Expertos jurídicos defienden que es ilegal remunicipalizar servicios públicos por "motivos ideológicos y sin justificar"

Así lo han señalado junto con los juristas José María Gimeno Feliu y Gonzalo Quintero Olivares, en la presentación de su libro 'Servicios públicos e ideología. El interés general en juego', donde los autores defienden que para modificar los contratos de las concesiones de servicios públicos "no es suficiente apelar al interés general, sino que deben existir causas justificadas, según la normativa europea, y que tampoco ampara remunicipalizaciones por motivos ideológicos".

Así lo han sostenido en la presentación en la Cámara de Comercio de España de esta obra, editada por Profit Editorial, que ofrece "claves para entender las reglas de colaboración público-privada en el ámbito español, teniendo en cuenta la regulación y jurisprudencia europea, que conlleva importantes consecuencias e implicaciones jurídicas".

Con prólogo del presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, esta obra cuestiona a su vez las remunicipalizaciones de los servicios públicos que algunos ayuntamientos están llevando a cabo "en aras del interés general", lo que bajo su punto de vista y de acuerdo con la interpretación que hacen de la norma jurídica, "debe obedecer a una causa justificada".

En este sentido, el jurista José María Gimeno Feliu ha señalado que las administraciones no pueden recuperar unilateralmente una concesión. "La decisión de volver a una gestión directa de una actividad gestionada mediante concesión deberá justificarse en la mayor calidad y eficiencia de la prestación que se reinternaliza", ha defendido, al mismo tiempo que ha pedido a los ayuntamientos que hagan unos pliegos de condiciones de contratos públicos más completos y mejores para evitar la corrupción y la falta de transparencia en este aspecto.

Para el catedrático de Derecho Penal Gonzalo Quintero esto también puede suponer que la administración que realice este tipo de actuaciones incurra en un delito y en la posible solicitud de reparación de daños y perjuicios por parte de las empresas privadas, así como "los beneficios futuros que deje de percibir".

Por su parte, el exministro de Justicia Francisco Caamaño ha resaltado los beneficios de la colaboración público-privada, como una mayor eficiencia económica, la implicación más directa del sector privado, un incremento y mejora de la cantidad y calidad de los equipamientos y servicios públicos, y una mayor capacidad de innovación.

"Sin este tipo de colaboración, ciertos proyectos de servicios públicos serían inviables debido a la limitación de déficit", ha puntualizado también Caamaño, para terminar su intervención defendiendo que es muy diferente la privatización que la colaboración público-privada, "son dos extremos distintos".

En esta misma línea el expresidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional Pascual Sala ha añadido que "no interesa tanto que la gestión del servicio público sea directa o indirecta, sino que prevalezca un nivel óptimo de gestión".

Sala, al igual que el secretario general de la Cámara de Comercio de España, Adolfo Díaz-Ambrona, ha defendido la necesidad de que las empresas adjudicatarias gocen de seguridad jurídica en este tipo de contratos, de forma que "puedan confiar plenamente en el cumplimiento de las condiciones pactadas con la administración pública".

Asimismo, el representante de la Cámara de Comercio ha puesto en valor el rol de los operados privados en la gestión de los servicios públicos, "aportación sin la cual éstos no habrían llegado al nivel actual".