Anticorrupción ve "excesiva" y pide reducir la fianza de 30.000 euros impuesta al PP-A en la causa de avales


SEVILLA|

Considera que podría "dificultar de manera grave el ejercicio de la acción popular" por parte del PP-A

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Provincial de Sevilla que reduzca la fianza de 30.000 euros que la juez María Núñez Bolaños impuso al PP-A para ejercer la acusación popular en relación a la investigación por las presuntas irregularidades en la concesión de préstamos y avales por parte de la agencia IDEA, ya que es "excesiva" y podría "dificultar de manera grave el ejercicio de la acción popular" por parte del PP-A.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público solicita de este modo que sea estimado parcialmente el recurso presentado por el PP-A contra el auto donde la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla les impuso dicha fianza y pide reducir su cuantía "hasta un importe que no impida u obstaculice gravemente el ejercicio de la acción popular" por los 'populares'.

El PP-A recurrió en apelación al entender "desproporcionada" la cuantía de la fianza fijada por la instructora, recuerda la Fiscalía, que pone de manifiesto que, "si preceptiva es la imposición de fianza, no lo es menos que la misma sea adecuada y no impida u obstaculice gravemente el ejercicio de la acción popular".

En este sentido, Anticorrupción asevera que, a la vista de la fundamentación utilizada por la juez en el auto recurrido, "no puede decirse que la decisión de imponer una fianza de 30.000 euros al PP-A parezca ajustada a derecho, pues, más que asegurar las resultas del juicio, muy probablemente pueda producir como resultado en la práctica el de impedir u obstaculizar gravemente el ejercicio de la acción penal por el apelante".

La Fiscalía señala que la instructora impone la fianza en base a la capacidad económica de quien pretende el ejercicio de la acción popular, en este caso el PP-A, y las responsabilidades pecuniarias que para éste pudieran derivarse del ejercicio de la acción penal --"una eventual condena en costas por temeridad o mala fe, con una previsible pluralidad de personas investigadas"--.

RECUERDA LA FIANZA DE 3.000 EUROS IMPUESTA POR EL SUPREMO EN LOS ERE

Al hilo de ello, dice que "no debe olvidarse" que en otras causas en las que se investigan "hechos de entidad semejante a los que aquí nos ocupan", como por ejemplo en la causa de los ERE que se siguió contra los entonces aforados en el Tribunal Supremo, este órgano impuso una fianza de 3.000 euros "a quienes manifestaron su voluntad de personarse como acusadores populares, entre otros, el aquí apelante".

Agrega que, en otros supuestos similares, el importe de las fianzas impuestas por el Supremo ha oscilado entre los 1.500 y los 6.000 euros, por lo que "no parece adecuada por excesiva la cuantía de 30.000 euros fijada en el auto recurrido, pues más que un medio para asegurar las resultas del juicio, parece un obstáculo que puede imposibilitar o, al menos, dificultar de manera grave el ejercicio de la acción popular por parte de la recurrente, con posible vulneración de los artículos 125 y 24.1 de la Constitución".

De su lado, la acusación que ejerce la Junta se ha opuesto al recurso del PP-A porque "el importe que en su caso, la misma acusación popular, tuviera que satisfacer en concepto de fianza en otras actuaciones penales, no puede tomarse en consideración para fijar la cuantía en este caso, pues sería bastante, para eludir el requisito legal, que la misma parte se personara indiscriminadamente en todas las causas penales, lo que sería constitutivo de fraude procesal".

Por su parte, la agencia IDEA también ha solicitado a la Audiencia que rechace el recurso del PP-A, señalando que éste "se limita a afirmar que la fianza no está motivada sin que pruebe en qué medida la cantidad en que se ha establecido limita o impide su derecho de acceso a la jurisdicción, lo que no parece probable dada su condición de partido político de ámbito nacional de notoria presencia en numerosas causas penales como acción popular".

LA FIANZA

Será la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla la que resuelva el recurso presentado por el PP-A.

La juez María Núñez Bolaños impuso una fianza de 30.000 euros al PP-A para ejercer la acusación popular en relación a la investigación por las presuntas irregularidades en la concesión de préstamos y avales por parte de IDEA a fin de "evitar un posible abuso de derecho y fraude procesal" y ante el "riesgo evidente de judicialización de la política".

En un auto fechado el día 24 de octubre, la magistrada otorgó al PP-A un plazo de 30 días para que prestara la fianza, lo que podrá hacer en metálico o mediante un aval solidario de duración indefinida, advirtiéndole de que, si transcurre el plazo sin abonarla, "se tendrá a la parte por definitivamente apartada del procedimiento".

En este sentido, la instructora considera que la cuantía de la fianza fijada es "prudente y equitativa teniendo en cuenta que la fijación" de la misma "no puede establecerse simbólicamente, sino en relación a la naturaleza de los hechos perseguidos y la capacidad de quien la presta".