Memoria.- Más de medio millar de personas han pedido ya ser reconocidas como víctimas al Ministerio de Justicia

IU-ICV exige a Caamaño el desarrollo completo de la Ley de Memoria y recuerda al Gobierno su falta de apoyos estables en las Cortes MADRID, 1 (EUROPA PRESS) Mas de medio millar de personas se han dirigido ya al Ministerio de Justicia para solicitar la declaración de reparación y reconocimiento que la conocida como Ley de Memoria Histórica prevé para las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, según anunció hoy el ministro del ramo, Francisco Caamaño, en el Pleno del Congreso. En respuesta a la interpelación que le planteó el portavoz de ICV, Joan Herrera, Caamaño detalló que, desde que se concretó el procedimiento para poder pedir estas declaraciones hace cinco meses, su departamento ha recibido más de 556 solicitudes y que, tras un examen preeliminar, se ha concluido que el 60 por ciento de la mismas se ajustan a los requisitos que establece la norma. Por tanto, próximamente el ministerio expedirá más de 300 declaraciones de reparación y reconocimiento personal a otras tantas víctimas. Este fue uno de los datos que aportó Caamaño para defender que el Gobierno está dando cumplimiento a una norma que lleva 15 meses en vigor. "Todos podemos sentirnos razonablemente satisfechos de los andado en este periodo", comentó el ministro, quien repasó las medidas aprobadas por el Ejecutivo para mejorar pensiones, indemnizaciones y ampliar la concesión de la nacionalidad española los nietos de los exiliados, entre otros puntos. LA OFICINA A LAS VICTIMAS YA FUNCIONA También reveló que 12 brigadistas internacionales han obtenido ya la nacionalidad española sin tener que renunciar a la propia y que en este momento ya está funcionando en Madrid la Oficina de Atención a las Víctimas de la represión franquista, un instrumento que el Ejecutivo decidió crear pese a no estar previsto, en la ley para informar a este colectivo de todos sus derechos y ayudarles a tramitar las solicitudes. Caamaño se centró en explicar que el Gobierno está aplicando ya casi todas las medidas que dependen únicamente del Ejecutivo y, aunque admitió que hay otras que todavía no se han puesto en marcha, recordó que para muchas de ellas se requiere la colaboración de otras administraciones. En este punto, garantizó que Gobierno "trabajará con los demás poderes públicos" para hacer efectiva la ley en todos sus puntos. En resumen, el ministro reafirmó el compromiso del Gobierno y el PSOE con esta norma y aseguró que ha puesto "todo su empeño y ha trabajado sin demora para dar pleno cumplimiento a sus previsiones", pero también dejó claro a Herrera que los socialistas serán "absolutamente respetuosos con la voluntad de las Cortes" y no abrirán ayudas o reconocimientos a otros colectivos no previstos en la ley de 2007. AYUDAS PARA EXHUMACIONES Asimismo, recordó que el pasado mes de octubre, el Gobierno dictó una instrucción para la retirada de símbolos, que se ha elaborado un catálogo de vestigios en el ámbito de la Administración General del Estado. Una comisión técnica y creada valorará cada caso y decidirá si son o no retirados, en función de los criterios que marca la ley. También reseñó avances en materia de archivos y, en réplica a las denuncia de Herrera de que han descendido las subvenciones a las asociaciones que trabajan para la recuperación de la memoria, informó de que se ha abierto una "línea específica" para la concesión de ayudas públicas a los proyectos de estas entidades. En los últimos tres años, según apuntó, la petición de ayudas en este ámbito se ha incrementado en un 88 por ciento y 139 entidades han recibido unos 10 millones de euros para 304 proyectos, el 23 por ciento de los cuales tiene como objetivo localizar, exhumar e identificar a personas que fueron asesinadas durante la contienda y la dictadura. También dijo que el Gobierno está a la espera que de comunidades y ayuntamientos se pronuncien sobre el mapa de fosas y protocolo de actuación científica multidisciplinar para la recuperación de cuerpos redactados por el Ejecutivo. UN PUNTO DE PARTIDA En su intervención, Herrera recordó que Caamaño se comprometió con la Ley de Memoria facilitando un acuerdo sobre la misma cuando era secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y le pidió que demuestre ese compromiso desde su nuevo cargo. Recaló que su formación concibió la norma como "un punto de partida y no de llegada" y por ello exigió que se desarrolle en todos sus preceptos. "La ley necesita de un Gobierno comprometido", enfatizó, a la vez que avisó a los socialistas de que su falta de apoyos estables en las cortes les debería llevar a buscar "complicidad" en estos temas con las fuerzas de izquierdas y recordándole que no pueden acudir a ellas sólo para evitar que salgan adelante propuestas del PP. El portavoz de ICV hizo hincapié en la necesidad de ayudar a los familiares de la víctimas que siguen desaparecidas y reclamó que la Administración se ocupe de sufragar las exhumaciones e identificaciones. Tras denunciar que muchos ayuntamientos ponen trabas en esta materia. Cuando se cumplen justo 50 años de la inauguración del Valle de los Caídos, Herrera denunció que ese "espacio de la vergüenza" siga luciendo símbolos franquistas, en contra de lo que prevé la ley, y continúe albergando los cuerpos de muchos fusilados. En este contexto, exigió la elaboración de un censo de edificaciones y obras realizadas mediante trabajos forzados y que la Fundación Valle de los Caídos adecue sus estatuto a lo previsto en la ley. RETIRAR SUBVENCIONES A QUIEN NO CUMPLA Herrera solicitó también que se obligue a comunidades y ayuntamientos a retirar la simbología fascista, así como a otras instituciones, "como la Iglesia", recordando que la ley faculta al Ejecutivo a retirar subvenciones a quien no cumpla ley. Mencionó, asimismo, a la Fundación Francisco Franco y, en materia archivística entre otras cosas, instó al Ejecutivo a hacerse con los documentos que ésta tiene en su poder y que "en cualquier país normal deberían estar en manos del Estado". Por último, también aprovechó para volver a censurar a la Fiscalía por haber propiciado el archivo de la causa contra el franquismo que intentó abrir el juez Baltasar Garzón. Ante estos reproches, el ministro se limitó a subrayar que el Gobierno respeta "íntegramente" la independencia del Poder Judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal. Aunque no rechazó explícitamente la creación de la Fiscalía especial para las víctimas, destacó que la labor de "acompañamiento" que solicitan IU e ICV la cumplirá la Oficina de Atención este colectivo recientemente inaugurada.