Dastis defiende que el CETA plantea "un modelo de prosperidad compatible con los derechos sociales"


MADRID|
Dastis defiende que el CETA plantea "un modelo de prosperidad compatible con los derechos sociales"

Dastis defiende que el CETA plantea "un modelo de prosperidad compatible con los derechos sociales" MADRID | EUROPA PRESS

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha defendido este jueves en el Pleno del Congreso que el Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea (CETA) plantea "un modelo de prosperidad compatible con los derechos sociales".

Así, en su intervención durante el debate de totalidad de este tratado comercial, ha pedido a la Cámara que dé una "valoración positivo" para no demorar su ratificación, posicionándose "en favor de una Europa más y mejor integrada". Asimismo, ha pedido rechazar el llamamiento de Unidos Podemos para examinar en el Tribunal Constitucional la compatibilidad del acuerdo con la Carta Magna.

Dastis ha recordado que la Unión Europea es el segundo socio comercial de Canadá, y que en virtud del acuerdo las empresas podrán tener "el mismo trato o mejor, que competidores como Estados Unidos". En este sentido, ha señalado que la cercanía de este último país con Canadá convierte el acuerdo en "una magnífica plataforma" para el acceso a este mercado.

Respecto a qué beneficios reportará la entrada en vigor del acuerdo, el ministro ha destacado que el 99% de las líneas arancelarias se eliminarán para los productos industriales, y que en todo caso se recoge protección para productos agroalimentarios "especialmente sensibles".

Según datos de la Comisión Europea expuestos este jueves por el ministro, las compañías europeas se beneficiarán de una reducción de 500 millones de euros cada año por la eliminación de aranceles.

Por otro lado, el titular de Asuntos Exteriores ha querido destacar la "mejora" que, a su juicio, se establece en el acuerdo para la resolución de conflictos entre inversores y el Estado y ha recordado que los sistemas de arbitraje se vienen incorporando en los acuerdos bilaterales de protección de inversores desde 1991 "sin que nadie dudara de su compatibilidad" con la legislación española.