Bel, que es aforado ante el Supremo dada su condición de parlamentario en el Congreso, había solicitado el retraso en su citación al coincidir la fijada a las 12.00 con la asistencia de su letrado a un juicio señalado con anterioridad, por lo que no podría acompañarle.
La inclusión de Bel en la investigación de la Fiscalía se produce junto a la del resto de alcaldes que han anunciado públicamente que colaborarán con la consulta que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional.
En un mensaje en la red social Twitter, Bel señaló expresamente: "Como alcalde de Tortosa he firmado el decreto de apoyo al referéndum del 1-O convocado por el presidente Carles Puigdemont y su Gobierno".
NO CREE QUE HAYA DELINQUIDO
En declaraciones en el Congreso , Bel manifestó este miércoles que comparecerá pero no quiso adelantar el contenido de su declaración. Días atrás, nada más conocer la citación de la Fiscalía, declaró a Europa Press exigiría al fiscal del Supremo que le explicase "en qué ha delinquido" para haber sido citado en calidad de investigado.
La citación se ha producido después de que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dictara sendos oficios en los que ordena al fiscal superior de Catalunya y al fiscal jefe de la Sala de lo Penal del Supremo convocar a los alcaldes que han anunciado su apoyo al referéndum y que son aforados, tanto por su condición de parlamentarios regionales como, en el caso de Bel, de diputado.
El resto de los oficios reproducía lo señalado el miércoles en relación con otros alcaldes no aforados, aunque en el caso de estos últimos advertía expresamente de que en el caso de que no comparezcan cuando sean citados por los fiscales territoriales se ordenaría a los Mossos que lleven a cabo su detención.
El oficio relativo a Bel no advertía de su dada su condición de aforado, ya que no se le puede obligar si no es mediante un suplicatorio a las Cortes.
Los escritos del fiscal general ses referían a la web de la AMI y al hecho de que, paralelamente, el Govern continúe con los preparativos del "referéndum ilegal".
Para Maza, la notoriedad de la prohibición de la organización del referéndum hace que cualquier conducta de las autoridades, funcionarios públicos o particulares en connivencia con los anteriores dirigida a tal fin sea indiciariamente constitutiva de "al menos" y prevaricación "en cuanto supondría la adopción de resoluciones abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico", ambos penados con multa e inhabilitación especial, y también malversación de fondos públicos.
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