Salgado defiende la "legalidad" del empadronamiento de De la Vega en Valencia, pero el PP pide su dimisión

MADRID, 25 (EUROPA PRESS) La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, aseguró hoy que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, actuó "de acuerdo con la más estricta legalidad" al empadronarse en un municipio valenciano poco antes de las generales, pero el PP pidió su dimisión tras acusarla de "meter la mano en la urna". Salgado respondió así a una pregunta del diputado del PP Esteban González Pons sobre cómo valora el Gobierno que De la Vega pudiera votar en las elecciones generales en Valencia, si la normativa aplicada impide cambios de domicilio posteriores al 1 de noviembre de 2007, y el suyo fue notificado por el Ayuntamiento de Beneixida el 5 de diciembre de ese año. "La vicepresidenta del Gobierno ejerció su derecho al voto de acuerdo con la más estricta legalidad y avalado por la Junta Electoral Central y la Oficina del Censo Electoral, por cierto sin que nadie lo impugnara, cabe preguntarse por qué lo hacen ahora, un año después", señaló Salgado. Dicho esto, la ministra de Administraciones Públicas acusó a los 'populares' de "sembrar dudas sobre personas, instituciones y procedimientos democráticos", aconsejándoles acto seguido que "dediquen sus energías a arrojar luz sobre las zonas oscuras de las actuaciones de algunos de sus dirigentes". González Pons afirmó que esa es la intención del PP al denunciar este hecho, "arrojar luz", y respondió a Salgado que hace un año no se recurrieron estos hechos simplemente porque la resolución que modificó las fechas de composición del censo "no se publicó en el BOE" y, en cambio, "se hizo en secreto y por lo 'bajini'". El dirigente del PP mostró ante los diputados la resolución del censo por el que De la Vega pudo votar en Valencia "después de empadronarse tarde y mal" en el municipio de Beneixida, "es de 7 de febrero y no de 31 de enero, y corrige una resolución de negatoria anterior que no se ha dado a conocer todavía a la opinión pública", denunció. González Pons aseguró que, según la Ley Electoral, "cualquier ciudadano no hubiera tenido más alternativa en las circunstancias de la vicepresidenta del Gobierno que acudir al juez de primera instancia" para alegar cambio de residencia y que le permitieran empadronarse en Valencia fuera de plazo. "Cualquier ciudadano, pero la vicepresidenta no, porque no es una ciudadana cualquiera", agregó. El secretario de Comunicación del PP denunció así que De la Vega "se vio beneficiada por dos decisiones claramente ilegales". Y relató: "Primero por una disposición interpretativa del censo sobre las fechas de composición de las listas electorales que cambió el criterio mantenido durante más de 50 convocatorias electorales desde que existe el censo continuo". NO SE PUBLICÓ EN EL BOE González Pons denunció que dicha resolución "no se publicó en el BOE y no la conocieron los partidos políticos ni la Junta Electoral ni los más de 40 millones de electores españoles". A su entender, además cuando la Administración tiene que cambiar un acto firme comunicado debe iniciar un proceso de revocación que, en este caso, no hubo. Es más, el dirigente del PP afirmó que es "jurídicamente imposible" que un acto administrativo estimatorio sustituya a otro acto administrativo desestimatorio y en este caso se hizo "de una manera arbitraria". "No puede explicar usted ante esta Cámara cómo la Administración del Estado pudo emitir un acto estimatorio después de haber emitido uno desestimatorio sin haber acudido a un proceso de revocación", enfatizó. Por ello, consideró que si de la Vega ha participado en estas decisiones "debe dimitir". "Señorías, la vicepresidenta ha vivido y vive en Madrid como todo el mundo sabe. Si participó en la decisiones que le permitieron votar en Valencia debe dimitir, porque esa es la esencia de la democracia, no meter la mano en la urna cuando se trata de unas elecciones generales", señaló. AL PP LE FALTA RIGOR Por su parte, Salgado respondió a González Pons que le "sobra retórica interesada y le falta rigor", insistiendo en que el caso de la vicepresidenta es "legal y de justicia". Señaló además que "afectó por igual a todos los que habían reclamado" para así "favorecer el derecho al sufragio activo". Acto seguido, la titular de Administraciones Públicas argumentó que "la ley habla del 1 de diciembre y no del 1 de noviembre" y argumentó que la resolución a la que Pons hacía referencia "vino a restituir la legalidad en la interpretación de la ley". "Ustedes donde gobiernan no dan explicaciones, hacen el paripé en comisiones de investigación, cuando una actuaciones les perjudica arrojan la responsabilidad a jueces, policías o los funcionarios. Dejen ya de enredar porque ya se está terminando el crédito que tenían ante los ciudadanos y le pregunto si esa es la razón por la que algunos de sus dirigentes pagan siempre en metálico", concluyó Salgado.