Según ha precisado a Europa Press el secretario general de CECE-A, Rafael Caamaño, la primera de ellas es "un atentado contra la libertad de elección de los padres respecto a la educación que quieren para sus hijos, de acuerdo con sus convicciones".
"Con una cierta apariencia de legalidad y amparándose en unas interpretaciones ya rechazadas por todos los tribunales, que las han declarado nulas, pretenden convertir la red de centros concertadas en subsidiaria de la pública, con una modificación para que se tenga en cuenta en primer lugar, a la hora de planificar los puestos escolares, la existencia de la red de centros públicos, eliminando igualmente la atención a la demanda social", ha manifestado.
Esta propuesta, que a juicio de Caamaño "anula la libertad de elección de los padres", lo que pretende, añade, es "terminar con la red concertada a medio plazo, máxime teniendo en cuenta las circunstancias actuales de la natalidad y la potestad para la creación de centros públicos que tiene la propia administración, que pretende llenar sus aulas y crear centros y unidades públicas sin tener en cuenta los centros concertados y el derecho de los padres a elegir, ya que sería un criterio prioritario".
La segunda de ellas "abunda en el recorte de libertades, pues pretende la prohibición a las administraciones educativas de concertar las enseñanzas con centros cuyo modelo pedagógico es la educación diferenciada, cuyo acceso es completamente voluntario, teniendo gran demanda por parte de las familias".
Recuerda CECE que la argumentación esbozada ha sido declarada nula recientemente por el Tribunal Supremo, que ha declarado que el modelo pedagógico de educación diferenciada es "tan válido y legitimo como el modelo mixto y que no discrimina ni segrega, declarando la plena validez de los conciertos y condenando a la administración a estar y pasar por esa declaración". Por ello, "toda la argumentación que se expone en la proposición de modificación, con apariencia de buen derecho, ha sido sometida a nuestros más altos tribunales y rechazada por los mismos en todas las instancias".
Igualmente, apostilla la confederación, ocurre con la regulación referida a la asignatura de Religión, "que supone un incumplimiento de los acuerdos Iglesia-Estado".
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