencia de intereses partidistas "todo el mundo sabe cómo están los equilibrios de fuerzas" y la realidad es que "casualmente donde más afiliados hay son en la Comunitat Valenciana y Canarias y sin embargo sólo hay un caso en cataluña y muy pocos en Andalucía". Además, criticó el intento del Gobierno de colocar a la Plataforma a un lado y tratar de poner enfrente a las asociaciones ecologistas cuando "defendemos los mismos intereses" y de hecho que recordó la propulsora de la resolución, la danesa Margrete Auken, es del partido verde. PUNTOS IRRENUNCIABLES No obstante, confió en que pese a todo se lleve adelante una reforma que subsane "los mayores abusos" de la Ley como son la ampliación de la definición de dominio público a los terrenos hasta donde alcancen los temporales extraordinarios en lugar de los ordinarios, "como se había mantenido en los últimos 108 años sin problemas". En caso contrario apuntó que el Gobierno puede ser "rehén" de esta norma y "hacer el ridículo" al tener que declarar de uso público el casco antiguo de San Sebastián afectado tras la tormenta del 13 de marzo de 2008. Además, apuntó "la contradicción" que resulta considerar, como sucede en esta ley, dominio público natural "la acumulación de materiales sueltos naturales o artificiales en lugar de sólo los que tengan su origen natural y marino". Entonces, advirtió, "si un camión te descarga arena en el jardín de tu casa ya puede considerarse una playa pública". El tercer punto a su juicio irrenunciable es la eliminación de la aplicación retroactiva de la ley ya que "no puede ser que un pequeño propietario que compró su casa legalmente ahora sea víctima de una ley posterior". "Esta modificación sí que debe aplicarse de forma retroactiva a todos los perjudicados por la ley actual", reclamó. Por último, exigió compensaciones justas a las expropiaciones. "Es inadmisible que te quiten una propiedad por una concesión y los tribunales aleguen que en toda expropiación conlleva cierta dosis de sacrifico. Eso no figura en ninguna ley", apostilló.